Entre los muchos e importantes temas que incluye la Reforma Electoral recientemente presentada por la Presidencia de la República en México, me gustaría compartir algunas reflexiones iniciales sobre uno que ha acaparado menos reflectores nacionales, pero que tiene relevancia global: el uso de la inteligencia artificial (IA) en el contexto electoral.
Si bien el futuro de la propuesta de reforma constitucional permanece incierto, la inclusión del tema en una iniciativa presidencial demuestra que la regulación de la IA se vuelve cada vez más una prioridad política en México. Asimismo, aun cuando la reforma constitucional naufragase, el Gobierno Federal puede (y probablemente lo hará) introducir varios de los cambios propuestos, incluido el relativo a la IA, mediante reformas legales sin modificar la Constitución. Esto significa que el tema permanecerá en la agenda legislativa, sumándose a diversos proyectos de ley presentados por distintos partidos desde 2023.
¿Qué dice la reforma y por qué es un tema relevante?
En concreto, la reforma constitucional se enfoca en el etiquetado de contenidos electorales generados por IA, obligando a quien emite el contenido a identificarlo como tal. Los concesionarios de radio y televisión, así como las plataformas digitales, también deberán identificar dicho contenido y evitar su difusión cuando no cuente con el etiquetado correspondiente.
Este es un tema que ha cobrado relevancia mundial debido a la creciente preocupación de los gobiernos por preservar la integridad de la vida democrática frente a campañas de desinformación y manipulación, particularmente durante periodos electorales. De Estados Unidos a India, pasando por Rumanía, Alemania, Reino Unido y Nigeria, el uso de contenido creado o manipulado mediante IA (como las famosas deepfakes) se ha convertido en un desafío para la integridad de las elecciones y la deliberación democrática.
¿Va México por el camino correcto con esta propuesta?
Al tratarse de una reforma constitucional, los detalles del cambio propuesto no son aún claros y deberán desarrollarse a nivel legal. No obstante, vale la pena destacar al menos tres aspectos:
- Complejidad en la asignación de responsabilidades. Las cadenas de suministro para el desarrollo de modelos y sistemas de IA son complejas. Términos como “emisor” o “plataforma digital” deberán definirse con precisión para evitar imponer obligaciones legales a actores que no tienen forma de cumplirlas. Por ejemplo, los modelos de IA generativa pueden ser desarrollados por una empresa y posteriormente desplegados en el mercado por otra. En ese caso, la responsabilidad de etiquetar el contenido no debería recaer en el proveedor que no controla el sistema.
- Factibilidad técnica. La implementación de una obligación de este tipo presenta importantes desafíos técnicos. Las tecnologías de etiquetado aún están en una etapa temprana de desarrollo y ninguna técnica actual es completamente fiable. Un tercero podría eliminar el etiquetado y presentar el contenido como genuino. Estas complejidades han llevado a que la Unión Europea, por ejemplo, considere retrasar la entrada en vigor de obligaciones similares.
- Proporcionalidad y derechos. Si bien preservar la integridad de los procesos democráticos es un interés legítimo, la medida debe ser también necesaria y proporcional. ¿Hasta qué punto un artículo periodístico o un mensaje de texto editado con herramientas basadas en IA, o un video con subtítulos para personas con discapacidad auditiva, debería ser etiquetado? La experiencia internacional como la Regulación de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea y los principios de la OCDE, sugiere que modelos regulatorios basados en riesgo y esquemas de co-regulación pueden ser útiles, aunque también han generado cierta incertidumbre jurídica que puede afectar el desarrollo de nuevos servicios.
La regulación de la IA más allá del ámbito electoral
Mientras México debate el uso de la IA en el contexto electoral, es importante mantener una visión más amplia sobre el contexto nacional e internacional. Cualquier paso hacia su regulación debe basarse en diagnósticos completos que reflejen adecuadamente la realidad del país y su posición en el mundo.
Primero, la forma de regular y la gobernanza son fundamentales. Las tecnologías digitales y la IA se han convertido en herramientas transversales con aplicaciones e impactos en múltiples sectores. Esta reforma es un ejemplo de ello. Aunque de corte electoral, es probable que tenga implicaciones en materia de protección de datos y de derechos de autor. Por ello, es necesario mantener la legislación armonizada, estudiar con detenimiento el impacto de la IA en cada sector y garantizar la coordinación entre los distintos reguladores.
Segundo, los impactos sociales de la IA deben ocupar un lugar central en el debate. Como ocurre con cualquier desarrollo tecnológico, aún existen muchas incógnitas. Aunque la incertidumbre no debe ser excusa para la inacción, el marco regulatorio mexicano debe reflejar con claridad los riesgos que busca mitigar —por ejemplo, la vulneración de derechos, el desencanto con la democracia o los riesgos de ciberseguridad—, así como las oportunidades que pueden aprovecharse, como el aumento de la productividad, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento de las habilidades digitales.
Tercero, nos encontramos ante la formación de un nuevo orden global en el que el desarrollo de las capacidades tecnológicas y la regulación de la IA son una cuestión estratégica. Como lo demuestra la reciente Declaración (apoyada por México) de la Cumbre del Impacto de la IA celebrada en India, el debate global sobre la regulación de esta tecnología ha evolucionado: ya no se centra únicamente en la seguridad y la privacidad, sino también en su papel en el desarrollo social y económico y en la democratización del acceso a los recursos tecnológicos. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y fenómenos como la relocalización estratégica de la cadena de suministro (conocida como nearshoring) subrayan la importancia de una mayor integración internacional en materia regulatoria, sin dejar de considerar la creciente volatilidad geopolítica y la necesidad de generar capacidades tecnológicas propias.
La reforma electoral plantea interrogantes importantes para el país y podría impulsar el debate sobre la regulación de la IA en México. Aunque el tema aparece de forma acotada en la reforma, puede tener implicaciones relevantes en el desarrollo de las leyes secundarias. México tiene la oportunidad de consolidarse como un referente regional en materia regulatoria con una propuesta efectiva y proporcional. Para ello, será fundamental enmarcar la discusión en un diagnóstico sólido y entender el contexto nacional e internacional actual.
Nota: El presente artículo es una opinión personal y no representa la postura de ninguna institución.
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como consultor en materia de regulación digital
- José Ignacio Michaus Fernández
