Para presentar novedades relevantes para nuestro reportaje quincenal, por favor envíe un correo electrónico a actualidad@ibericonnect.blog


¿Qué está pasando en las cortes y tribunales constitucionales?

  1. El Pleno del Tribunal Constitucional español, estima el recurso de amparo del sindicato USO contra la resolución del Ministerio de Transportes de servicios mínimos, por vulneración del derecho fundamental a la huelga del personal de asistencia en tierra de la compañía Ryanair. El Alto Tribunal sostiene que el alcance subjetivo (trabajadores implicados) de los servicios mínimos se lleva a cabo en la resolución sirviéndose de fórmulas indeterminadas, faltas de concreción y objetivación, que no circunscriben el ámbito de actuación posterior del empresario a la complementación técnica o funcional que la doctrina constitucional ha considerado admisible delegar en aquél, sino que habilitan un grado de discrecionalidad en esa actuación que supone, en la práctica, un apoderamiento a la parte empresarial en el conflicto laboral que menoscaba el elemento de imparcialidad que es exigible en la determinación de los servicios mínimos. La sentencia cuenta con voto particular.
  2. El Pleno del Tribunal Constitucional español por unanimidad, ha declarado en dos sentencias (referidas al recurso de amparo núm. 7762-2024 y al recurso de amparo núm. 8514-2024) pérdida sobrevenida de objeto, tras el pronunciamiento de la STC 67/2026, de 6 de octubre, que estimó el recurso de amparo interpuesto por Dolors Bassa contra las mismas resoluciones judiciales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó el auto núm. 21461/2026, de 19 de octubre, en el que, apreciando identidad en su situación jurídica, acordó extender los efectos de la STC 67/2026 al resto de los condenados afectados por la misma ejecutoria, declarando extinguida su responsabilidad criminal con archivo definitivo de la ejecutoria.
  3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció sobre discapacidad y derecho a la educación: vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. La actora, en representación de su hija menor titular de un certificado de discapacidad, promovió acción de amparo a fin de que se ordene el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva y se disponga la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual que garantice su trayectoria educativa completa, según la normativa vigente. El superior tribunal provincial rechazó esta acción con fundamento en que se encontraba en trámite un procedimiento administrativo en el que también se estaba examinando la cuestión debatida. La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerar que había realizado un examen fragmentario de las disposiciones aplicables al caso y apoyado la decisión en afirmaciones dogmáticas que le daban un fundamento solo aparente. Recordó que la admisibilidad de la acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y que la existencia de otras vías procesales que obstan a su procedencia no puede formularse en abstracto, sino que depende de la situación concreta a examinar. Señaló que la sentencia apelada no brindaba razones para comprobar la existencia de esas otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegaban como lesionados. Afirmó que el superior tribunal de la causa se había limitado a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya habían dejado asentado que se habían realizado todas las intervenciones presentando las distintas propuestas que el sistema educativo poseía en la zona. Entendió así el Tribunal que esta última afirmación, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que dicho procedimiento se encontraba concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto. Los jueces intervinientes, entonces, tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción.
  4. La Corte Constitucional colombiana protegió los derechos de una gestora social (esposa de un alcalde municipal) a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar. La mujer presentó una tutela contra un creador de contenido digital por varias publicaciones realizadas en Facebook que, entre otros asuntos, hacían referencia a su cuerpo, apariencia física, presuntas cirugías estéticas, vida privada, así como al rol que, según el autor de los contenidos, debía desempeñar como mujer y, adicionalmente, a las labores con trascendencia pública que ejerce. La Corte diferenció entre las publicaciones relacionadas con la gestión pública de la accionante y aquellas que se referían a su cuerpo, apariencia e intimidad. Señaló que, debido a su visibilidad pública como gestora social, las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión y la participación política. Por otra parte, consideró que las otras publicaciones constituyeron violencia de género digital porque sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban a la accionante con fundamento en estereotipos de género. La Corte ordenó retirar este contenido de las cuentas de Facebook.
