Ciudadanía, democracia y pueblo gitano: Propuesta de Ley Orgánica Estatuto Cultural del Pueblo Gitano

La democracia si no es inclusiva no es democracia. No se trata sólo de no discriminación, sino de asegurar la participación de todos a todos los niveles. De hecho, este es uno de los objetivos de la igualdad material garantizada en el artículo 9.2 de la Constitución española. En este mandato, la Constitución insta a todos los poderes públicos a garantizar la igualdad material, “removiendo obstáculos” si fuera necesario para asegurarla. Aunque no son exactamente el mismo concepto, el derecho a no ser discriminado del artículo 14 de la Constitución, la igualdad material del artículo 9.2 y la inclusividad comparten un objetivo común: asegurar la participación de todos y todas, a todos los niveles. Que todos nos sintamos ciudadanos de primera.

A ello debe añadirse una “una lectura democrática de la Cuestión Gitana”. Lo que requiere, tal y como señala Fernando Rey Martínez, un reconocimiento del pueblo gitano que sea parte fundamental de los valores democráticos (Rey Martínez, 2025).

Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas exigen este compromiso con la inclusividad, vinculándolo también con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. En el marco de la UE, destaca la Estrategia para la Igualdad de las Personas Gitanas 2020-2030, basada en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que remarca el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación como valores fundamentales. El artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por motivos étnicos o de origen cultural. Y en el contexto de las Naciones Unidas, se ha insistido en la necesidad de inclusividad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abogan por reducir las desigualdades dentro y entre los países (ODS 10); y el ODS 16 promueve instituciones inclusivas y responsables. 

Asimismo, la Unión Europea y las Naciones Unidas destacan que es imprescindible garantizar y hacer efectiva la participación de todos los grupos en los procesos electorales. De hecho, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. Los comentarios de las Naciones Unidas denuncian que la ausencia de diversidad en cargos públicos y espacios de poder no solo perpetúa la exclusión, sino que también compromete la legitimidad y efectividad de las decisiones políticas (Thornberry, P., 2016).

También, el Consejo de Europa, a través de su Comité Europeo de Derechos Sociales, ha subrayado la importancia de proteger los derechos de las minorías, incluyendo al pueblo gitano, dentro del marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, su Estrategia para la Inclusión de los Gitanos 2020-2030 establece medidas específicas para abordar la discriminación estructural y promover su integración efectiva en todos los niveles de la sociedad.

Sin lugar a duda, la inclusividad es imprescindible para una democracia sólida y equitativa. Esta garantiza que todas las voces sean escuchadas y respetadas en la toma de decisiones. Una democracia inclusiva no solo promueve la igualdad y la justicia social, sino que enriquece el debate público gracias a la riqueza que supone contar con perspectivas diversas. Con ello, se fortalecen las políticas públicas y, sobre todo, la cohesión social.

Aunque el pueblo gitano ha contribuido a la construcción de nuestras sociedades, siguen existiendo discriminaciones estructurales que se perpetúan en el tiempo y que afectan no solo al derecho a no ser discriminado, sino también al acceso en condiciones de igualdad a derechos básicos como la educación, el trabajo, la salud y la vivienda digna (Matache, M., y Bhabha, J., 2021).

Un enfoque asistencialista, aunque bien intencionado, no es ni suficiente ni eficiente. Es necesaria la implicación de todos y todas, incluido el pueblo gitano. Tal y como Amara Montoya Gabarri destaca en su texto «Hacia un reconocimiento sin asistencialismo»: la construcción de políticas públicas debe estar basada en la igualdad real y debe fomentarse la autonomía y la participación activa de las comunidades gitanas (Montoya Gabarri, 2025).

La propuesta de Ley Orgánica de Estatuto del Pueblo Gitano en España aborda estos desafíos de manera integral. Un marco legislativo como el que se propone ayudará a consolidar la democracia y a garantizar los derechos culturales de la comunidad gitana (Cabero Morán, 2025).

En efecto, tal y como apunta Soraya Giménez Clavería en su artículo «Somos la generación de la democracia; Defendamos nuestros derechos y libertades», la importancia de una participación activa y consciente es la forma más eficaz de garantizar que los valores democráticos se mantengan y se refuercen (Giménez Clavería, 2025). Y es que, en una democracia, la inclusividad es esencial.

Cita recomendada: Mar Aguilera Vaqués, «Ciudadanía, democracia y pueblo gitano: Propuesta de Ley Orgánica Estatuto Cultural del Pueblo Gitano», IberICONnect, 6 de febrero de 2025. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2025/02/ciudadania-democracia-y-pueblo-gitano-propuesta-de-ley-organica-estatuto-cultural-del-pueblo-gitano/