El proyecto Conga de la empresa Minera Yanacocha S.A. (4) está ubicado a 73 kilómetros al noreste de la ciudad de Cajamarca en una altitud de entre 3,700 a 4,200 metros. Supone una inversión que supera los 4,800 millones de dólares y se encuentra en una zona donde históricamente se ha desarrollado una intensa actividad minera. El proyecto contempla la explotación de dos yacimientos, Perol y Chailhuagón, de cobre, oro y plata, en una planta con una capacidad nominal de 92,000 toneladas por día, lo que permitiría procesar el contenido mineral de 3.1 billones de libras de cobre y 11.6 millones de onzas de oro en un tiempo estimado de mina de 19 años.

Debido al historial de contaminación de la empresa Yanacocha en Cajamarca y varios defectos técnicos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la población manifestó su oposición a la implementación del proyecto minero, en un primer momento, a través de peticiones administrativas y reuniones con autoridades y, en un segundo momento, a través de protestas ciudadanas en el departamento de Cajamarca. En el centro de dichas protestas se puede identificar a las rondas campesinas, órgano de la jurisdicción indígena, que asumió la defensa de los ecosistemas que se verían afectados de forma irreversible por el proyecto. Junto a otras organizaciones sociales, entre octubre de 2011 y junio de 2012, las rondas campesinas participaron de huelgas generales y bloqueos de vías rechazando la imposición del proyecto. La respuesta del Gobierno fue el uso de la represión policial y militar, lo que dejó un saldo de cuatro personas muertas en diversos enfrentamientos violentos.

Resulta interesante destacar las estrategias empleadas por el Estado para la implementación de un proyecto minero con serios cuestionamientos técnicos ambientales. Ante la falta de una institucionalidad imparcial que garantice derechos ambientales y de los pueblos indígenas, el Estado desplegó estrategias legales de despojo: una red de normatividades que operan como mediaciones institucionales para la desposesión; algunas de ellas son formas nuevas y sofisticadas que legalizan el despojo y se producen tanto en sedes transnacionales de poder económico global como en sedes nacionales. En el caso de Conga se encuentra: flexibilización para la compra de tierras, el uso de la justicia penal para perseguir a dirigentes sociales, desregulación en materia ambiental, estados de emergencia para intervenciones militares, entre otros.

Una de las principales preocupaciones en la actualidad es la criminalización de las rondas campesinas, quienes vienen siendo procesadas penalmente por su función jurisdiccional indígena. En el caso de Celendín, ubicación del proyecto Conga, existen decenas de campesinos que afrontan procesos penales durante varios años, lo cual afecta significativamente su labor dirigencial. Se trata de un fenómeno legal cada vez más presente en los conflictos socio-ambientales y uno de los principales desafíos que enfrentan los defensores ambientales en todo el mundo, en particular, en América Latina.

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