1.¿Qué tiene que decir el constitucionalismo latinoamericano al constitucionalismo global? 

Vera Karam de Chueiri: El constitucionalismo latinoamericano tiene mucho que decir al constitucionalismo global, aunque su visibilidad se deba más a sus defectos que a sus virtudes y rica experiencia. Un primer y notable ejemplo es la revolución haitiana del siglo XVIII y su importancia para el constitucionalismo al reafirmar la libertad, la igualdad y negar el modelo colonial. Una revolución de los esclavizados que orientó el colonialismo y el racismo en los debates constitucionales. 

En el siglo XX, el constitucionalismo social de la posguerra, su retroceso a través de los golpes de Estado que le siguieron en los años sesenta y setenta y, posteriormente, su renovación -en gran medida a través de nuevas constituciones- debido al proceso de redemocratización en algunos países, tienen mucho que decir. Por ejemplo, la ampliación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales -que ya se había producido en las constituciones o reformas constitucionales de posguerra-, la apertura al derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, las innovaciones introducidas a raíz de los procesos constitucionales de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Me refiero al reconocimiento del carácter multicultural y plurinacional del Estado, a la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus respectivas jurisdicciones, a la naturaleza como sujeto de derecho y a formas de participación y deliberación más inclusivas.

El constitucionalismo latinoamericano ha innovado, pero no ha superado del todo el legado liberal-conservador, especialmente en lo que se refiere a la concentración del poder en sus núcleos estatales-burocráticos. Además, la etapa actual del constitucionalismo latinoamericano, en momentos de crisis aguda y degenerativa de la democracia -como la que viene ocurriendo en Brasil- muestra, por un lado, su inestabilidad, contradicciones y limitaciones y, por otro, su resiliencia.

2. América latina destaca a nivel mundial por los índices de desigualdad socioeconómica presente en los países de la región y la pandemia que actualmente estamos viviendo lo ha evidenciado aún más. Al respecto: ¿Qué reflexiones podría dejarnos en relación a la forma en que se han protegidos los DESCA en la región?

VKdC: Las constituciones latinoamericanas, especialmente las más recientes, han sido generosas en la enumeración de derechos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la apertura de cláusulas a tratados y convenciones y otros documentos de derechos humanos, promoviendo el diálogo tanto entre los sistemas constitucionales nacionales como entre éstos y el sistema regional y mundial de derechos humanos. Muchas constituciones, como la de Brasil, han sido generosas con las normas de política pública para la realización de estos derechos. 

Pero esto no es -y no ha sido- suficiente. Los textos constitucionales generosos en materia de derechos no son suficientes si las instituciones, sus estructuras administrativas-burocráticas y de poder, toman decisiones democráticamente deficientes. Esto significa que la ejecución de políticas públicas para el cumplimiento de los derechos no cambia el estado desigual en la mayoría de los países de la región; por el contrario, lo preserva. 

Me gusta el diagnóstico de Roberto Gargarella en su último libro “La Derrota del Derecho en América Latina: Siete Tesis”, de cómo la desigualdad y la injusticia en la región resultan de los déficits de nuestro constitucionalismo, a pesar de los avances en relación a los derechos en general. 

El momento de la pandemia lo evidencia: no es sólo un problema de salud pública (subrayo que Brasil tiene un Sistema Único de Salud, el SUS, implantado por la Constitución de 1988, que era ejemplar hasta que el actual gobierno genocida empezó a destruirlo). La pandemia de Covid-19 revela el aumento de las desigualdades y los procesos de mercantilización de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. 

En Brasil, por ejemplo, desde 2016 se han congelado las inversiones públicas en sanidad y educación durante veinte años. Y lo que es peor, esto ha tenido lugar a través de una enmienda a la Constitución (PEC 55, - siglas en portugués). ¿Es constitucional que esos diputados y senadores de 2016 aprueben una proposición de ley para modificar la Constitución y limitar la inversión en sanidad y educación vinculando las próximas cinco legislaturas (hasta 2036)? ¿Puede una mayoría coyuntural poner límites a las decisiones populares que se producen en el futuro? Pues bien, no sólo se trató de una enmienda inconstitucional, sino inmoral y perversa, mediante la cual una eventual mayoría utilizó la Constitución para impedir que se eligieran otros programas gubernamentales en el futuro. 

