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¿Qué está pasando en las cortes y tribunales constitucionales?
- El Pleno del Tribunal Constitucional español, ha establecido que el despido de un trabajador motivado por una reclamación ante la representación de los trabajadores puede vulnerar la garantía de indemnidad protegida por el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE), que prohíbe represalias por el ejercicio de derechos laborales y judiciales. El Pleno concluye que los supuestos, como el enjuiciado en el recurso de amparo, en los que el trabajador presenta su queja ante la representación de los trabajadores -comités de empresas y delegados de personal- para que ejerzan la función de intermediación que legalmente tiene reconocida en el cumplimiento de la normativa laboral, son también susceptibles de recibir la protección constitucional dispensada por el art. 24.1 CE a la garantía de indemnidad, cuando pueda concluirse que sean supuestos que se desenvuelvan en conexión con la finalidad propia de la protección constitucional que se dispensa al derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia, a partir de estas consideraciones, afirma que en el caso controvertido se ha vulnerado al demandante su derecho a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva de la garantía de indemnidad, tras constatar que, como había sido reconocido en la vía judicial previa, la extinción de su relación laboral traía causa de esa reclamación que formuló ante el presidente del Comité de empresa y que su finalidad era obtener la intermediación de este para la resolución de una controversia laboral. En este caso, se concluyó que la extinción de la relación laboral del demandante, tras solicitar la intermediación del Comité de empresa por incumplimientos laborales, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). La sentencia confirma la nulidad del despido y la firmeza del fallo previo del juzgado de lo social. Se anuncia un voto particular del magistrado Ricardo Enríquez Sanch.
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció sobre la jubilación de magistrados y funcionarios judiciales y los diferenció entre interinos y efectivos. La cámara hizo lugar a la demanda promovida con el objeto de obtener el otorgamiento de la jubilación ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la ley 24.018. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) interpuso un recurso extraordinario argumentando que la actora no había alcanzado el mínimo de cinco años en el cargo de prosecretaria administrativa de manera efectiva ya que durante cierto lapso lo había hecho con carácter interino. La Corte declaró admisible el recurso y confirmó la sentencia apelada. Señaló que el legislador no efectuó distinción alguna según el carácter -efectivo o interino- en que se desempeñó el magistrado o funcionario que solicita el beneficio previsional, sino que solamente aludió a la prestación de servicios por un tiempo determinado (cinco o diez años según el caso). Agregó que se advertía que, desde el momento en que la actora comenzó a prestar servicios en el cargo de prosecretaria administrativa, se retuvieron los aporte jubilatorios del 12% de sus haberes con destino al organismo demandado, quien los recibió en el marco del régimen establecido por la ley 24.018 por lo que la postura de la recurrente -en tanto omitía considerar el período en que la actora se desempeñó con carácter interino- importaba el desconocimiento de uno de los contenidos esenciales del principio cardinal de la buena fe, con arreglo al cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció sobre diferentes interpretaciones de la Ley de Migraciones. Por un lado, revocó una sentencia por la que la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia y dispuso la expulsión de una extranjera, por haber sido condenada penalmente a la pena de 4 años de prisión. La norma a la que recurrió el organismo migratorio para tomar tal decisión exige que la pena privativa de libertad sea mayor a cinco (5) años, extremo que no se configuraba en el caso. La cámara entendió que la decisión de la administración era ajustada a derecho, a tenor de la naturaleza del delito por el que fue condenada la migrante y del reenvío que se realiza en el artículo 62, inciso b, al artículo 29, ambos de la ley 25.871. La Corte afirmó que una interpretación razonable y armónica -que preserve la coherencia de la norma en su conjunto- permite sostener que, si el legislador hubiese querido incluir en el inciso b, respecto de ciertos delitos, una excepción a la regla general del mínimo del reproche penal para que se configure una causal de cancelación de la residencia, así lo habría hecho. Por otro lado, revocó la decisión de la cámara de expulsar un extranjero que había sido condenado penalmente a una pena de 3 años de ejecución en suspenso, con el argumento de que si bien la pena resultaba menor a la requerida por el art. 62, inciso b, de la ley 25871, el máximo de pena dispuesto por el código penal para el delito era mayor a cinco años. En este caso, la Corte señaló que la cuestión federal a decidir consistía en determinar si la norma mencionada se refiere al máximo de la escala penal o la condena impuesta en el caso concreto y que en tanto el texto de la norma alude a una decisión judicial condenatoria concreta – “condena judicial en la República”- los jueces no pueden apartarse del parámetro fijado por el legislador y quedan relevados de indagar en alternativas hermenéuticas más complejas.