En el ICON-S Mundo 2021, los derechos sociales, el Estado de Derecho y el futuro de Latinoamérica fueron debatidos por algunos de los miembros de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Estado de Derecho, democracia y derechos sociales (REDESS); conformada por profesores y profesoras de todas las Américas. El momento actual no podría ser más adecuado. América Latina atraviesa un periodo muy duro en lo que se refiere a este conjunto de derechos que -ni siquiera llegó a ser una realidad en la mayoría, si no en todos – los países de la región.

Es incontestable que la idea de Estado social se encuentra en crisis, aunque se pueda debatir su concepto dentro del contexto latinoamericano. Los derechos sociales, presentes en las Constituciones de la región, sufrieron directamente los impactos de la pandemia y de las crisis económicas que suelen alcanzar a la realidad latina con más fuerza. 

Hemos visto la desigualdad multiplicarse en distintas esferas. La grieta educacional (por el cierre de escuelas para el control de los contagios), las garantías de salud reservadas a las clases superiores de la sociedad, la pérdida de millones de puestos de trabajo y el aumento exponencial de la pobreza, que ya era uno de los símbolos de América Latina. Problemas crónicos, como el hambre y la falta de los derechos más básicos, volvieron de forma contundente a la agenda pública. Esto demostró que, si antes había mucho que hacer, a partir de ahora hay más para reconstruir.

En este panorama, se rescatan los debates tanto sobre la justicia distributiva en sus distintos aspectos como la propia idea de Estado social (mencionándose incluso un nuevo modelo) y la real concreción de los derechos sociales para el cambio de realidades y la búsqueda de la igualdad material. En este sentido, pensar en la reconstrucción del tejido social latinoamericano también significa reconocer la importancia de los derechos sociales en este proceso, garantizarlos a todas y a todos, posibilitar la cohesión social y un futuro distinto de lo que las previsiones nos presentan.

Se trata de una tarea compleja ante el actual momento de América Latina. Para la pospandemia será necesario trabajar con el descontento de muchas sociedades latinoamericanas. Las protestas se volvieron cada vez más contundentes ante la omisión de los gobiernos, el desamparo de las necesidades humanas más básicas y los regímenes políticos que no reflejan la democracia. El superciclo electoral en América Latina demuestra que la ciudadanía busca un cambio, bien sea por medio del rechazo a la élite política tradicional o del propio sistema democrático, lo que vuelve la situación aún más delicada.

El caso colombiano es emblemático en este sentido. La justicia transicional iniciada hace algunos años fue muy afectada por las fuerzas políticas que se oponían a los acuerdos de paz. El proceso de transición de Colombia miraba también al cumplimiento de los estándares internacionales mínimos sobre derechos humanos. El objetivo era permitir que las víctimas fueran integralmente reparadas en sus daños de conformidad con los instrumentos internacionales. Eso daría origien a un nuevo capítulo en la historia colombiana. 

Sin embargo, la pandemia agravó una situación de fuerte descontento y polarización social que culminó en protestas masivas que fueron reprimidas violentamente por el Estado. La reforma tributaria propuesta por el gobierno de Colombia durante el periodo pandémico contenía normas que terminaban por grabar aún más a las clases media y baja. Este fue el inicio de una serie de paros nacionales que dejaron varias  víctimas de las fuerzas del Estado. Con esto, los problemas sociales de antes se suman a los políticos de ahora e integran un contexto de difícil solución.

Este cuadro de polarización y ausencia de estándares mínimos de bienestar también llevó a Chile a un cambio sin precedentes. Con una Constitución todavía vigente desde la época de la dictadura militar, la ciudadanía chilena promovió una serie de protestas en 2019 para reivindicar nueva Constitución. El  plebiscito fue votado durante el superciclo electoral latinoamericano y en plena pandemia. Por amplia mayoría (78,27% de aprobación con un 50,90% de participación del padrón electoral), Chile decidió realizar este proceso por medio de una Convención Constitucional y no una asamblea constituyente. Esta cuenta con la muy promisoria paridad de género en su composición. Se trata de una noticia muy positiva para un continente que todavía cuenta con fuerte desigualdad de género en su política institucional.

En el caso chileno se verifica una muy importante oportunidad para la concreción y reconocimiento de los derechos sociales en pos de la reconstrucción del tejido social. Se trata de  un aspecto relevante en el proceso constituyente de un país considerado un éxito de desarrollo económico, pero que ha fallado en la garantía de los derechos sociales, como el acceso a la educación y a bienes vitales como el agua. Hay muchas lecciones que se pueden aplicar para que esta nueva etapa del país sea más inclusiva y cuente con condiciones de vida más equitativas. El hecho de que la Convención Constitucional haya elegido a una mujer mapuche como su presidenta es una muestra del cambio y reitera que los pueblos originarios no pueden ser alejados de estos procesos políticos. Los instrumentos, (i.e. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) tienen que, finalmente, ser aplicados, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esa materia.

