Ya lo decía el aforismo latino que se le atribuye a Francis Bacon y que luego popularizó Bentham: scientia potentia est. Sin duda, el conocimiento es poder y la información es también presupuesto indispensable para la libertad. Bajo esta premisa se enmarca, en gran parte, esta brevísima reflexión. En una democracia es fundamental que la ciudadanía pueda acceder a información relevante para saber sobre (y, en su caso, participar, con pleno conocimiento de causa, en) los asuntos públicos que le conciernen o de los que simplemente quiere estar informada. El Estado, y todas las instituciones y organismos al servicio del mismo, deberían actuar siempre al servicio de la ciudadanía. 

No digo nada nuevo cuando afirmo que la legalidad es uno de los principios sacrosantos del constitucionalismo y la democracia, y es también un principio básico en la Administración Pública en tanto que garantiza la seguridad jurídica y aumenta el nivel de legitimidad en el proceso de toma de decisiones. Íntimamente vinculado al principio de legalidad y al de seguridad jurídica, se encuentra el principio de transparencia, que hace a las instituciones de Derecho Público responsables ante la ciudadanía que representan y atienden. 

La transparencia es, sin duda, un requisito fundamental para la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y su participación (informada) en asuntos públicos. La transparencia es, además, componente esencial para la integridad y buena gobernanza del propio aparato público en un Estado democrático. La transparencia simboliza un mecanismo de promoción del buen gobierno y de la confianza pública y, por tanto, si queremos asegurar un Estado y una Administración Pública democráticos y modernos, el principio de transparencia debe ser uno de tantos elementos de control contra la mala administración y la corrupción y, en última instancia, el promotor de la buena gobernanza y del compromiso con la protección de intereses públicos y derechos fundamentales. 

En esta línea, tuve el gran honor de participar, el pasado lunes 17 de mayo, en la primera reunión de expertos en materia de transparencia y gobierno abierto, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este seminario de expertos se celebró no sólo en el marco de los compromisos adquiridos en el IV Plan de Gobierno Abierto, sino también en el marco de la Semana de la Administración Abierta.

Todos expusieron en este seminario su parecer sobre el estado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG, en adelante) y sobre las necesarias reformas ante los retos generados por el marco regulatorio actual y la praxis jurídico-administrativa hasta la fecha. Como hice en la primera mesa de esa reunión, expongo aquí dos temas que considero clave para mejorar la transparencia, la buena administración y el buen gobierno. Para articular la transparencia, se requieren garantías (y subsiguientes obligaciones) de diversa índole, tanto a priori o de manera proactiva (como es la publicidad o difusión activa de la información por parte de las autoridades públicas a través de los portales de transparencia y sistemas de datos abiertos), como a posteriori o de manera reactiva (como consecuencia de las solicitudes de acceso a la información pública). 

Con respecto a este último punto, aunque se ha rechazado la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información pública (como principal instrumento para hacer efectivo el principio de transparencia), aludiendo a que estamos ante un derecho de configuración legal (en parte, y por desgracia, a la vista de su ubicación en nuestro texto constitucional y ante el rechazo de interpretarlo a la luz de la apertura a estándares internacionales) no cabe duda que estamos ante valores, principios y derechos fundamentales. Así lo han dejado sobradamente claro la interpretación realizada sobre normas iusfundamentales (art. 10 CEDH, arts. 11 y 41 CDFUE) y las “sectoriales” (Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales de 2009) a nivel internacional y europeo. Así también se han pronunciado, en numerosas ocasiones, los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos

La cultura de la transparencia solo avanza si la ciudadanía ejerce su derecho y si la administración está dotada de mecanismos y garantías para hacer efectivo ese derecho. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han ayudado a hacer que los procedimientos sean más ágiles y que la información sea de mayor calidad.  La modernización e informatización de la Administración se consideran los principales factores de transformación hacia un mayor nivel de transparencia y accesibilidad a la información, pero la falta de voluntad de mejorar los sistemas informáticos (especialmente cuestiones relativas a la interoperabilidad de los sistemas o la reutilización de los datos) o de revertir los fallos constituyen quizás el mayor obstáculo para asegurar la transparencia y buen gobierno en una era como la actual. Sin poder acceder, de facto, a determinadas páginas públicas o que la información a la que se acede no sea información de calidad, suponen un agravio para los valores cardinales de un Estado democrático de Derecho.

Como se apunta en el preámbulo de la LTAIPBG “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”. La falta de transparencia y responsabilidad en la administración pública, entre otras cosas, disminuye el valor de la democracia y del Estado de Derecho. Hay que luchar por mayores estándares de transparencia y responsabilidad por parte de las instituciones y organismos públicos. Las mejoras y ejes de reforma expuestos por los colegas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en esa primera reunión, sin duda, ayudarán al legislador a reforzar. No desvelo las conclusiones de sus fantásticas intervenciones, pues sus contribuciones quedarán recogidas en una publicación posterior, editada por el CEPC, y en formato abierto, pero adelanto que todos los desafíos jurídicos han sido abordados con propuestas regulatorias claras, precisas y de fondo. 

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