El derecho a una buena administración supone un rasgo de la globalización jurídica, con incidencia también, claro, en Iberoamérica, región donde existe una Carta iberoamericana de derechos y deberes de los ciudadanos ante la administración pública, de 2013, impulsada por el CLAD como soft law que se refiere a él repetidamente, así como legislación que incluye este derecho (por ejemplo en la República Dominicana). En el ámbito europeo, éste está previsto en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Reconocido en diversos países (así, en la Constitución italiana, art. 97, […]