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictó una sentencia de inconstitucionalidad en contra de disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, protegiendo los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. El 11 de septiembre el pleno de la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del decreto núm. LXVII/RFLEY/0571/2023 II P.O. que modifica y adiciona disposiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua. El Tribunal consideró que la norma impactaba directamente en la vida y derechos de las personas con discapacidad psicosocial y por lo tanto el Estado debía realizar los procesos de consulta previa e informada en favor de este grupo de personas vulnerables. Además, el fallo le indica al Congreso local de dicho Estado que debe realizar la consulta en los próximos 12 meses desde la notificación de la sentencia.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos se declara competente para continuar con el conocimiento de una causa contra el Estado de Venezuela y declara que la convención americana sobre derechos humanos se encuentra vigente para dicho Estado. En el marco del caso “Chirinos salamanca y otros vs. Venezuela”, por unanimidad, el Tribunal desestimó las excepciones preliminares interpuestas por el Estado venezolano en su escrito de contestación. El Estado venezolano había interpuesto excepciones de incompetencia en razón de alegar haber renunciado a la jurisdicción de la Corte, en razón de tiempo y también en razón del control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana. La causa en cuestión se relaciona a presuntas violaciones de derechos humanos en perjuicio de doce funcionarios y funcionarias de la Policía Municipal de Chacao, ocurridas entre 2016 y 2018 en el contexto de su privación de libertad y fue sometida a la jurisdicción de la Corte por parte de la Comisión Interamericana de DDHH. En consecuencia, la Corte continuará con el conocimiento del caso en la etapa de fondo y eventuales reparaciones y costas.
- La Corte Constitucional colombiana protegió el derecho de una niña a ser escuchada y condicionó el régimen de visitas, de acuerdo con el enfoque de curso de vida, mecanismo que se debe adoptar en las decisiones que vincule a niñas, niños y adolescentes. El enfoque de curso de vida es una perspectiva que permite entender que las experiencias y condiciones a lo largo de la vida de un ser humano se acumulan e inciden en su cotidianidad. Esto significa, que el juez de familia debe apoyarse en peritajes psicológicos y en evaluaciones de otros profesionales especializados –como trabajadores sociales, pedagogos o médicos– que le ofrezcan una comprensión integral del estado emocional y cognitivo del menor, así como del entorno familiar y social en el que se desarrolla. Estos informes le permitirán al juez apreciar la capacidad del menor para (i) expresar sus ideas, (ii) entender las consecuencias de sus decisiones, y (iii) detectar posibles riesgos o necesidades de acompañamiento. Así, con base en ello, la autoridad judicial podrá ponderar la relevancia de sus manifestaciones en concordancia con principio del interés superior del menor y considerar el efecto de la decisión judicial a mediano y a largo plazo en la vida de los menores de edad.
- La Corte Constitucional del Ecuador determinó que no se vulnera la seguridad jurídica en casos que se citen normas derogadas si estas no son determinantes en la decisión. La Corte consideró que si bien el juzgador hizo referencia a normas derogadas (la Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva) al justificar la competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, esas citas fueron solo referenciales y no tuvieron un impacto real en la decisión del caso. La motivación central de la sentencia se sustentó en otros considerandos, por lo que la mención de esas normas no afectó los derechos del accionante. Finalmente, la Corte reconoció que hubo falta de prolijidad en la sentencia de la Sala, pero al no ser determinante en el razonamiento jurídico, no configuró una vulneración al derecho a la seguridad jurídica.
- El Supremo Tribunal Federal de Brasil consideró que es legítimo la utilización de criterios subsidiarios de hetero identificación para la reserva de cupos para personas afrodescendientes, desde que sea respetada la dignidad humana y se garantice la contradicción y el derecho de defensa. En esa medida, el poder judicial puede controlar el acto administrativo de hetero identificación de candidatos que concurren a los puestos reservados a personas afrodescendientes en concursos públicos, ello con el fin de garantizar la contradicción y defensa. A su vez, el poder judicial tiene competencia para analizar las cláusulas de la convocatoria y los fundamentos para la exclusión de candidatos.
- El Pleno del Tribunal Constitucional de Portugal, desestima la petición del PSD de que sean modificados los símbolos de las coaliciones en los boletines de voto, con base en que no se ha presentado norma legal habilitante para impugnar las pruebas tipográficas de la Administración Electoral, ni se hizo la reclamación previa que exige el artículo 94.º de la Ley Orgánica Electoral de los Órganos de las Autarquías Locales (LEOAL) ante el tribunal municipal competente. Asimismo, se consideró que los símbolos en cuestión ya se habían estabilizado legalmente conforme al acuerdo previo (Acórdão nº 734/2025), reproduciendo los elementos (símbolos + siglas) tal como fueron registrados y anotados legalmente, por lo que no procede su modificación. El recurso se basa en las disposiciones de la Ley Orgánica Electoral de los Órganos de las Autarquías Locales (LEOAL), concretamente en sus artículos 17.º y 18.º (sobre la denominación, siglas y símbolos de las coaliciones electorales), así como el artículo 94.º sobre las pruebas tipográficas de los boletines de voto.
En las noticias
- El Presidente del Tribunal Constitucional español presenta al Jefe del Estado, el Rey, la Memoria del Alto Tribunal del año 2024, en la cual se recoge el importante aumento de la demanda de justicia constitucional y el esfuerzo en reducir y resolver los asuntos atrasados.
- El Tribunal Supremo español condena a la Administración a facilitar a una fundación ciudadana el código fuente de la aplicación informática que acredita a los beneficiarios del bono social eléctrico. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que condena a la Administración a proporcionar a la Fundación Ciudadana Civio el acceso al código fuente de la aplicación informática BOSCO, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para que las empresas comercializadoras de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen con los requisitos legales para tener la consideración de consumidor vulnerable.
- En las próximas semanas, el Consejo de Ministros español aprobará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que no afectará a ningún caso en curso».
- La oposición intentará sostener el financiamiento al Garrahan y las universidades contra los vetos de Milei. En una sesión convocada para las 13:00 (hora argentina) del día 17 de septiembre, la cámara de Diputados buscará dar el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas por Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.
- Milei, el presupuesto 2026 y su fábrica de mentiras. Especialistas y referentes de distintos sectores alertan sobre las mentiras que encierra el proyecto presupuestario que propone el Gobierno argentino para el próximo año.
- San José, Costa Rica, 9 de septiembre de 2025. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su 179 Período Ordinario de Sesiones. La Corte IDH celebró su 179 Período Ordinario de Sesiones del 18 de agosto al 3 de septiembre de 2025, de manera híbrida con actividades presenciales y virtuales. Durante este período, la Corte realizó deliberaciones y audiencias.
- San José, Costa Rica, 4 de septiembre de 2025. La Corte IDH inaugura exposición sobre la Convención Americana de Derechos Humanos interpretada e ilustrada por y para niños, niñas y adolescentes en el museo de los niños. La Corte IDH, en conjunto con el Museo de los Niños en Costa Rica, inauguró el día cuatro de septiembre una exposición dedicada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretada e ilustrada por y para niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe. La muestra se presentó en La Galería Nacional de Arte de Costa Rica y fue realizada en conjunto con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y la Fundación Paniamor. La muestra estará abierta al público durante un mes y busca acercar el lenguaje de los derechos humanos a las nuevas generaciones a través del arte.
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que su reforma a la Ley de Amparo busca hacer más eficientes los procesos en el Poder Judicial. En su conferencia diaria, la presidenta señaló que la medida pretende evitar casos judiciales que se extienden por muchos años.
- La Defensoría del Pueblo de Perú presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía ante la Corte Constitucional. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, presentó la demanda argumentando que la normativa actual no es compatible con los derechos y principios establecidos en la Constitución de ese Estado y con la Convención Americana de Derechos Humanos.
- El gobierno de los Estados Unidos descertificó a Colombia por no cumplir con sus compromisos en materia de lucha contra el tráfico y producción de drogas en el último año. Según el comunicado, la responsabilidad recae únicamente en el gobierno de Gustavo Petro y su liderazgo político. Todavía no se conocen con exactitud las consecuencias detalladas de esta medida, pero se sabe que Colombia no fue sancionada con una descertificación radical, pues el país recibió un Ello implicaría, según la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (FRAA por sus silgas en inglés), que “el presidente podrá renunciar a las restricciones del párrafo (2)(A) si determina y certifica al Congreso que la prestación de dicha asistencia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.
- El presidente Daniel Noboa de Ecuador anunció su decisión de enviar una pregunta para que sea sometida a una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario señaló en el comunicado público: “Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear”. En ocasiones anteriores, la Corte Constitucional ya ha negado propuestas de enmiendas a la Constitución presentadas por el ejecutivo, lo que ha generado marchas en contra de este órgano, organizadas por el ejecutivo.
