En noviembre de 2019, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) publicó los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 en relación con la población afrodescendiente. De acuerdo con estos resultados, la población contabilizada como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (en adelante, población afrodescendiente) disminuyó un 30.8% en comparación con el ejercicio censal anterior, ocurrido en el año 2005. Mientras que, en 2005, 4’311.757 personas se autorreconocieron como afrodescendientes, en el año 2018 solo 2’982.224 personas habrían declarado ser pertenecientes a este grupo étnico-racial.

De acuerdo con el DANE, la disminución en el número de personas contabilizadas como afrodescendientes habría sido el resultado de dificultades relacionadas con el desarrollo del censo, incluyendo el incumplimiento de las visitas censales a las viviendas de familias afrodescendientes; la omisión de los censistas en formular la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial, lo que dio paso a que personas pertenecientes a este grupo fueran registradas como pertenecientes a “ningún grupo étnico”; problemas de acceso de los censistas a zonas donde habitan comunidades afrodescendientes debido a problemas de seguridad o negativa de miembros de las comunidades a ser censados; dificultades en la capacitación y contratación de personal afrodescendiente para la realización del censo; falta de autorreconocimiento étnico-racial de las personas afrodescendientes, entre otras.

Si bien los censos son operaciones masivas que involucran un despliegue significativo de recursos estatales y capacidades logísticas, que por su propia envergadura difícilmente están exentos de complicaciones, los resultados del censo 2018 invisibilizan a un porcentaje significativo de la población afrodescendiente en Colombia. Esta situación es grave no solo por la ausencia misma de datos confiables sobre la composición étnico-racial de la población del país, sino porque los datos producidos por los censos se utilizan para la formulación de todo tipo de políticas públicas a nivel local y nacional. Adicionalmente, la ausencia de datos que muestren la composición real de la población en términos étnico-raciales contribuye a reproducir un imaginario, tanto doméstico como a nivel externo, que minimiza el rol de la población afrodescendiente dentro de la nación, lo que a su vez alimenta narrativas que diluyen los aportes de este grupo poblacional al desarrollo del país.

Por demás, el problema de invisibilidad estadística reflejado en el censo 2018 no solo ha sido repetitivo en los ejercicios censales, sino que también se presenta en otras áreas, como las bases de datos administrativas, de salud, educativas y judiciales. En cuanto a lo primero, en el censo de 1993, menos del 2% de la población nacional se habría autorreconocido como parte de un grupo étnico afrodescendiente, cuando se utilizaron características territoriales y culturales para definir la pertenencia a este segmento poblacional, lo que contribuyó a su invisibilidad en este periodo. Igualmente, solo 4 de 11 censos nacionales producidos en Colombia entre 1905 y 2005 incluyeron preguntas orientadas a contabilizar a la población negra del país. Esto permite ver que la ausencia de visibilidad estadística de los afrodescendientes en los censos de Colombia ha sido recurrente.

En cuanto a lo segundo, la ausencia de datos desagregados en términos étnico-raciales no es exclusiva de los censos. Se presenta también en bases de datos estatales de diversa índole. Esto significa que el país no tiene certeza de la composición étnico-racial de escuelas, colegios y universidades; ni tampoco datos confiables sobre mortalidad y morbilidad desagregados por identidad étnico-racial (lo que especialmente problemático en contextos como el de la pandemia de COVID-19); ni menos sobre la composición étnico-racial de la población de personas privadas de la libertad o sobre los usuarios de la administración de justicia. La ausencia de datos impide evidenciar potenciales patrones de discriminación racial en todos estos sectores, pese a que experiencias comparadas, instrumentos cualitativos y datos preliminares permiten sugerir la existencia de situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión estructural que afectan a las poblaciones negras e indígenas.

La invisibilidad estadística de grupos sociales excluidos es un asunto con relevancia constitucional. Específicamente, en el caso de la población afrodescendiente, la ausencia de información estadística no solo compromete el derecho a la igualdad, al limitar la posibilidad de crear políticas públicas focalizadas y efectivas para combatir la inequidad y exclusión social que afecta a esta población, sino que también contraría otros mandatos constitucionales incorporados en la Carta Política de 1991, como el principio de protección a la diversidad étnica y cultural de la nación, y el derecho a la información.

En relación con otros grupos, las autoridades judiciales nacionales ya han reconocido que la falta de visibilidad estadística de grupos sociales vulnerables puede comprometer derechos fundamentales. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal en la sentencia STP 2028-2018. En este fallo, la Corte resolvió una impugnación dentro de un proceso de acción de tutela iniciado por un grupo de asociaciones campesinas contra el DANE, debido a que se omitieron preguntas en el censo nacional de 2018 destinadas a contabilizar a este grupo poblacional. La Corte llamó la atención al DANE y otras entidades gubernamentales, y les solicitó precisar aspectos relacionados con el concepto de campesino y contabilizar a dicha población, para de esta forma garantizar su derecho a la igualdad.

Resolver el problema de la invisibilidad estadística afrodescendiente no es tarea fácil puesto que precisa un entendimiento profundo de sus causas, así como abordar asuntos social y políticamente complejos, como quiénes son los afrodescendientes en términos identitarios y cuál es la mejor manera para recolectar información estadística en relación con estos. No obstante, el costo de no abordar la complejidad de estos problemas puede ser bastante elevado para el país y estos grupos, puesto que, si entendiéramos la discriminación e inequidad étnico-racial como una enfermedad, la visibilidad estadística de estas poblaciones equivaldría al diagnóstico. No se puede encontrar la cura, si no se diagnostica la enfermedad.

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Abogado de la Universidad EAFIT; LL. M. con especializaciones en estudios críticos raciales y derecho y sexualidad de la Universidad de California-Los Ángeles; SJD de la Universidad de Fordham. Ex becario Fulbright y Soros Equality Fellow 2020-2022. Profesor de derecho de la Universidad del Norte y miembro fundador de ILEX-Acción Jurídica. danielmazo@uninorte.edu.co

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