En otras palabras, los DESCA no están siendo protegidos como se debería, de hecho, se está muy lejos de ese deber ser. Las medidas de austeridad en la región han servido para sacrificar los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, a los territorios tradicionales y para aumentar la desigualdad. 

3. ¿Cuál es su balance de la labor de los jueces y del Supremo Tribunal Federal en la protección del derecho a la salud en Brasil? 

VKdC: Desde la Constitución de 1988 se ha producido una progresiva judicialización de la salud en Brasil. Cada vez más, los jueces y tribunales se enfrentan a demandas como el suministro de medicamentos, la disponibilidad de pruebas, la cobertura de tratamientos, la atención hospitalaria, etc. Estas demandas de servicios y productos se dirigen tanto a las instituciones públicas como a las privadas. En todos los niveles de la federación brasileña (federal, estatal y municipal) hay demandas relacionadas con la salud y en todas las instancias del Poder Judicial, lo que ha intensificado su protagonismo en la efectividad de los derechos en esta área. 

En cuanto a la pandemia, el Consejo Nacional de Justicia ha hecho un buen seguimiento de las decisiones, especialmente las relacionadas con el sistema penitenciario. Nuestro Centro de Estudios Constitucionales (CCONS) de la UFPR también está investigando las decisiones del STF y del Tribunal de Justicia de Paraná, así como las recomendaciones del sistema interamericano, en relación con el COVID-19 y los grupos vulnerables. 

Pues bien, en relación con el STF y la protección del derecho a la salud, destaco las siguientes decisiones relacionadas con la pandemia: 1) la que modificó el reglamento interno del Tribunal para ampliar las hipótesis de juicio por el Pleno Virtual. Es decir, todos los casos del tribunal pueden ser juzgados en un entorno electrónico. Si, por un lado, dicho procedimiento agiliza el proceso de toma de decisiones, por otro tiene importantes déficits deliberativos; 2) la Acción de Inconstitucionalidad Directa 6.357, en la que se descartaron los requisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF, sigla en portugués) y de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, sigla en portugués) mediante un amparo unipersonal, dictado en domingo, que permitió al Estado actuar ampliamente sin los requisitos y formalidades de tales leyes. La decisión sobre el fondo es buena, pero el procedimiento es cuestionable y 3) el Argumento de infracción de precepto fundamental (ADPF, sigla en portugués) 672 que reiteró la competencia concurrente de los estados y del distrito federal y de los municipios complementarios para adoptar medidas restrictivas durante la pandemia, sin perjuicio de la competencia general de la Unión para establecerlas también en todo el territorio nacional. La decisión, en términos generales, es buena y subraya la tesis del federalismo cooperativo. Hay otras decisiones con un impacto positivo en la pandemia, aunque se hayan tomado de forma monocrática, consolidando un modo de decisión que desacredita la colegialidad.

Por último, menciono la extraña iniciativa del anterior presidente del Tribunal, de un proyecto de ley para definir el régimen jurídico de emergencia del derecho privado durante la pandemia, en el que también participaron otros magistrados de los tribunales inferiores. Como si la pandemia autorizara a los jueces a convertirse en legisladores. Como escribí, en coautoría con mi colega Miguel Godoy, las decisiones del STF sobre la pandemia se mueven en una fina línea entre el caos y la normalidad.

4. Como mujer, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar en su trayectoria como académica? ¿usted cree que esos obstáculos siguen existiendo? 

