Es un martes al mediodía, a la tarde, al anochecer. Cientos de miles de personas ocupan calles y plazas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y muchas ciudades más en Argentina. Miles de manos sostienen cartelitos artesanales que reclaman financiamiento para la educación universitaria, insisten en el impacto positivo de la educación superior en sus vidas y en el país, despliegan ironías ácidas sobre el Presidente o prometen que la lucha no terminará. Gargantas jóvenes y no tan jóvenes llenan el aire con rimas combativas, promesas de unidad y viejas consignas cantadas contra la austeridad neoliberal en los años 90. Es el 23 de abril de 2024. Es la Marcha Universitaria contra el gobierno de Javier Milei, el economista libertario que asumió hace cuatro meses tras ganar sorpresivamente  la segunda vuelta electoral . 

¿Por qué una manifestación tan multitudinaria por un reclamo educativo? En poco más de 100 días, Milei ha emitido un Decreto de Necesidad y Urgencia que reformó cientos de leyes sin pasar por el Congreso, impulsa un megaproyecto de ley para refundar el país sobre bases ultraliberales, amenaza con reprimir las protestas callejeras y quiere desarticular al colectivo feminista. También descuida las pensiones y devalúa la moneda mientras insiste en que dolarizará la economía. En estas primeras semanas ha habido resistencias sectoriales y una huelga general de 12 horas, una gran marcha por el Día de la Mujer y otra en conmemoración del último golpe de Estado. Sin embargo, esta pueblada del 23 de abril supera todo lo visto.  

La consigna central es defender las universidades públicas contra la decisión gubernamental de asignarles idéntico presupuesto que en 2023. Desde enero de ese año hasta marzo de 2024, la inflación sumó casi 400%: aquellos montos hoy no cubren más que una fracción menor de los crecientes gastos operativos y los deprimidos salarios del personal. Las universidades están en riesgo de no poder funcionar más allá de mediados de año, mientras voces del Gobierno denuncian supuestas malversaciones y “adoctrinamiento” izquierdista en las aulas. La negativa oficial al diálogo también incitó la protesta.

Para comprender esta marcha que invadió las calles vale la pena recordar notas singulares de la universidad pública argentina: la gratuidad, la autonomía,  la participación estudiantil y la ausencia de exámenes de ingreso. Tras el surgimiento de las dos primeras universidades –Córdoba en 1613 y Buenos Aires en 1821– el sistema se nacionalizó hacia 1854. Se expandió geográficamente durante los siglos XX y XXI hasta alcanzar hoy el número de 60 entidades públicas. Esta estructura coexiste con un conjunto de universidades privadas –autorizadas a mediados del siglo XX– que albergan solo al 20% de quienes cursan carreras en ese nivel. 

El movimiento estudiantil en las universidades públicas se ha mantenido visible y contestatario a través de las décadas, desde su potente irrupción en la Reforma Universitaria de 1918. Sabe movilizarse y lograr apoyos  externos: gran parte de esa militancia luego alcanzó posiciones importantes en los poderes estatales, la prensa u organizaciones de la sociedad civil. Por el alto perfil de las universidades públicas, las dictaduras militares las intervinieron y sujetaron a controles estrictos: cerraron carreras y expulsaron a docentes, estudiantes y planta científica, generalmente por razones ideológicas. En democracia las crisis económicas llevaron a recortar presupuesto. En cada caso, las universidades y el movimiento estudiantil resistieron y protestaron.

La universidad pública, cuestión constitucional

Algunos de los rasgos centrales del sistema integran la Constitución argentina: su art. 75 inc. 19 consagra la gratuidad en la educación pública estatal y la autonomía de las casas de estudio nacionales. La discusión universitaria implica –en muchos casos– un debate constitucional. En particular, el derecho a la educación superior se halla en el art. 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1994 tiene el mismo rango que la ley suprema. 