  5. La Corte Constitucional colombiana protegió el derecho al cuidado, como derecho fundamental autónomo. El pronunciamiento se produjo en el marco del caso de Carmen, una docente de un colegio rural que solicitó su traslado extraordinario al municipio donde vive su madre, Amparo, una persona mayor con alzhéimer en estado avanzado y con elevadas necesidades de cuidado. La Secretaría de Educación Departamental le negó el traslado en varias ocasiones porque Carmen no acreditó ser la cuidadora principal y porque su madre convivía con otros familiares.
  6. Durante la revisión, la propia entidad concedió el traslado por razones humanitarias, de salud y de unidad familiar, por lo que la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante, profirió un pronunciamiento de fondo porque el caso permitía fijar reglas para asuntos futuros sobre el derecho a cuidar y la protección de las personas mayores. La Corte afirmó que en estos casos lo determinante no es la convivencia ni la disponibilidad absoluta, sino la materialidad del cuidado, es decir, quién asume de manera real y sostenida el acompañamiento, el sostenimiento económico, la gestión médica y el soporte emocional de la persona que recibe los cuidados. Por ello, ninguna entidad puede exigir la condición de cuidador exclusivo como requisito para un traslado ni presumir que la presencia de otros adultos en el hogar desvirtúa la calidad de cuidador de quien solicita el traslado.
  7. La Corte Constitucional del Ecuador declaró la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 159 y numeral 4 del artículo 153 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La accionante alegó que estas disposiciones, al impedir que las parejas del mismo sexo accedan conjuntamente a la adopción, vulneraban el derecho a la familia, la igualdad y no discriminación y el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA), reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Luego del análisis correspondiente, la Corte desestimó la IN.
  8. Sobre el derecho a la familia, la igualdad y no discriminación y el interés superior del niño, la Corte señaló que la adopción no constituye el derecho protegido en sí mismo, sino una de las garantías jurídicas mediante las cuales el ordenamiento constitucional posibilita el ejercicio del derecho a la familia. Así, advirtió que las disposiciones legales impugnadas reproducen la regla establecida expresamente por el artículo 68 inciso segundo de la Constitución, según la cual “la adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. Por tanto, la Corte consideró que la tensión entre el reconocimiento constitucional de las familias en sus diversos tipos, la igualdad y no discriminación y el interés superior de NNA, frente a la restricción de la adopción conjunta, ya había sido resuelta por el propio constituyente.
  9. El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró la inconstitucionalidad de una ley municipal que dispensaba a los contribuyentes del pago de honorarios advocatícios sucumbenciais (dinero debido de la parte perdedora a la parte ganadora en acción). El STF consideró que la materia era competencia de la Unión.
  10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México fortaleció el principio de paridad de género y la igualdad sustantiva en los derechos político-electorales al validar una acción afirmativa en la Ley Electoral de Querétaro. El Pleno confirmó la obligación de los partidos políticos de postular mujeres encabezando planillas en, al menos, dos municipios donde históricamente no hayan resultado electas como presidentas municipales. La Corte sostuvo que la paridad trasciende el registro numérico y exige condiciones reales para revertir exclusiones históricas, precisando que la medida no predetermina resultados ni anula la estrategia partidista, pues opera junto a bloques de competitividad. Adicionalmente, validó las referencias transitorias sobre elección consecutiva y estableció que la alternancia de género en encabezamientos de listas plurinominales no obliga a reelegir a la misma persona.
  11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tuteló el principio de representación proporcional y el pluralismo político al invalidar las normas locales que modificaban la integración del Ayuntamiento de la capital de Puebla. El Pleno resolvió que, si bien los congresos estatales gozan de libertad configurativa para definir el número de regidurías dentro del límite constitucional de quince, dicha potestad no es absoluta y debe preservar la operatividad efectiva de los principios de mayoría relativa y representación proporcional. El Tribunal razonó que asignar once regidurías por mayoría (73.33 %) y solo cuatro por representación proporcional (26.67 %) concentraba excesivamente el poder en la fuerza mayoritaria, reduciendo injustificadamente los espacios para las minorías. En consecuencia, ordenó aplicar los porcentajes previos más cercanos (69.57 % y 30.43 %) para brindar certeza al próximo proceso electoral y vinculó al legislador local a adecuar la norma posteriormente.