VKdC: Hay obstáculos visibles e invisibles. El primero se refiere al lugar que ocupan las mujeres en las facultades de derecho y en las instituciones del sistema judicial. Cuando comencé mi carrera como profesora de derecho constitucional, había una naturalización en relación con las jerarquías de género (pocas mujeres se sentaban a la mesa en los colegios de decisión), de posición en el sistema de justicia (se escuchaban pocas mujeres exclusivamente académicas) y de posición académica e intelectual (no había, por ejemplo, ninguna profesora titular en la Facultad de Derecho de la UFPR). Lo mismo ocurre con los consejos superiores de la universidad. 

Con el tiempo y con las nuevas generaciones de profesores, más críticos, más sensibles a las desigualdades en el espacio académico, más militantes a favor de una efectiva igualdad de género (y otros) este escenario ha ido cambiando. 

Aun así, cuando todavía era directora de la Facultad de Derecho, tuve algunos (pocos) enfrentamientos con profesores sexistas. Uno de estos profesores, grosero y autoritario, utilizó su voz fuerte y su posición en la justicia para intentar intimidarme en una reunión del Consejo de la Facultad, que rechazó su acto por mayoría. 

Los obstáculos invisibles están en las acciones y los gestos, generalmente amables y educados, que naturalizan el protagonismo masculino en campos (como el derecho) en los que las mujeres son tan o más competentes que los hombres. Se relacionan con el machismo estructural. Son bromas, chistes, la "naturaleza biológica", que refuerzan las actitudes discriminatorias.

5. Brasil es un país en donde confluyen múltiples expresiones culturales, de las cuales destacan las de las poblaciones indígenas y afrodescendientes ¿Cómo evalúa la labor de la justicia constitucional en Brasil en la protección de los derechos culturales? ¿Qué ha predominado, si es que así ha sido, políticas de reconocimiento o políticas de distribución?

VKdC: Brasil ha hecho grandes avances en la protección de los derechos de los afrodescendientes y los pueblos indígenas, especialmente entre 1988 y 2016. Las acciones de las organizaciones no gubernamentales y algunas iniciativas y decisiones institucionales han contribuido a ese progreso. Citaría la actuación del Ministerio Público (federal y estatal), de la Defensoría Pública, de los jueces y de los tribunales, que fueron fundamentales para marcar la agenda de temas que nunca antes se habían discutido, como las cuotas raciales y sociales en las universidades, la demarcación de las tierras indígenas, el respeto a las religiones de origen africano y sus territorios, etc. En cuanto a la actuación de la justicia constitucional cito dos decisiones como ejemplo: 1) el Recurso Extraordinario (RE) 49460, juzgado en marzo de 2019, por el cual el tribunal se pronunció sobre prácticas religiosas de matriz africana -se discutía el sacrificio ritual de animales en tradiciones como el candomblé, el tambor de mina y el batuque-. Tuvo que pasar más de una década para que el STF decidiera este caso y lo hizo por unanimidad, a favor de la tesis de los terreiros, es decir, la constitucionalidad del único párrafo del art. 2 de la Ley Estatal 11.915/2003 de Rio Grande do Sul, que preveía el sacrificio religioso como una exclusión a los casos del Código de Protección Animal. Este tema aparece en la excelente investigación doctoral de Thiago Hoshino, de la que fui directora; 2) La Acción Declarativa de Constitucionalidad (ADC), juzgada en junio de 2017, que reconoció la validez de la Ley 12.990/2014, que reserva el 20% de las vacantes ofrecidas en concursos públicos para cubrir cargos y empleos públicos en la administración federal directa e indirecta, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Recuerdo además que en 2012 el poder legislativo aprobó la ley de cuotas, la ley 12.711/2012, reservando el 50% de las vacantes en todos los cursos de las instituciones federales de educación superior para los estudiantes que cursaron los tres años de bachillerato en la escuela pública.

