Suena el acordeón y Jorge Hernández, cantante de los Tigres del Norte, dice:  “Voz del oprimido un retrato hablado/ Calificativo y hasta exagerado/ Tribuna que ha sido del pueblo juzgado/ Ese es el corrido, ese es el corrido/ Que me han enseñado”. Esta canción, titulada “El Corrido” es parte del disco Corridos Prohibidos. La importancia de este disco reside en que se tuvo que difundir de manera clandestina, ya que cuando salió el gobierno estableció políticas de censura y aún así, es de los discos más vendidos en la historia de la música con acordeón. Concurrencias como esta, en donde la música es una respuesta al derecho y el derecho es una reacción a la música, fueron las que llevaron a la fundación del taller de Derecho y Música, proyecto creado por los profesores Rodrigo Camarena, Pablo Rapetti y Guilherme Vasconcelos y del que las autoras de este texto formamos parte. 

El corrido es un género musical muy popular en México desde hace más de cien años; tiene sus orígenes en la revolución mexicana y desde entonces ha fungido como herramienta discursiva unificadora. Los villistas y los zapatistas les cantaban a sus jefes revolucionarios con orgullo y asombro; tener un corrido era ser parte fundamental de la vivencia revolucionaria. En las últimas décadas, este género ha sido cada vez más asociado con el narcotráfico y cada vez menos asociado con la revolución. A este tipo de corridos, enfocados en las actividades de tráfico de drogas y sus actores, se les conoce como “Narcocorridos”.  José de Jesús Chávez los define como una simbiosis entre la música norteña, que utiliza al corrido como una de sus partes esenciales, y la música de banda, la cual está llena de melodías que en algunos casos hacen alusiones a la criminalidad. Debido a esto, desde los años ochenta el discurso oficial del Estado ha sido su demonización. Es muy común escuchar que actores estatales prominentes llamen a los narcocorridos ataques a la moral y a las buenas costumbres, así como “apologías a delitos en contra de la salud” y busquen su prohibición.

Sin embargo, sus discursos comienzan a parecer un poco incongruentes cuando no buscan la prohibición de canciones como “Blurred Lines” de Robin Thicke que aduce a la violación o “No Body, No Crime” de Taylor Swift, que cuenta la historia de un feminicidio y un posterior homicidio. Se deja entrever que hay una motivación más allá de la protección de la moral y el tejido social: la deslegitimación de quejas políticas y el ocultamiento de visiones históricas, culturas e identidades contrarias a las hegemónicas.

Por ejemplo, en el año 2002, se prohibió la transmisión de la canción “Crónica de un Cambio” de Los Tigres del Norte a través de la radio, por ser una sátira al gobierno del entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, basta con escucharla para entenderla no como una apología al delito, sino como un reclamo por al hartazgo y cansancio, como un señalamiento de la corrupción del gobierno en turno, de la precarización en que tenían a la población y de las prácticas institucionalizadas de violación a los derechos humanos:

Llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio

Y es que al obrero no le alcanza ya el salario

Al campesino siempre lo han bocabajiado

Unos señores que controlan el agrario

(…)

Y el fobaproa se lo están cobrando al pueblo

Que poca enjundia de todos los diputados

Los carros chuecos un respiro al marginado

Porque los nuevos jamás podrán alcanzarlos

(…)

Los que controlan a petróleos mexicanos

Van a Las Vegas como ricos potentados

Se lo merecen o la plaza la compraron

Ora mi zorro cuando aplicamos el cambio

En los teléfonos es grave el espionaje

(…)

Hoy se dio el cambio brindemos con coca-cola

Porque los buenos ahora son de azul y blanco

Si calzas botas y te agencias a un establo

Sigue la flecha y llegarás a diputado

 

El valor del narcocorrido reside en su funcionalidad social y no tanto en la veracidad de sus letras. César Burgos Dávila enfatiza que el narcocorrido tiene relevancia social porque en el país “no hay un espacio libre de tensión por la violencia del narcotráfico”. Es un fenómeno que se ha insertado en la vida cotidiana de las personas: el narcotráfico es causa y efecto, pregunta y respuesta de expresiones culturales popularmente aceptadas.