  12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tuteló el derecho de acceso efectivo a la justicia bajo una perspectiva interseccional al ordenar la reposición de un juicio sobre responsabilidad patrimonial del Estado promovido por una mujer indígena chinanteca, adulta mayor y monolingüe. Tras permanecer injustamente privada de la libertad por presuntas irregularidades en un programa social, su reclamación indemnizatoria fue desestimada en sede administrativa y contenciosa por formalismos probatorios. El Pleno resolvió que la convergencia de múltiples categorías de vulnerabilidad exige flexibilizar las reglas procesales para remover barreras lingüísticas y estructurales. Así, determinó que el tribunal administrativo debió perfeccionar de oficio un dictamen etnológico en lugar de desecharlo por presentarse en copia simple, además de distribuir adecuadamente las cargas probatorias, imponiendo al Estado la obligación de acreditar la regularidad y pertinencia cultural de su actuación.
  13. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional de Perú tuteló los derechos fundamentales a la pensión, al debido procedimiento administrativo y a la seguridad jurídica de un ciudadano de 93 años de edad. Al declarar fundada la demanda de amparo, el Colegiado determinó que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) actuó arbitrariamente al suspender el pago de una prestación jubilatoria sin sustento probatorio y declarar su nulidad de oficio casi diez años después de su otorgamiento, excediendo largamente el plazo legalmente prescrito. Siguiendo su precedente vinculante, el Tribunal reafirmó que cualquier suspensión previsional requiere habilitación legal expresa y garantías de defensa, precisando que la nulidad posterior por ilícitos penales exige una sentencia condenatoria firme previa. En consecuencia, ordenó restituir la pensión devengada desde 2008, junto con intereses legales y costos procesales.
  14. La Sala Primera del Tribunal Constitucional de Perú tuteló el derecho fundamental a la autodeterminación informativa al declarar fundada en parte una demanda de habeas data interpuesta por un exespecialista judicial contra la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En su pronunciamiento, el Colegiado reafirmó que toda persona tiene la facultad constitucional de acceder y conocer el contenido de los datos personales almacenados en registros institucionales, lo cual comprende la información relativa a su propia relación laboral y la duración de esta. Al verificar en el acervo documental que el accionante desempeñó labores jurisdiccionales específicas, el Tribunal ordenó a la entidad emplazada emitir una constancia o certificado de trabajo que detalle de manera expresa las funciones ejercidas en los juzgados constitucionales correspondientes.
  15. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuteló las garantías de independencia judicial, el debido proceso y el acceso a la función pública al declarar la responsabilidad internacional de Argentina en el caso Moliné O’Connor vs. Argentina. El Tribunal determinó que la destitución en 2003 del exmagistrado de la Corte Suprema mediante juicio político vulneró estándares convencionales al sustentarse en el criterio jurídico de sus decisiones jurisdiccionales bajo la causal de mal desempeño. Asimismo, constató la falta de debida motivación en el trámite parlamentario, la ausencia de tutela judicial efectiva frente a sus impugnaciones y la arbitraria revocación de su pensión vitalicia, cuyo reclamo sufrió una demora injustificada superior a una década. En consecuencia, ordenó regularizar su régimen previsional, indemnizar los daños y armonizar la interpretación del artículo 53 constitucional con los estándares interamericanos.
  16. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el cumplimiento total y ordenó el archivo definitivo del caso Girón y otro vs. Guatemala, tras verificar la ejecución íntegra de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia de fondo de 2019. En aquel fallo, el Tribunal había declarado la responsabilidad internacional del Estado por la condena a pena de muerte, el sometimiento al «corredor de la muerte» y el fusilamiento televisado de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, en un proceso viciado por la ausencia de defensa técnica adecuada. Mediante su resolución de supervisión de cumplimiento del 9 de octubre de 2026, la Corte constató que Guatemala efectuó las publicaciones oficiales ordenadas, completó el pago de las indemnizaciones por daño inmaterial a los derechohabientes de las víctimas y realizó el reintegro correspondiente al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, concluyendo así el procedimiento internacional.
  17. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluido y ordenó el archivo definitivo del caso García Prieto y otro vs. El Salvador, emitido originalmente en 2007 por falencias investigativas ante un homicidio y hostigamientos posteriores. Mediante su resolución de supervisión de cumplimiento del 27 de agosto de 2026, el Tribunal constató que el Estado ejecutó cuatro de las cinco medidas reparatorias ordenadas: las publicaciones oficiales, la asistencia médica y psicológica a las víctimas, el pago indemnizatorio por daño inmaterial y el reintegro de costas. Respecto de la obligación pendiente de investigar los hechos y determinar autores intelectuales, la Corte verificó la falta de debida diligencia estatal; sin embargo, al tratarse de un supuesto donde la prescripción penal resulta jurídicamente aplicable por el transcurso del tiempo y la inactividad procesal, declaró incumplida esa medida pero clausuró su supervisión, recordando además la condena previa de dos autores materiales.

