La actividad minera realizada por grandes empresas transnacionales en el sur del Perú ha generado el acaparamiento y ocupación intensiva de tierras. Además, ha    reconfigurando profundamente el territorio de comunidades campesinas y centros poblados. Además de las minas a tajo abierto a lo largo del territorio, en los últimos años se ha establecido un   corredor vial que sirve principalmente para transportar los minerales e insumos que necesitan las empresas para su producción y distribución.

Una de las grandes corporaciones transnacionales es Minerals and Metals Group (MMG), actual titular de la concesión minera Las Bambas”. Esta se encuentra ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau del departamento de Apurímac, a más de 4,000 metros de altura. Actualmente, esta es una de las cinco minas de cobre más grande del mundo. Sin embargo, su éxito comercial a nivel internacional no coincide con la relación que tiene con las comunidades y organizaciones de los territorios. La población ha expresado su rechazo a las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) e Informes Técnico Sustentatorios (ITS) que han significado, en la práctica, un perjuicio para su vida cotidiana. Los conflictos entre la empresa y la población han escalado hasta episodios de violencia y han dejado cuatro fallecidos producto de los enfrentamientos con las fuerzas policiales y armadas.

Desde que la compañía Xstrata ganó el concurso público de la concesión minera “Las Bambas”, en el 2004, se tenía conocimiento que la comunidad campesina de Fuerabamba tenía que ser reasentada porque su propiedad se encontraba en el área de explotación. Así comenzó el primer proceso de despojo para la comunidad por parte de la empresa minera. El reasentamiento implicó otorgar sus tierras de 4,774 hectáreas a Xstrata a cambio de otros terrenos bajo la figura de un contrato de permuta. El reasentamiento implicó un cambio en los hábitos de vida para los fuerabambinos y fuerabambinas, quienes pasaron a vivir en condiciones diferentes a las que tenían y cambiaron sus principales actividades como la ganadería y agricultura.

El contrato permitió que la empresa minera operara y despojara no solo las tierras de la comunidad campesina, sino también su identidad. En los últimos años, la comunidad ha cuestionado el contrato de permuta, con un proceso de nulidad de acto jurídico, aún en trámite. La demanda precisa que las firmas no corresponden a los comuneros y comuneras y que fueron falsificadas para favorecer a Xstrata. Además, han denunciado una vulneración del derecho a la consulta previa porque no se realizó debido a que un informe del Ministerio de Cultura mencionó que la comunidad no se encontraba georreferenciada. De esta manera, se pone en evidencia una serie de actos que aseguraron la actividad extractiva en desmedro de los derechos del pueblo indígena. 

Además de los cuestionamientos al proceso de reasentamiento, las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau han denunciado la contaminación que produce el transporte de la empresa Las Bambas al pasar por las vías que atraviesan sus tierras. El corredor minero que se ha establecido en la zona es un conjunto de vías que unen los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa. Este tiene longitud aproximada de 482.200 km. y une las operaciones de la mina Las Bambas en Apurímac, con las de Constancia y Antapaccay en Cusco hasta el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani en Arequipa

Mapa de las regiones y centros poblados que atraviesa el Corredor Minero Sur

Este segundo proceso de despojo debe entenderse no sólo como desposesión de las tierras sino como precarización.as personas asentadas a lo largo del corredor vial, además de ver la creación y ensanchamiento de las rutas, son constantemente contaminadas por el polvo y por el ruido que genera el paso de más de doscientos camiones diarios. En los últimos años, el control sobre sus territorios ha quedado en manos de la empresa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien ha reclasificado todas las rutas a la categoría de “nacional”, ha dejado bajo su responsabilidad la construcción de las vías que están destinadas principalmente al transporte de minerales de las grandes corporaciones transnacionales. 

Los continuos procesos de despojo en el Corredor Minero Sur fueron legalizados por contratos, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales. Una mirada amplia y contextual de todos estos instrumentos nos permite ver que, en realidad, son estrategias legales para despojar territorios a las comunidades y entregárselas a grandes empresas extractivas generando una explotación intensiva de las tierras a favor de capitales internacionales. Estos procesos legalizados, además de contar toda una estructura legal, utilizan la fuerza y el establecimiento de continuos estados de emergencia para hacer frente a la resistencia de los pueblos, a favor del orden territorial que pretenden imponer. 

En las Bambas, los contratos fueron las formas que el Derecho adoptó para garantizar la realización de la actividad extractiva minera, despojando tierras, recursos y territorios. Además de desposeer las tierras, se crearon territorialidades de manera violenta, utilizando marcos legales, como las declaratorias de las vías vecinales y regionales a nacionales para garantizar el transporte de minerales. La apertura de nuevas vías o la ampliación de las mismas, así como el paso diario de camiones que genera contaminación por polvo y ruido, han reconfigurando todo el territorio en las regiones de Apurímac y Cusco, precarizando territorialmente a las comunidades campesinas y centros poblados que viven alrededor.

 
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Bachillera de Derecho por la Pontificia Universidad Católica, practicante profesional en Earthrights International, Investigadora del Círculo de Estudios Críticos del Derecho: Hacia la Descolonización

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