Los intentos por prohibir la propagación de los narcocorridos han continuado en el norte del país; en 2015, la sanción prevista por la interpretación de corridos era una multa económica de 330 mil pesos y hasta 36 horas de arresto. A partir del 2018, se reformó el reglamento municipal para aumentar las sanciones y en la actualidad, a quien difunda narcocorridos se le sancionará con una multa de hasta novecientos mil pesos. 

Ahora, si bien alguien podría interpretar que las sanciones relatadas son acorde a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, toda vez que este establece que el ejercicio del derecho de libertad de expresión podrá estar sujeto a responsabilidades ulteriores para asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, eso no deja a la medida libre de toda sospecha. Lo primero que hay que cuestionarse respecto de esta medida es por qué se ha limitado su aplicación a los narcocorridos y a la música de banda norteña. Pareciera que hay una criminalización a priori de este tipo de música, lo que hace que su escrutinio sea mucho más severo que respecto de otros tipos de música y artistas que también hacen apología a delitos como el feminicidio, la violación y el abuso sexual. Tan es así, que en el último evento donde el municipio de Chihuahua sancionó a Los Tigres del Norte con una multa que ascendió al millón 13 mil 880 pesos, también se presentó un artista cuya canción, “caníbal” hace apología al feminicidio y canibalismo de su pareja sentimental.  Se deja ver, entonces, que la demonización y sanción de los narcocorridos deviene de un discurso antidrogas que ya no puede tener cabida en el país y que es el que provoca la violencia en primer lugar. Deviene, también, de un discurso racista y clasista que mide lo que es admisible y lo que no, que decide que historias deben contarse y cuáles ocultarse. Se condena a los narcocorridos por visibilizar las historias populares, la existencia de la gente pobre y de piel oscura, la que vive en la calle, la que es campesina, la que canta rancheras y no música pop en inglés; la que tiene que vender drogas porque al gobierno su existencia ni le va ni le viene, y si mañana no come, si mañana se muere, continúa como si nada. 

Hay que cuestionar los verdaderos fines que existen detrás de estas sanciones. Si bien las sanciones pueden considerarse formalmente correctas, en el sentido que es una sanción administrativa posterior a la emisión del mensaje, se vuelve inconstitucional cuando reconocemos que sólo es aplicada, de manera arbitraria y discriminatoria, en contra de bandas norteñas que cantan narcocorridos con mensajes políticos y que ni siquiera es idónea, en el sentido alexyano, para lograr “disminuir la violencia”. Mientras que los narcocorridos han enfrentado políticas prohibicionistas desde 1987, la violencia en México que tanto les atribuyen continúa creciendo todos los días y, hasta la fecha, no existe un solo estudio que demuestre la correlación entre narcotráfico, violencia y narcocorridos. La verdadera función de esta estrategia gubernamental es reprimir las historias que critican el discurso oficial del Estado, denuncian su pasividad, contubernio y su mal manejo en términos de seguridad.

Los narcocorridos se presentan como una lucha irreverente contra las idealizaciones discursivas del Estado, que pretenden esconder la precariedad y marginación, así como la corrupción y la ilegalidad con la que ellos mismos se comportan. Si se pretende sancionar los narcocorridos para salvaguardar la moral pública, primero nos tenemos que preguntar si esa moral pública no es más bien la imposición de una serie de concepciones conservadoras que reducen visiones individuales, culturales y políticas legítimas a una pistola y un sombrero. Como bien dicen Los Tigres del Norte, en una de las tantas canciones por las que fueron sancionados:

A mí me gustan los corridos

Porque son los hechos reales de nuestro pueblo

Sí, a mí también me gustan, porque en ellos se canta la pura verdad

Pues ponlos, pues, – ¡órale, ahí va!

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Fernanda es estudiante de derecho en el ITAM y asistente de investigación en el CEC-SCJN

Armando es estudiante de derecho en el ITAM y subcoordinador del Centro de Acceso a la Justicia

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