 

En las noticias

  1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el Órgano de Administración Judicial y los sindicatos del Poder Judicial de la Federación acordaron reformar el Acuerdo General de Evaluación del Desempeño Judicial. Las modificaciones derogan cualquier efecto sancionatorio o de remoción, eliminan evaluaciones extraordinarias y garantizan la continuidad laboral jurisdiccional.
  2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México puso en marcha el Programa “Por la Certeza Jurídica” junto al sector empresarial. La iniciativa establece mesas técnicas y seminarios de capacitación sobre regulación, inteligencia artificial y sistema financiero, fortaleciendo la interlocución institucional con pleno respeto a la independencia judicial.
  3. El acuerdo promoverá formación, investigación e intercambio técnico para abordar problemáticas como gentrificación, crisis hídrica y crecimiento urbano irregular.
  4. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Pedro Hernández, solicitó formalmente al Senado iniciar el procedimiento para elegir a seis nuevos magistrados, cuyos mandatos vencerán en mayo de 2027. La comunicación cumple con el aviso anticipado legal de seis meses para garantizar la continuidad institucional de la justicia constitucional.
  5. El Tribunal Constitucional de Perú y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suscribieron un convenio marco de colaboración interinstitucional. El acuerdo impulsará la modernización administrativa mediante el Sistema de Gestión Documentaria y promoverá actividades conjuntas de investigación, capacitación y difusión académica sobre materias constitucionales y electorales.
  6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que su período de receso institucional regirá entre el 21 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027. En consecuencia, los plazos procesales que venzan en dicho lapso se trasladarán al lunes 4 de enero de 2027, excluyendo medidas provisionales.
  7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará su 198° Período Ordinario de Sesiones del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 en modalidad híbrida. El cronograma institucional contempla la realización de una audiencia pública, sesiones de deliberación y un diálogo con el Comité contra la Desaparición Forzada.
  8. El Presidente del Tribunal Constitucional español defiende la importancia del Tribunal como garante de la Constitución ante decisiones que afectan directamente a la vida de las personas en las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Logroño (La Rioja), bajo el título “Los principios rectores de la política económica y social”.
  9. El Pleno del Tribunal Constitucional español, admite a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto 326/2026 que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Junta de Extremadura en su demanda alega que numerosos preceptos del Real Decreto impugnado, entre otros de los artículos 1, 2, 3, 13, 15, 23, 24, 28, 34, 38, 48, 50, 51, 61, 146, 148 o 153, podrían vulnerar las competencias autonómicas en materia de vivienda.
  10. Los acampados en Lisboa para la defensa del derecho a la vivienda celebran una victoria judicial, pese a lo limitado de su alcance dado que permite a Renata Cambra mantener la tienda en la plaza del Rossio, pero no autoriza la ocupación colectiva de la plaza.
  11. Los expertos ven inconstitucional la orden la Presidenta de la Comunidad de Madrid, para prohibir mensajes en favor de la huelga educativa. La medida, que aún no es oficial, “menoscaba” la libertad de expresión y los derechos sindicales, advierten dos profesores de Derecho Constitucional.
  12. Reforma electoral: cómo es el sistema de listas colectoras que negocia el Gobierno Nacional con sus aliados para suspender las PASO.
  13. El Gobierno Nacional lleva la Ley Malvinas a Diputados sin certezas y con el apuro por el fallo del Tribunal del Mar.
  14. 3-2: comisión con mayoría opositora revisará la acusación constitucional contra Rabat.
  15. Oposición acude al TC por proyecto del gobierno recién aprobado que flexibiliza y posterga la instalación de los SLEP.
  16. El Tribunal de Justicia Especial para la Paz en Colombia anuncia recorte del 85 % de sus contratos y cambios en su funcionamiento tras reducción de su presupuesto. El plan incluye trabajar virtualmente, entregar la sede en Bogotá y reducir los esquemas de protección.
  17. En Ecuador, menos de la mitad de los asambleístas están habilitados para hacer campaña electoral. Hasta el momento son 59 asambleístas los que solicitaron licencia sin remuneración para dedicarse unos días a la campaña de las elecciones seccionales.
  18. Lula gobernará Brasil por un cuarto mandato. Aunque Lula finalmente superó a su rival, Flávio Bolsonaro, por 4,4 millones de votos después de ir por detrás en la primera vuelta, el país sigue profundamente dividido y muchos votantes expresaron su descontento con el mandato actual del presidente izquierdista, que comenzó en 2023. Bolsonaro se negó a reconocer el resultado de las elecciones, se declaró víctima de fraude electoral sin aportar pruebas y se trasladó a Miami.