Sin embargo, a pesar de estas decisiones, el resultado ha sido mayor en relación con las políticas de reconocimiento que con las de distribución. Con el golpe de Estado que tuvo lugar en Brasil en 2016 y el ascenso del actual gobierno, los avances de 28 años llevados a cabo con la Constitución de 1988 no sólo se han estancado, sino que incluso han retrocedido. Brasil vive actualmente una crisis destructiva de su democracia constitucional con un impacto directo en estas políticas públicas.

1. O que o constitucionalismo latino-americano tem a contribuir ao constitucionalismo global? 

Vera Karam de Chueiri: O constitucionalismo latinoamericano tem muito a dizer ao constitucionalismo global, ainda que sua visibilidade se dê mais pelos seus defeitos, do que pelas suas virtudes e sua rica experiência. Um primeiro e notável exemplo é a revolução do Haiti, no século dezoito, e sua importância para o constitucionalismo, ao reafirmar a liberdade, a igualdade e negar o modelo colonial. Uma revolução de escravizados que pautou o colonialismo e o racismo nos debates constitucionais. 

No século vinte, o constitucionalismo social do pós-guerra, seu revés por meio dos golpes de Estado que sucederam nas décadas de sessenta e setenta e, posteriormente, sua renovação – grande parte por meio de novas constituições – devido ao processo de redemocratização de alguns países, têm muito a dizer. Por exemplo, a expansão dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais -que já havia acontecido nas Constituições do pós-guerra ou em reformas constitucionais-, a abertura para o direito internacional dos direitos humanos e, sobretudo, as novidades introduzidas a partir dos processos constituintes do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Falo do reconhecimento do caráter pluricultural e plurinacional do Estado, da autodeterminação dos povos indígenas e das suas respectivas jurisdições, da natureza como sujeito de direito e de formas mais inclusivas de participação e deliberação.

O constitucionalismo latinoamericano inovou, porém não superou totalmente o legado liberal-conservador, sobretudo em relação à concentração do poder em seus núcleos estatais-burocráticos. Ainda, o atual estágio do constitucionalismo latinoamericano, em momentos de crise aguda e degenerativa da democracia -como o que vem ocorrendo no Brasil- mostra, de um lado, a sua instabilidade, suas contradições e limitações e, de outro, sua resiliência. 

2. A América Latina se destaca globalmente pelas taxas de desigualdade socioeconômica presentes nos países da região e a pandemia que estamos vivenciando atualmente tornou isso ainda mais evidente. A este respeito: quais são suas reflexões sobre como os DESC foram protegidos na região? 

VKdC: As Constituições na América Latina, especialmente as mais recentes, foram generosas na enumeração de direitos como os Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais e com cláusulas de abertura para os tratados e convenções e demais documentos de direitos humanos, promovendo tanto o diálogo entre os sistemas constitucionais nacionais, como também, entre estes e o sistema regional e global de direitos humanos. Ainda, muitas constituições, como a brasileira, foram generosas em normas de políticas públicas para efetivação destes direitos. 

Mas isso não é -e não tem sido- suficiente. Não basta textos constitucionais generosos em direitos se as instituições, suas estruturas administrativo-burocráticas e de poder, tomam decisões democraticamente deficitárias. Isto faz com que a execução das políticas públicas para efetivação de direitos não altere o estado de coisas desigual na maioria dos países da região, ao contrário, o conserve. 

Gosto muito do diagnóstico que faz Roberto Gargarella no seu último livro acerca de “La Derrota del Derecho en América Latina: Siete Tesis”, de como a desigualdade e a injustiça na região resulta dos déficits de nosso constitucionalismo, a despeito dos avanços em relação aos direitos de uma maneira geral. 

O momento da pandemia evidência isso: não é só um problema de saúde pública (ressalto que o Brasil tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, implementado pela Constituição de 1988, que era exemplar até o atual governo genocida começar a destruí-lo). A pandemia da Covid-19 revela o aumento das desigualdades e os processos de mercantilização dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais. 

