Si algo ha puesto de manifiesto el debate parlamentario en torno a la proposición de ley para regular la eutanasia en España es la sempiterna dificultad de buena parte de la derecha para apreciar hitos recientes en la protección y promoción de derechos fundamentales. Ya ocurrió, en 1985, con la aprobación de la ley que despenalizó la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de riesgo para la salud física o mental de la madre, enfermedad seria del feto o violación. AP recurrió el texto y el Tribunal Constitucional validó sustancialmente la despenalización. Sucedió, en 2005, con la aprobación de la ley por la que se modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, que fue desestimado. Aconteció, en 2010, con la ley de plazos vigente, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Increíblemente aún está pendiente de resolución el recurso planteado por el PP ante el Tribunal Constitucional.

Y, en fin, se ha vuelvo a evidenciar estos días al hilo de la eutanasia. La mayoría parlamentaria pretende regular el derecho a recibir ayuda a morir a adultos con enfermedades incurables o graves con sufrimiento intolerables. Un derecho ligado, pues, a la dignidad de la persona, a la autonomía del paciente y, por ende, a su integridad física y moral. Se legisla para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de discapacidad grave y crónica, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado. Con ese fin, se despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole.

En todo caso, la ley contemplará, con buen criterio, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. La eutanasia se concibe como un derecho de prestación, cuyo ejercicio por parte de su titular reclama una actuación del poder público consistente en organizar una prestación sanitaria de servicio público que cubre una necesidad esencial como es el buen morir. Pero como puede suscitarse en el médico un conflicto de conciencia serio, se prevé la objeción o excepción de legalidad. Así pues, cuidadosa ponderación de los distintos derechos, bienes y valores en juego. De un lado, la autonomía del paciente y su integridad física y moral; de otro, la libertad de conciencia del médico.

En el debate parlamentario, la derecha ha acusado al gobierno de impulsar la eutanasia con el objetivo de ahorrar costes con personas que son muy caras al final de su vida. Detrás hay una filosofía para evitar el coste social del envejecimiento en nuestro país. La eutanasia propicia que la vida de los ancianos esté al albur de las familias, como ya sucede en otros países del norte de Europa, donde hay ancianos que tienen miedo a que acaben con ellos a partir de cierta edad. La eutanasia, se ha dicho, lanza un mensaje de desesperanza y muerte.

Al hilo de la controversia clásica sobre el alcance del principio de laicidad o aconfesionalidad estatal, el prestigioso filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas ha subrayado la legitimidad de las confesiones religiosas para participar en la esfera pública y posicionarse respecto a asuntos políticos si, y solo si, están preparadas para ofrecer, además, argumentos seculares, universales y racionales, que justifiquen esas tomas de postura. Es decir, argumentos fundados en los principios éticos compartidos en un entorno democrático. Las sociedades post-seculares no pueden prescindir de la sabiduría moral que se desprende de las tradiciones religiosas. Las iglesias y los creyentes tienen el derecho a expresarse públicamente, pero dentro de los límites de la plaza pública, del marco constitucional. En un Estado plural y democrático, es exigible el uso público de la razón humana común y un esfuerzo de, por así decir, traducción de los argumentos religiosos.

Mutatis mutandis he recordado a Habermas con ocasión de la postura de la derecha española en torno a la eutanasia. Una postura infundada y grosera, carente de racionalidad democrática. Es legítimo oponerse a la tramitación de una ley que se considera perniciosa, pero no faltando a las reglas más elementales de la persuasión en democracia. El lenguaje de la derecha en este tema no es públicamente accesible ni aceptable. Descortesía pura y dura. Un completo desafuero.

Aunque, pensándolo bien, es prudente juzgar más por hechos que por palabras. La derecha se opuso con obstinación a la despenalización del aborto o al matrimonio homosexual, si bien luego, aun con mayoría absoluta, no se atrevió a revertir el avance legal. Algo es algo; menos es nada.

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