 

Nuevas contribuciones académicas

  1. Luis Gustavo Parra Noriega (Coordinador) – Impacto de la Inteligencia Artificial en la protección de datos personales – (Editorial Tirant Lo Blanch, 2026).
  2. Amezcua Gutiérrez, Gustavo – Supra derecho. El peso de los principios jurídicos frente a las reglas en la justicia fiscal federal – (Editorial Tirant Lo Blanch, 2026).
  3. Varlos H. Gonzalez Bellene y otros (Dir), Revista Pensamiento Penal, nro. 7. La voz de la ciudadanía en la justicia penal, Editores del Sur, 2026.
  4. Daniel González Lagier, Hechos y máquinas, Marcial Pons, 2026.
  5. María del Pilar García Pachón y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores), Derecho de aguas y ciudades, Tirant lo Blanch, Bogotá, 2026.
  6. Laura Cecilia Porras-Santanilla y Natalia Ramírez Bustamante (editoras), Género y Justicia Social, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2026
  7. La Revista General de Derecho Constitucional, editada por Iustel, publica su núm. 45.

 

Convocatorias y anuncios

Conferencias y eventos

  1. El martes 24, a las 17:00h española, dará comienzo la Jornada “La digitalización en la administración pública de los países federales”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad y el Foro de las Federaciones, en formato híbrido online y presencial. Se precisa inscripción para ir presencialmente.
  2. El martes 24, a las 18:00h española, se desarrollará la Presentación del libro «La democracia cabal. Anotaciones de un constitucionalista», organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en formato híbrido, presencial u online. Es necesaria la inscripción previa.
  3. El martes 24, a las 9:30h portuguesa, dará comienzo la Conferencia internacional de la Catedra UNESCO para la justicia digital, acceso a los derechos y libertad de expresión, organizada por la Universidad de Coímbra, UNESCO y UNFAM, en formato presencial. Precisa inscripción.
  4. El jueves 26, a las 18:00h española, se desarrollará la Presentación del libro «Los pilares de la historia. Ideas, imágenes y relatos que han moldeado nuestro pasado», organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en formato híbrido, presencial u online. Es necesaria la inscripción previa.
  5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México invita al «Taller de consulta del Semanario Judicial de la Federación». El curso gratuito se realizará los días 18 y 30 de noviembre de 2026, de 15:00 a 16:30 horas (hora del centro), en modalidad en línea mediante registro previo.
  6. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invita a la presentación del libro Manual de IA generativa. Uso ético y responsable para operadores jurídicos. El evento gratuito se realizará el martes 17 de noviembre de 2026, de 10:00 a 12:00 horas, en modalidad híbrida (presencial y vía Zoom/YouTube).