No Brasil, por exemplo, desde 2016, os investimentos públicos em saúde e educação estão congelados por vinte anos. Pior, isto se deu por meio de emenda à Constituição (PEC 55). É constitucional que aqueles deputados e senadores em 2016 aprovem um projeto de emenda à constituição para limitar o investimento em saúde e educação vinculando as próximas cinco legislaturas (até 2036)? Pode uma maioria conjuntural estabelecer limites às decisões populares que ocorram no futuro? Ora, não se tratou apenas de uma emenda inconstitucional, mas imoral e perversa, por meio da qual uma maioria eventual se utilizou da Constituição para impedir que outros programas de governo pudessem ser escolhidos no futuro. 

Ou seja, a proteção dos DESCA não está acontecendo como deveria, aliás, está muito aquém do que deveria ser. Medidas de austeridade na região tem servido para sacrificar os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, seguridade social, moradia, territórios tradicionais e aumentar a desigualdade. 

3. Qual é a sua avaliação do trabalho dos juízes e do Supremo Tribunal Federal na proteção do direito à saúde no Brasil?

VKdC: A partir da Constituição de 1988 houve uma progressiva judicialização da saúde no Brasil. Cada vez mais, juízes e Cortes se viram diante de demandas como fornecimento de medicamentos, disponibilização de exames, cobertura de tratamentos, atendimento hospitalar etc. Tais demandas sobre serviços e produtos se dirigem tanto às instituições públicas quando às privadas. Em todos os níveis da federação brasileira (federal, estadual e municipal) há demandas relacionadas à saúde e em todas as instâncias do Poder Judiciário, o que intensificou o seu protagonismo na efetivação dos direitos nesta área. 

Em relação à pandemia, o Conselho Nacional de Justiça tem feito um bom monitoramento das decisões, especialmente as que se relacionam ao sistema carcerário. O nosso Centro de Estudos da Constituição (CCONS) da UFPR também está fazendo uma pesquisa acerca das decisões do STF e do Tribunal de Justiça do Paraná, como também das recomendações do sistema interamericano, em relação à COVID-19 e grupos de pessoas vulneráveis. 

Pois bem, em relação ao STF e a proteção do direito a saúde destaco as seguintes decisões relacionadas à pandemia: 1) a que modificou o regimento interno da Corte para ampliar as hipóteses de julgamento pelo Plenário Virtual. Ou seja, todos os processos de competência do tribunal poderão ser julgados em ambiente eletrônico. Se de um lado tal procedimento agiliza o procedimento de tomada de decisão, por outro tem significativos déficits deliberativos; 2) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357, na qual se afastou exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias por meio de uma decisão cautelar monocrática, tomada num domingo, e que permitiu uma atuação ampla do Estado sem as exigências e formalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A decisão no mérito é boa, mas no procedimento questionável e a 3) a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 672 que reiterou a competência concorrente dos estados e distrito federal e suplementar dos municípios para adoção de medidas restritivas durante a pandemia, sem prejuízo da competência geral da União para também estabelecê-las em todo o território nacional. A decisão, em linhas gerais, é boa e enfatiza a tese do federalismo cooperativo. Há outras decisões com impacto positivo na pandemia, ainda que tomadas monocraticamente, consolidando um modo de tomada de decisão que desprestigia a colegialidade.

Por fim, menciono a bizarra iniciativa do presidente anterior da Corte, de um projeto de lei para definir o regime jurídico emergencial para o direito privado durante a pandemia, evolvendo, ainda, outros magistrados dos tribunais inferiores. Como se a pandemia autorizasse aos juízes se tornarem legisladores. Como escrevi, em coautoria com meu colega Miguel Godoy, as decisões do STF concernentes à pandemia, se movem sobre uma linha tênue, entre o caos e a normalidade.

4. Como mulher, quais foram os principais obstáculos que você teve que enfrentar em sua trajetória acadêmica? Você acha que esses obstáculos ainda existem?

VKdC: Há obstáculos visíveis e invisíveis. Os primeiros dizem respeito ao lugar das mulheres nas Faculdades de Direito e nas instituições do sistema de justiça. Quando iniciei minha carreira como professora de direito constitucional havia uma naturalização em relação às hierarquias de gênero (poucas mulheres sentavam em torno da mesa nos colegiados decisórios), de posição no sistema de justiça (poucas mulheres exclusivamente acadêmicas eram ouvidas) e de posição acadêmica e intelectual (não havia, por exemplo, mulher professora titular na Faculdade de Direito da UFPR). Isso vale também para os conselhos superiores da universidade. 

Com o tempo e com as novas gerações de professoras e professores, mais críticos, mais sensíveis às desigualdades no espaço acadêmico, mais militantes em favor de uma efetiva igualdade de gênero (e outras) esse cenário foi se alterando. 

Mesmo assim, quando ainda era diretora da Faculdade de Direito, tive alguns (poucos) enfrentamentos com professores machistas. Um professor deste tipo, mal-educado, autoritário, usou de voz alta, da sua posição no sistema de justiça, para tentar me intimidar em uma reunião do Conselho da Faculdade que, majoritariamente, rechaçou o seu ato. 

Os obstáculos invisíveis estão em ações e gestos, normalmente gentis e educados que, por sua vez, naturalizam o protagonismo masculino em campos (como o do direito), nos quais as mulheres são tão ou mais competentes que os homens. Eles se relacionam ao machismo estrutural. São brincadeiras, piadas, a “natureza biológica”, que reforçam atitudes discriminatórias. 

5. O Brasil é um país onde convergem múltiplas expressões culturais, entre as quais se destacam as populações indígenas e afrodescendentes. Como você avalia o trabalho da justiça constitucional no Brasil na proteção dos direitos culturais? O que tem predominado: as políticas de reconhecimento ou as políticas de distribuição?

VKdC: O Brasil avançou muito na proteção dos direitos dos afrodescententes e dos povos indígenas, sobretudo de 1988 a 2016. A ação das organizações não governamentais, como também, algumas iniciativas e decisões institucionais colaboraram para este avanço. Cito a atuação do Ministério Público (federal e estaduais), da Defensoria Pública, dos juízes e Cortes, as quais foram fundamentais para pautar questões que jamais tinham sido discutidas, como as cotas raciais e sociais nas universidades, a demarcação das terras indígenas, o respeito às religiões de matriz africana e seus territórios, etc. Em relação à atuação da justiça constitucional cito duas decisões como exemplo: 1) O Recurso Extraordinário (RE) 49460, julgado em março de 2019, no qual a corte foi provocada a se pronunciar sobre práticas religiosas de matriz africana – discutia-se o abate ritual de animais em tradições como o candomblé, o tambor de mina e o batuque. Levou mais uma década para o STF decidir este caso e o fez por unanimidade de votos, a favor da tese dos terreiros, isto é, pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual 11.915/2003 do Rio Grande do Sul, que previa o abate religioso como uma excludente às hipóteses do Código de Proteção aos Animais. Esse tema aparece na excelente pesquisa doutoral do Thiago Hoshino, da qual fui orientadora; 2) A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), julgada em junho de 2017, que reconheceu a validade da Lei 12.990/2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta, nos executivo, legislativo e judiciário. Lembro que em 2012 o poder legislativo passou a lei de cotas, lei 12.711/2012, reservando 50% das vagas em todos os cursos de instituições federais de ensino superior para alunos que estudaram os três anos do ensino médio em escola pública.

No entanto, a despeito das decisões, o resultado foi maior em relação às políticas de reconhecimento do que em relação às políticas de distribuição. Com o golpe que aconteceu em 2016 no Brasil e com a ascensão do atual governo, os avanços de 28 anos levados a cabo com a Constituição de 1988, não só estagnaram como retrocederam. O Brasil experimenta hoje uma crise destrutiva da sua democracia constitucional com impacto direto nestas políticas públicas.

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