Finanzas abiertas: un derecho secuestrado por la burocracia

Colombia ha sido siempre un país marcado por el atraso frente a las dinámicas gubernamentales en todo el mundo. Parecemos el hijo menor en una familia numerosa: siempre los últimos en estrenar. Este fenómeno se le puede atribuir a diversas causas que no van a ser objeto de esta columna, pero que quiero dejar en entredicho para entender a plenitud la evolución tan lenta que vive el sistema financiero colombiano, que la mayoría de las personas solemos ignorar, dando por sentado su funcionamiento y resignados a que «no hay nada que hacer».

Aunque no lo crean, nos encontramos en un proceso de transición que busca pasar del uso y manejo arcaico de la información hacia el modelo de open finance o finanzas abiertas, ya adoptado en países como el Reino Unido y, de manera ejemplar, en Brasil.

Pero ¿de qué hablamos cuando decimos open finance? Según el proyecto de decreto de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), se trata del conjunto de normas, estándares, infraestructuras y participantes que interactúan para permitir el acceso y suministro estandarizado de datos entre entidades —vigiladas o no por la Superintendencia Financiera—, con el fin de que terceros receptores ofrezcan directamente soluciones financieras al titular. En términos simples: que usted, como usuario, pueda decidir con quién comparte su historial financiero y que esa información trabaje a su favor, no al del banco que la lleva guardando hace décadas. Entender esta definición es clave, porque todo el laberinto normativo que viene a continuación —decretos, circulares, plazos incumplidos— gira alrededor de una sola pregunta: ¿de quién son realmente los datos?

Esta definición muestra que esta evolución no viene dada por sí sola, sino que es producto de una evolución tecnológica que nos permite pensar en un modelo de esta magnitud, impensable hace 20 años. A la tecnología se suma la discusión sobre los derechos de las personas a la protección de sus datos —habeas data—. Partiendo de estos dos puntos, vemos que el problema no es la idea, porque ya existe, sino el plan o la hoja de ruta para llevarla a cabo.

Jurídicamente, Colombia transita de un modelo de voluntariedad, nacido con el Decreto 1297 de 2022, hacia uno de obligatoriedad consolidado en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023). Tras dieciséis años de un andamiaje normativo que inició con la protección de datos (Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012), la Circular Externa 004 de 2024 estableció los estándares técnicos de interoperabilidad y seguridad, sentando las bases para el paso decisivo: la aprobación, por parte del Consejo Directivo de la URF, del proyecto de decreto que materializa el esquema obligatorio. Esta norma no solo reglamenta el intercambio de datos, sino que amplía el ecosistema al incluir a terceros receptores de información, buscando una simetría que fomente la competencia y la inclusión financiera.

Sin embargo, el reciente «frenazo» de la Circular 001 de 2026 de la Superfinanciera revela nuestra cruda realidad: se otorgó un plazo de 30 meses para cumplir con la arquitectura técnica, postergando la ejecución plena hasta finales de la década. Estamos en un limbo de «transición perpetua». Seguimos atrapados en memorias justificativas y decretos que modifican lo ya modificado. Un círculo que no cierra.

¿Por qué nos toma casi dos décadas pasar del papel a la práctica? La falta de una voluntad política y técnica decidida nos mantiene como espectadores del progreso ajeno. La transformación no llegará por inercia reglamentaria; requiere que como ciudadanos entendamos que el open finance es un derecho al empoderamiento de nuestra información. Debemos exigir el fin de este letargo burocrático y presionar para que se concluya lo iniciado en 2008: que el dueño del dato sea, de una vez por todas, el consumidor y no la entidad bancaria.

Existen iniciativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo promesas a medio camino por la desconexión entre la norma y la realidad técnica. Un ejemplo flagrante es la reforma al Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1000). El artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 ordenó transitar de una exención ligada a una «cuenta única» hacia un tope global de 350 UVT por persona, sin importar la entidad. No obstante, el parágrafo transitorio condicionó este beneficio a un sistema de información compartido que las entidades debían desarrollar en dos años. A pesar de ser una pieza clave para la movilidad de fondos en el open finance, su implementación total sigue en deuda, manteniendo al usuario atado a la burocracia de «marcar» una cuenta.

Distinto es el caso de Bre-B, el Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República. Su mérito real está en haber creado un canal de interoperabilidad transaccional que antes no existía, y en eso es un avance genuino. Sin embargo, se limita a la eficiencia de la operación y la estadística, cuando el modelo que necesitamos debe permitir que la información fluya para construir perfiles crediticios reales, no solo para facilitar el recaudo. Son pasos necesarios, pero aún distantes de la revolución financiera que Colombia merece.

Para cerrar esta reflexión, es imperativo reconocer que el sistema tradicional colombiano, caracterizado por la monopolización de datos recolectados durante décadas, ha impedido la estandarización y el despliegue total de las Fintech. Como bien afirma Abdul Assal, director en Galileo Financial Technologies, la evolución hacia esta fase de inclusión no es solo tener una cuenta, sino acceder a servicios de mayor valor agregado mediante el uso seguro y estandarizado de la información.

El contraste con Brasil es demoledor y pedagógico. Mientras nosotros acumulamos años en una construcción consensuada que parece no terminar, Brasil implementó un modelo obligatorio. Aquí subyace una verdad lógica irrebatible: si la voluntad política de los reguladores colombianos estuviera realmente orientada al bienestar del consumidor, ya se habrían desmantelado los privilegios de los feudos informativos; sin embargo, la persistencia de estos monopolios y la exclusión de millones de usuarios demuestran que tales privilegios siguen intactos. Eso nos conduce a una amarga conclusión: no existe una verdadera voluntad política en la regulación actual. Los números del país vecino hablan por sí solos: para 2023, más de 146 millones de personas utilizaban sistemas como Pix, generando ahorros multimillonarios en comisiones que en Colombia siguen siendo capturados por el sistema tradicional.

¿Es la solución obligar a los entes a cooperar o esperar una voluntad que nunca llega? La respuesta es clara: si el desarrollo financiero depende de la libre circulación de datos, la obligatoriedad no es una opción, sino un imperativo. No podemos permitir que el ciudadano de a pie siga siendo una cifra en los balances de un sistema que se alimenta de su información sin retribuirle nada.

El llamado es a reclamar nuestro lugar como dueños de nuestra propia información financiera. Solo mediante una participación y una exigencia regulatoria sin concesiones dejaremos de ser productos del sistema para convertirnos en arquitectos de un país más justo. Una Colombia que, si no la construimos hoy, le cobraremos cara a quienes vengan después.