- Cámara de los Diputados de Brasil derrota al gobierno y avanza en una amnistía y decidirá sobre si se concede perdón o se reduce sanción a personas condenadas por intentos golpista.
- El Tribunal Constitucional portugués ha rechazado un recurso de la Autoridade da Concorrência (AdC) que pretendía revertir la anulación de multas por el llamado “cartel de la banca”, confirmando la anulación definitiva de coimas por 225 millones de euros impuestas a varios bancos. El recurso de la AdC alegaba que la sentencia del Tribunal de Relação de Lisboa, que declaró el caso prescrito, debería ser revisada conforme a la Constitución de la República Portuguesa y al Derecho de la Unión Europea. El TC, sin embargo, consideró que la reclamación no era procedente porque no se planteó como cuestión normativa apropiada para la fiscalización concreta de constitucionalidad, por lo que no corresponde al TC entrar al fondo de esa interpretación del tribunal de instancia.
Nuevas contribuciones académicas
- Edoardo Celeste, Tamara Alvarez Robles, Gaël Depoorter y Tamara Favaro (Eds.), Digital Sovereignty and the Green Transition. EU Challenges in Times of War and Energy Crisis, (Bloomsbury, 2025).
- Sergio Martín Guardado, La desinformación como reto constitucional, (Aranzadi, 2025).
- José Tudela Aranda, En defensa del Estado de Derecho, (Marcial Pons, 2025).
- Fernanda Paula Oliveira y Dulce Lopes, A Política de Ordenamento do Território: Marco Essencial ou Meramente Instrumental?. (Algumas reflexões decorrentes do Decreto-Lei n.º 117/2024, de 30 de dezembro, com as alterações da Lei n.º 53-A/2025, de 7 de abril), (AEDREL, 2025).
- Enrique Gil Botero, Amparo universal de los derechos de los migrantes. Marco comparativo y convencional de protección, (Tirant Colombia, 2025).
- Alejandra Gómez Moreno, Liderazgo estratégico para mujeres en el sector legal, (Tirant Colombia, 2025).
- Luis Gabriel Degiovanni Behaine, El rol de los personeros en la protección de los derechos ambientales, (Editorial Ibañez, 2025).
- Ernesto Domínguez López y Salvador Percastre Mendizábal (Coords.), Populismo en las Américas. Discusiones sobre un fenómeno complejo, (Editorial Tirant Lo Blanch, 2025).
- Elizabeth Mendoza Morales, Pedagogía Jurídica y Constructivismo. En la enseñanza del derecho, (Editorial Tirant Lo Blanch, 2025).
- El Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , Editado por el Joder Judicial publica su núm. 13.
- La Revista Argumentos, editada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, presenta su edición núm. 20.
- La Revista Jurídica, editada por la Universidad de San Andrés, presenta su edición núm. 19
Convocatorias y anuncios
Conferencias, seminarios y jornadas
- El miércoles 24 de septiembre, a las 12:00h española, dará comienzo el Seminario García-Pelayo Trabajos de investigación «Odio en un clic. La respuesta de los tribunales españoles al discurso de odio», organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en modalidad híbrida, online y onsite.
- El miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo el III Seminario Regional ICONS Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. En formato presncial.
- El jueves 25 de septiembre dará comienzo el º Encontro de Investigadores em Ciências Jurídicas – JusGov, organizado por la Universidade do Minho. Organizado en modalidad online.
- Los días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, se llevará a cabo el Seminario «Historia, presente y futuro de la teoría política Homenaje a Ramón Máiz y Fernando Vallespín», organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en colaboración con el Grupo permanente de Teoría Política de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración), el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y la Facultade de Ciencias Politicas e Sociais de la Universidade de Santiago de Compostela. Se llevará a cabo en modalidad híbrida, online y onsite.
- Los días 1 al 3 de octubre se celebrará el DATAfórum justicia 2025, organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración con la Universidad de León. Tendrá lugar en la Universidad de León y en el Auditorio de León, España. Se celebrará en modalidad presencial. Asistencia presencial libre previa inscripción.
- El miércoles 1 de octubre, a las 17:15h española, se llevará a cabo la Jornada: «La división rural-urbana en España y en Europa: actitudes políticas y comportamiento electoral», organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad, en modalidad híbrida.
- El jueves 2 de octubre, a las 19:00h española, dará comienzo el Acto homenaje “En recuerdo de Elías Díaz (1934-2025)”, organizado por el CEPC y la ILE, tendrá lugar en la sede de la Institución Libre de Enseñanza (Paseo del General Martínez Campos, 14, Madrid). Entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en directo en www.edaddeplata.org o en el canal de YouTube de la ILE.
- El día 14 de octubre de 2025 a partir de las 09:30 horas (hora argentina) se llevará a cabo la VII Jornada de Reflexión “La Educación Superior comprometida con los Derechos Humanos”, organizada por la Universidad de Quilmes.
- Los días 15 a 17 de octubre de 2025 se llevarán a cabo las XXXIX Jornadas Nacionales de Filosofía Jurídica y Social, las que tendrán lugar en la ciudad de San Juan. Más información: jornadas2025@aafd.org.ar.
- Los jueves 16 y viernes 17 de octubre, tendrá lugar el Congreso «Identidad territorial y descentralización política», Organizado por la Universidad de Salamanca, en formato presencial en la Facultad de Derecho de la USAL.
Convocatorias
- El Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas realiza el tercer llamado para la presentación de solicitudes de subvenciones dirigido a organizaciones de la sociedad civil de mujeres y feministas en América Latina y el Caribe (ALC). Está abierto hasta el 12 de octubre.
- Continúan abiertas las inscripciones para participar en el XII Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se desarrollará en la Universidad Externado de Colombia, del 6 al 10 de julio de 2026.
- Se encuentra abiertas las inscripciones para el II Congreso Internacional de Derecho Comparado y Constitucional “Cuba CON PARA”, que se realizará entre el 3 y 6 de febrero de 2026.
- IE University convoca cuatro plazas de Profesor/a Asistente en Derecho (tenure-track) para el curso 2026-2027, abiertas a todas las áreas jurídicas, con especial preferencia por Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Derecho Privado, Derecho Comercial y Corporativo, Propiedad Intelectual, y Derecho Digital/Tecnológico. Los candidatos deben demostrar potencial para publicar de alto impacto y excelencia docente. El plazo de solicitud termina el 31 de octubre.
- La Facultad de Derecho y la Oficina Académica de Internacionalización (OAI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú lanzan la convocatoria para formar el equipo que representará a la PUCP en la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2026. El plazo de aplicación vence 9 de octubre de 2025 a las 23:59 hora local.
- El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México, convoca a las instituciones u organizaciones académicas dedicadas a la investigación o a la docencia jurídica, a los colegios y asociaciones de abogados a que presenten candidatos al Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio, 2025. La fecha para la celebración de la sesión del Jurado será en la tercera semana de septiembre de 2025.
- Prorrogado hasta el día 30 de septiembre la convocatoria para la presentación de resúmenes de ponencias para el V Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Derecho: “Democracia y Sistemas Jurídicos: tensiones y desafíos”. El mismo es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La UNLPam. Más información: congresodederecho@eco.unlpam.edu.ar.
- Abierta la convocatoria para la presentación de resúmenes de ponencias para el XXV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social hasta el día 17 de octubre. El mismo es organizado por la Facultad de Derecho UBA. Más información: info@aadtyss.org.ar.
- Abierto el call for papers de la “7ª edição do Anuário dos Direitos Humanos” de la Universidade do Minho, hasta el 0 de septiembre.
Blogs y asuntos de interés
- Jhon de la Cruz, ¿Y si mañana un algoritmo te niega un derecho? La IA en el Estado colombiano, Ámbito Jurídico (Colombia).
- Angello Peña Barrios, La protección del debate público robusto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: comentarios al caso Álvarez Ramos vs Venezuela, Revista Derecho del Estado Universidad Externado (Colombia).
- Lenos Luiz Streck, Los necios, los filósofos y los golpistas brasileros: Fuerza Melina, Conjur (Brasil):
- Mariana Marinho Machado, El derecho a correr: racismo estructura,, infancia afrodescendiente y los 35 años de Estatuto de la Niñez y el adolescente, Migalhas (Brasil).
- Daniel Florez Muñoz, ¿Es proporcional la sentencia de la JEP contra el secretariado de las FARC-EP? uno de los problemas de judicializar la macrocriminalidad en sede transicional?, Revista Metro (Colombia).
- Alberto Durán, ¿Es posible proteger los derechos y el bienestar social frente a los grandes algoritmos?, Blog Hay Derecho (España).
- Miguel Ángel Presno Linera, Las reiteradas medidas cautelares acordadas por la Corte Internacional de Justicia y reiteradamente incumplidas por Israel en el caso de presunta comisión del delito de genocidio en Gaza, El derecho y el revés (España).
- Pablo Gutierrez Colantuono, La Corte IDH lo hizo una vez más: nace el derecho al cuidado, Palabras de Derecho (Argentina).
