La integración de decisiones automatizadas en la Administración chilena no es una actualización técnica, sino una reconfiguración estructural del poder público. Bajo el Principio de Juridicidad (Art. 6 CPR), y como sostiene Eduardo Soto Kloss, la potestad estatal halla su límite infranqueable en la supremacía constitucional, exigiendo que toda actuación tecnológica se supedite al respeto irrestricto de las garantías fundamentales. La implementación del aprendizaje automático y el procesamiento de macrodatos amenaza con erosionar la servicialidad (Art. 1 CPR) y la transparencia (Art. 8 CPR). La naturaleza inescrutable de estos modelos impide reconstruir la trazabilidad del razonamiento, neutralizando la defensa ciudadana […]