La autonomía se juega en dos planos: institucional y académico. Por el primero, las universidades públicas definen su estructura de gobierno y eligen sus autoridades sin intervención externa. Inicialmente reconocida por una ley de 1885, la autonomía sufrió limitaciones o supresiones por casi cien años, especialmente bajo dictaduras militares. Desde 1983, con el restablecimiento de la democracia, se inicia el periodo más extenso de autonomía continua, ahora garantizada constitucionalmente. Sin embargo, desde 1995, la Ley de Educación Superior exige que el Ministerio de Educación revise cada Estatuto universitario: sus eventuales objeciones son resueltas por el Poder Judicial. La faz académica de la autonomía permite adoptar líneas propias de investigación, planes de estudio y modalidades de enseñanza en cada universidad. Por la misma ley de 1995, una Comisión externa evalúa y acredita las carreras de profesiones reguladas por el Estado y de interés público (en general, las que puedan afectar directamente la salud, la seguridad, los bienes, los derechos o la formación de la población). 

Ejerciendo su autonomía institucional, la universidad pública argentina ha adoptado – desde la Reforma de 1918– el denominado “cogobierno”. Sus órganos colegiados están integrados por docentes, estudiantes, graduados y, en la mayoría de los casos, por representantes del personal administrativo y de apoyo. Cada sector (denominado “claustro”, en una reminiscencia colonial) elige periódicamente representantes entre distintas agrupaciones. La ley de 1995 estableció que el profesorado debe tener al menos el 50% de las bancas en los cuerpos colegiados. En general, el sector estudiantil tiene asignado un tercio de los escaños.

 En cuanto a la gratuidad del grado, un decreto presidencial de 1949 la estableció como parte de amplias reformas políticas y sociales. Si bien algunas dictaduras reimplantaron brevemente el cobro de aranceles, la gratuidad –aplicada también a personas extranjeras– se afirmó como rasgo identitario de las universidades públicas argentinas. Ampliamente aceptada, hoy expresa la posibilidad de ascenso social a través de la formación. Como la gratuidad no basta para remover múltiples barreras económicas, un Decreto de Necesidad y Urgencia creó en 2014 un sistema de becas para jóvenes de familias con bajos ingresos, incluyendo a personas extranjeras con 2 años de residencia. 

Contra una visión elitista, el movimiento estudiantil combatió siempre las limitaciones al acceso a la universidad pública. Los gobiernos más conservadores combinaban un examen de ingreso y un número fijo de vacantes (“cupo”):  incluso quienes aprobaban el examen podían quedar fuera. Desde el retorno a la democracia en 1983, las universidades adoptaron una política de ingreso sin restricciones. En los últimos 40 años se pasó de 300 mil a 2 millones de estudiantes (sobre una población total de casi 46 millones).  Por otra parte, casi un tercio de los docentes universitarios están afiliados a sindicatos que llevan adelante huelgas y movilizaciones.

Las universidades no solo investigan y enseñan, sino que también desarrollan una actividad denominada “extensión”, es decir, de servicio a la comunidad que implica una construcción conjunta de conocimiento y alternativas con distintos sectores sociales, a través de cientos de iniciativas. Los hospitales universitarios, de distintas especialidades y distribuidos por el país, fortalecen ese vínculo con la sociedad, al igual que las radios y canales de televisión pertenecientes a las universidades. 

Todos estos rasgos de apertura coexisten con una producción científica y académica de alto nivel, reconocida tanto en publicaciones internacionales como en las más superficiales evaluaciones de los “rankings”. Los cinco Premios Nobel nacidos en Argentina (dos de Medicina, dos de la Paz y uno de Química) se educaron en universidades públicas; cuatro también enseñaron en ellas. Hoy aproximadamente el 60% de quienes hacen investigación y desarrollo trabajan en universidades públicas, en una creciente articulación entre el sistema científico-tecnológico y el universitario. 

Además, las universidades públicas figuran en las encuestas más recientes en el primer lugar entre las instituciones más creíbles del país, muy por encima de los poderes públicos, la Iglesia Católica, las empresas o los partidos políticos. 

Así puede comprenderse que la amenaza concreta de inanición y cierre haya convocado a cientos de miles de personas a defender la universidad pública argentina. Mientras continúa la tensión, Argentina está lista para dar una nueva clase abierta.

 


Cita recomendada: Horacio Etchichury, «La Marcha Universitaria: una masiva clase abierta en Argentina», IberICONnect, 21 de junio de 2024. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2024/06/la-marcha-universitaria-una-masiva-clase-abierta-en-argentina/

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *