Una buena parte de la discusión política en México se centra en la labor de los organismos autónomos que regulan distintos sectores y actividades. 

Como ejemplo más próximo de lo aquí señalado, la reciente iniciativa de reforma energética del presidente López Obrador propone eliminar la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que sus funciones pasen a ser competencia de la Secretaría de Energía. Un portazo al modelo regulatorio que se ha seguido en los últimos años y una vuelta al pasado, con todas las consecuencias que una decisión así conllevaría.

En el mismo sentido, es pública y notoria la crítica de muchos funcionarios del gobierno federal al Instituto Nacional Electoral (INE) o a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y esta crítica se da precisamente porque se desconocen las labores de estas instituciones, las consecuencias de sus decisiones y, de igual manera, porque la actuación de algunos funcionarios de esas instituciones no siempre son óptimas. Sin embargo, ni la idealización de esos organismos ni su satanización pueden ser la respuesta de un gobierno que necesita que los sectores y las actividades sobre las que influyen las decisiones de estos organismos puedan funcionar en beneficio de la ciudadanía.

Nos hemos propuesto analizar qué hacen y qué deciden distintos organismos autónomos y reguladores mexicanos; cuáles son sus resoluciones importantes, cómo trabajan, qué modelo siguen, qué críticas reciben y cómo pueden mejorar su funcionamiento.

Abrimos este espacio con tres colaboraciones que abordan críticas al modelo que se ha configurado en México para dotar de autonomía y facultades a los organismos autónomos, que son apenas un brochazo para adentrarse en cuestiones regulatorias, que terminan siendo un eje importantísimo y que están experimentando cambios constitucionales trascendentales en nuestros días. 

La primera colaboración (26 de octubre) corresponde a Rodrigo Camarena, quien explica qué son los órganos constitucionales autónomos y cómo funcionan en el sistema mexicano. Principalmente hace hincapié en la relación dialógica que existe entre el diseño formal de estos órganos y la separación de poderes, con el hiperpresidencialismo mexicano como telón de fondo de la discusión sobre la eficacia de dichos órganos. 

La segunda contribución (28 de octubre)  pertenece a María José Contreras. Este artículo muestra dos casos emblemáticos resueltos por la COFECE y los obstáculos que ésta institución encuentra en el desarrollo de su actividad, mucho más evidente cuando ejerce sus facultades en un sector tan poco transparente como es el financiero.

Por último, mi colaboración (29 de octubre)  pone en entredicho la visión del poder judicial (principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) en relación con las funciones que desempeña o puede desempeñar un organismo de este tipo. 

Este simposio es un primer esfuerzo por abordar el estudio de distintos organismos autónomos y reguladores en este espacio. No todos funcionan igual, no todos sus funcionarios son nombrados de la misma manera y sus competencias son variadas, pero todos ellos son un intento del Estado mexicano por lograr que los sectores y actividades que regulan funcionen democráticamente. Exactamente el éxito en esa encomienda debe ser el eje a partir del cual se les mire, conociéndolos, analizando sus decisiones y las consecuencias de las mismas. Solo así podrá justificarse su eliminación, mantenimiento o reforma.


Cita recomendada:

Juan Manuel Mecinas, «Introducción al Simposio “Organismos reguladores y organismos constitucionales autónomos”: Sobre los organismos autónomos y reguladores» IberICONnect, 25 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2021/10/introduccion-al-simposio-organismos-reguladores-y-organismos-constitucionales-autonomos-sobre-los-organismos-autonomos-y-reguladores/

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