Por otro lado, no solo se abordó la concreción de los derechos sociales, sino los ataques que derechos antes considerados consolidados están sufriendo. Para este análisis, se centró en el caso brasileño. Esta ha sido muy afectado por una alta polarización, por los constantes ataques a las instituciones y al Estado de derecho. Brasil se encuentra en una situación muy delicada que resulta en una fuerte división social que actualmente bloquea el diálogo entre sus distintos grupos. Uno de los casos mencionados en el panel fue el ataque a las universidades públicas y a la libertad de cátedra por parte del gobierno brasileño y de los movimientos conservadores.

Las amenazas a la libertad académica, a la autonomía universitaria y a las propias universidades son un problema mundial que afectan directamente a uno de los derechos sociales por excelencia (educación). Gobiernos que son identificados como democracias deficientes o erosionadas (como Hungría, Turquía, Pakistán y Venezuela) tienen como blanco a dichas instituciones justamente por su poder de transformación social. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya la importancia del derecho a la educación a partir de los principios para la libertad académica y la autonomía universitaria en América Latina. En este sentido, en lugar de realizar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como determina el Pacto de San José de Costa Rica, hay un retroceso en estos temas.n lo que se refiere a la educación, esto ocurre debido a las políticas de recortes de recursos y de disminución del volumen de instituciones y de funcionarios públicos. Las universidades públicas se ven reducidas, afectadas por la falta de condiciones económicas para su mantenimiento y el desarrollo de investigaciones, así como persecuciones a profesores por razones ideológicas y políticas.

Brasil sigue el mismo camino. En los últimos tiempos, se verifica una serie de amenazas en contra de las universidades públicas promocionadas por el actual gobierno. El fuerte recorte de los recursos reduce la oferta universitaria de becas y de condiciones de mantenimiento de las instituciones.as interferencias en el nombramiento de rectores elegidos por la comunidad universitaria y la propia vigilancia ideológica que ocurre en diversas universidades con el fin de exponer a docentes. Han ocurrido episodios de violencia psicológica y física, persecución pública de profesores por las instituciones del Estado y presentación de demandas judiciales en contra de críticos del gobierno. Dichas intervenciones, sin embargo, no fueron consideradas como un acto que afecte a la autonomía universitaria por el Supremo Tribunal Federal (Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF, en portugués) n° 759).

Más allá de los ataques a la educación, el gobierno brasileño también promueve otras amenazas que alcanzan directamente a los derechos sociales. Estos son concretados por medio de políticas públicas. En este sentido, bajo el argumento de la falta de recursos económicos, el gobierno brasileño determinó la cancelación de la realización del censo 2021. Eso genera la falta de datos socioeconómicos necesarios y actualizados para la elaboración de las políticas de atención a la sociedad en general. El último censo fue realizado en 2011.

Ante esta decisión, el Supremo Tribunal Federal se manifestó nuevamente en la Acción Civil Originaria (ACO) n° 3508. Allí determinó la realización del censo por el gobierno que debería indicar la previsión presupuestaria para ello. En este momento, se espera la organización del censo, prevista para 2022.

Ante estos análisis, parece que la actual situación de América Latina refleja el bajo nivel de efectividad  de los derechos sociales y la poca promoción de los derechos más básicos por parte de los gobiernos; algo que solo se agravó con la pandemia. Dicha postura de los países, sin embargo, terminó por hacer coro a los cambios de postura por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. hace algunos, ese tribunal inauguró una serie jurisprudencial sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y abordó casos sobre el derecho a la educación y a la salud. Con base en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunque sea un tema polémico incluso entre los miembros de la Corte, el hecho es que se consideró en el panel que no se trata de activismo judicial, sino que la Corte decidió aplicar efectivamente la indivisibilidad de los derechos humanos, a partir de la verificación del cumplimiento del artículo 26 sobre la progresividad de los DESCA. Se trata de una norma sobre laque los países se pusieron de acuerdo en el momento de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Quizás, ante tantas evidencias de la omisión de los gobiernos y del aumento de los problemas sociales causados por la pandemia, el futuro de América Latina esté enfocado en la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo es que las futuras generaciones puedan efectivamente vislumbrar un horizonte más inclusivo, más equitativo y más humano.

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