  7. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invita al Coloquio De la pregunta al grado. Problemas y Métodos de Investigación Jurídica de Estudiantes del Posgrado en Derecho de la UNAM. El evento gratuito se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, de 16:00 a 20:00 horas, en modalidad híbrida (presencial y vía Zoom/YouTube)
  8. El día 1 de diciembre de 2026 a las 17:00 hs (argentina) tendrá lugar el Seminario «Garantías procesales y plazo razonable: un diálogo entre España y Argentina», organizado por Cátedra del Prof. Dr. Javier De Luca y el departamento de Derecho Penal y Criminología de la facultad de Derecho UBA.
  9. El día 24 de noviembre de 2026 a las 09:00 hs (chile) tendrá lugar el I Congreso Regional Latinoamericano de la International Association of Consumer Law, organizado por la facultad de derecho de la Universidad de Chile.
  10. El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo la conferencia anual del capítulo Ecuador de ICONS. Las ponencias versarán sobre los “Desafíos emergentes del Estado Constitucional”.
  11. Los próximos 7 y 8 de enero se realizará la quinta conferencia anual del capítulo Chile de ICONS. “Derecho Público, cambio tecnológico y transformación del Estado”. Se encuentra abierto el plazo para la presentación de ponencias.
  12. El próximo 14 de mayo se realizará el V seminario regional del Capítulo Colombia de ICONS. El evento se desarrollará en la Universidad del Sinú (Montería, Córdoba) y tratará sobre las relaciones entre las cortes constitucionales y el legislativo.

  

Blogs y asuntos de interés

  1. Rafael Rubio Núñez, Deepfakes’ en campaña: cuando la ley llega tarde, Blog Observatorio de la desinformación UCM (España).
  2. Itziar Gómez Fernández, Restaurar el Estado de derecho y preservar el pluralismo. Crónica de las sesiones plenarias 147ª y 148ª de la Comisión de Venecia, Blog CEPC (España).
  3. Danyella Marques, When the cloud goes dark: Europe’s dependence on third-party cloud providers, Blog UNIO (Portugal).
  4. Andrés Gil Dominguez, La declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio se opone al modelo constitucional y convencional argentino, Palabras de Derecho (Argentina).
  5. Roberto Gargarella, Nadie merece nada, La Crítica Jurídica (Argentina).
  6. Eduardo Lara Aguayo, La irradiación permanente de los principios de la Ley N°19.880 en los ordenamientos jurídicos administrativos especiales, DOE (Chile).
  7. Caio Silva Guimarães, A eleicão acabou , a guerra digital não (Conjur, Brasil).
  8. Valeria Sofía Perea Rodríguez, ¿Quién es el autor y quién responde por una obra creada con inteligencia artificial? (Ámbito jurídico, Colombia).
  9. Sixta Zúñiga Lindao, ¿Quién cuida a los que hacen funcionar la máquina del Estado? (Ámbito jurídico, Colombia).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *