Reseña del libro: «Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y Latinoamérica.» de Manuel Iturralde

Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y Latinoamérica: Manuel Iturralde. Bogotá: Ediciones Uniandes – Siglo del Hombre Editores. ISBN: 978-958-665-735-8

Muchos académicos latinoamericanos utilizan como estrategia publicar artículos en revistas prestigiosas de universidades europeas o estadounidenses. Las revistas, por su calificaciones y prestigio, aportan valor a los artículos, lo que a su vez posiciona a sus universidades en mediciones internacionales. Esta dinámica, en muchos casos, hace que investigaciones muy importantes para Latinoamérica sean poco difundidas a nivel regional aun cuando son influyentes y reconocidas en importantes nichos académicos. Para minimizar esta brecha, han surgido nuevos formatos en donde se presentan a un público local compilaciones de artículos publicados originalmente en inglés que buscan difundir y articular líneas de investigación que se han desarrollado por años. En algunos casos, el resultado es un trabajo fragmentado que muestra contribuciones importantes, pero desarticuladas en un campo del conocimiento. En otros, no obstante, aporta una mirada panorámica y comprensiva de hondas apuestas intelectuales que, en su conjunto, constituyen verdaderas claves analíticas. En esta última categoría se encuentra el texto Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y Latinoamérica del profesor Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, quien es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. 

Esta reseña se organiza en dos numerales. En el primero, titulado “La contribución: en búsqueda de una analítica para el entender el campo del control del delito en Latinoamérica”, desarrollamos e identificamos los que son, a nuestro parecer, los aportes del libro y sus principales desarrollos teóricos; y en el segundo, titulado “Un par de críticas: la persistencia y radicalización del neoliberalismo en la región y el alma partida de penalistas y criminólogos latinoamericanos”, cuestionamos algunos elementos teóricos de libro y problematizamos la forma como Iturralde se posiciona en el campo del control del delito colombiano en la ambigüedad entre el papel del criminólogo y el del abogado penalista. 

1. La contribución: en búsqueda de una analítica para el entender el campo del control del delito en Latinoamérica 

A pesar de que el libro tiene como base varios artículos previamente publicados, los temas que articula y estructura responden a un cuestionamiento fundamental que guía la narrativa del texto frente a la insuficiencia de las teorías dominantes que explican los contornos del derecho penal contemporáneo. Estas teorías, originadas en el norte global, han consolidado una analítica, bajo la idea de una “economía política del castigo”, para entender la relación entre ciertas políticas económicas con la emergencia de rasgos distintivos del derecho penal. Según esta analítica, cuando la política económica es individualista y no intervencionista, minimizando el papel del Estado en la distribución de recursos, el derecho penal se convierte en un mecanismo de dominación con mayor importancia y radicalidad. En esa medida, su carácter garantista se erosiona y se presentan tendencias expansivas que incluyen el aumento progresivo de sus penas y el encarcelamiento masivo (Wacquant 2014). En cambio, cuando la política económica tiene elementos o rasgos solidarios, lo que implica que el Estado tiene un papel activo en la provisión y distribución de bienes públicos, el derecho penal, aunque no desaparece, cumple un papel menos relevante y sus límites se contienen con mayor rigurosidad. Esta analítica, a pesar de su capacidad explicativa para contextos anglosajones y europeos, no encaja cuando se aplica a otros contextos; o, al menos, luce incomoda y limitada (Iturralde 2022). 

Por supuesto, para identificar los problemas de la analítica se requiere de un doble ejercicio que implica, por un lado, conocer en detalle la teoría y metodologías que la sustentan y producen y, por el otro, tener una imagen comprehensiva de los elementos y variables del contexto -en este caso el latinoamericano– que permiten contrastar y mostrar sus limitaciones. La mayor contribución del libro es, en consecuencia, la reconstrucción critica de las teorías dominantes del norte que es precedida por su actualización, aclimatación y potenciación para comprender el contexto latinoamericano. 

Iturralde es consciente de las dificultades metodológicas asociadas con el término «Latinoamérica», muchas de las cuales surgen de las diferencias contextuales, históricas, económicas y políticas que han dado lugar a una región heterogénea. Abordar la criminalidad y sus causas en esta región bajo la categoría general de «Latinoamérica» podría resultar en generalizaciones y simplificaciones. No obstante, a lo largo del trabajo, el libro antes que perderse en la diferencias de la región presenta tendencias generales que faciliten la comprensión de cómo los campos de control del delito en cada país responden a rasgos clave de discursos y prácticas penales. Con esto revela cómo estos campos se configuran a partir de fuerzas estructurales similares, a pesar de la diversidad de escenarios políticos y legales. En consecuencia, el texto motiva a realizar relatos históricos y detallados de los distintos procesos en cada Estado Latinoamericano (Iturralde 2022:127-28). 6527

Una parte fundamental de la contribución del libro tiene que ver con identificar aquellos elementos particulares de la experiencia latinoamericana y sus efectos en el campo del control del delito. Para esto, Iturralde adopta una visión que, aunque no lo dice explícitamente, supone una lectura decolonial en la cual el proyecto de la modernidad de raigambre europea se transporta en una “ruta tortuosa” cuando se instaura en el contexto latinoamericano, soportado por las ambiciones de las elites políticas locales (Iturralde 2022:31). La extrañeza del proyecto de la modernidad en la región generó, entre otras cosas, una fractura entre algunos defectos propios de este proyecto que terminaron desarrollando nuevas formas. Como, por ejemplo, un autoritarismo enmascarado y perfumado por un discurso liberal -que Iturralde titula bajo el nombre de “autoritarismo liberal” (Iturralde 2010)–, que a su vez genera que el discurso jurídico a pesar de su importancia simbólica y política presente una significativa brecha en su “eficacia instrumental” que termina por convertirlo en un discurso alejado de la realidad y estéril. Estas formas, aun cuando tienen su origen en el constitucionalismo originario de la región, han transcendido históricamente y no han sido por completo mitigadas por el constitucionalismo contemporáneo (Gargarella 2005). 

Aunque las constituciones contemporáneas de la región ofrecen en su mayoría un amplio catálogo de derechos (Conrado, Gargarella, y Guidi 2022), conviven también con enormes desigualdades económicas y políticas que deniegan fácticamente el ejercicio de la ciudadanía a amplios sectores de la población. En ese sentido, conviven con escenarios de inmensa inequidad que se han visto acrecentados por la influencia política del neoliberalismo como un fenómeno que durante los últimos treinta años ha desmontado la poca institucionalidad social en la región y ha consolidado una lógica moral y política en donde los problemas sociales se resuelven aumentando la agencia individual antes que diseñando soluciones colectivas. El resultado es que las elites, que tienen asegurados sus derechos sociales, no están preocupadas por ampliar el acceso a estos derechos y muchas veces bloquean reformas sociales que podrían aliviar esta situación en un esfuerzo por ser más atractivos para la recepción de capitales globales al tiempo que justifican -con la misma lógica moral y política de la agencia individual- las decisiones colectivas (Iturralde 2022:64). En este marco, las discusiones sobre el sentido del Estado de derecho terminan por neutralizarse y despolitizarse (Iturralde 2022:224-25). 

La lectura de la región y la identificación de sus rasgos constituyen, a su vez, el contorno del campo del control del delito. Uno de los hallazgos del trabajo, que contrasta con la teoría dominante, es la correlación negativa que existe entre el gasto social y las tasas de encarcelamiento que existen en la región. En otros contextos el gasto social tiene una correlación inversamente proporcional con el encarcelamiento de tal forma que entre mayor gasto social algunos países reportan tasas más bajas de encarcelamiento. En Latinoamérica esta correlación no es clara, en parte por un conjunto de factores que caracterizan a la región, como la falta de legitimidad institucional, el miedo al delito y una larga tradición de autoritarismo político, que termina por imponer una alta presión social en las burocracias dedicadas al control del delito. La consecuencia, en parte, es que independiente de la política social que desarrolle determinado gobierno y de su gasto social, la presión social por tomar decisiones punitivistas es constante en la región y hay poca autonomía por parte de las tecnocracias del campo para tomar decisiones de otro tipo (Iturralde 2022:122-23). 

Otro punto interesante del trabajo es la relación que plantea entre fenómenos de criminalización, que constituyen patrones dentro del campo penitenciario, con el neoliberalismo. La guerra contra las drogas derivada de la postura norteamericana del gobierno de Reagan y promovida mundialmente, así como las políticas y técnicas de seguridad predominantes en la región que afectan en su mayoría a sectores de la juventud, hacen parte y son mecanismos sobre los cuales se ha extendido el neoliberalismo. El gran tema es que han logrado instalarse en el discurso público y en la gobernanza como una suerte de técnica neutral (Iturralde 2022:159), cuando detrás del telón que oculta su carga ideológica se encuentra la idea de que la responsabilidad penal es esencialmente un problema de agencia individual y de calidades morales de los delincuentes y no, por el contrario, de un conjunto de determinantes y significados culturales que impulsan y fortalecen fenómenos delictivos. 

El campo del control del delito en Latinoamérica también se ha visto moldeado por la existencia de serios retos al poder del Estado en la región. En el marco de la guerra fría, la región experimentó un incremento de las subversiones que aceleró los conflictos armados y legitimó sangrientas dictaduras a lo largo del continente. Las transiciones que surgieron para superar estos conflictos contribuyeron, a partir de sus propias experiencias, al desarrollo de un orden jurídico trasnacional-OJT que busca impedir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. La transición más tardía -e incompleta– y, en alguna medida, la más sensible a este orden jurídico, es la colombiana. La disputa jurídica sobre el valor de la transición, altamente receptiva del OJT, es una clara muestra de cómo su contenido y orientación sirve también de matriz discursiva sobre la cual se organizan las discusiones locales para fortalecer sus posiciones y deslegitimar las del contendor (Iturralde 2022:186). Su introducción en el debate público, a su vez, minimiza la responsabilidad política de los actores locales al momento de asumir una u otra posición dado que intervienen en el debate público matizando sus intereses políticos al presentarlos como exigencias derivadas del OJT. La discusión, por ejemplo, sobre el sentido del castigo y la idea de impunidad en el marco de una transición pierde lucides cuando se transforma en una discusión sobre un estándar jurídico. 

2. Un par de críticas: la persistencia y radicalización del neoliberalismo en la región y el alma partida de penalistas y criminólogos latinoamericanos 

Finalmente, vale la pena presentar dos críticas al texto. La primera está dirigida a una idea que aparece en el texto a través de un neologismo sobre otro neologismo, que es el postneoliberalismo. En nuestra lectura, lo que intenta mostrar Iturralde con esta categoría es que en la región hubo y hay proyectos políticos que han disputado el neoliberalismo, pero que no se han podido librar de él por completo. Al contrario, dado que el neoliberalismo implicaba unas técnicas de gobernanza y una lógica común basada en la maximización de la agencia individual sobre el bienestar colectivo, algunos de sus elementos persisten y, no solo eso, se han entrecruzado con diferentes apuestas políticas. En esa hibridación llena de impurezas surge algo nuevo que, por supuesto, no se desprende del todo del neoliberalismo y esa es la razón por la que resultaría útil el prefijo post. Sin embargo, si este ejercicio no está acompañado de una identificación de las rupturas y continuidades, tanto en la descripción del campo jurídico latinoamericano, como en los contornos y rasgos del campo de control del delito, la etiqueta pierde valor explicativo. Pero, no solo eso, la etiqueta puede oscurecer la persistencia de las lógicas neoliberales que, con cada vez más fuerza, se expresan en la región y que están adoptando diversas formas articuladas bajo el mismo fin de liberar los mercados y de poner al Estado al servicio del capital. En esa medida, puede que antes que un momento postneoliberal nos encontremos en un proceso de radicalización como reacción a las disputas políticas que experimentó el neoliberalismo. Las consecuencias de esta radicalización en el campo del control del delito están por verse y están lideradas en la región por políticos como Milei, Bolsonaro y Bukele. 

La segunda crítica se relaciona con la manera en que Iturralde evalúa, analiza y, sobre todo, critica el papel hegemónico desempeñado por ciertos profesionales, específicamente criminólogos en el caso del norte global y abogados penalistas en el contexto latinoamericano, en la determinación de las medidas de control del crimen. La función de estos actores sigue arraigada en una perspectiva correccionalista en linea con el proyecto ilustrado liberal, omitiendo las circunstancias particulares generadas por la economía globalizada en el campo del control del delito, así como la manera en que el derecho penal continúa favoreciendo el statu quo de las élites locales e internacionales. La crítica del autor se basa en una perspectiva decolonial que busca cuestionar el discurso homogeneizador de la modernidad. Este enfoque no es exclusivo de este texto; por el contrario, el autor lo desarrolla en conjunto con Ariza, en el texto «Del giro punitivo al giro decolonial: La distancia entre el derecho penal, la criminología y las prácticas del control del crimen en Colombia y América Latina«. En este artículo, señalan cómo los penalistas han dominado el campo, utilizando la criminología como un apéndice de la «ciencia» penal (Ariza Higuera y Iturralde 2022). 

El desarrollo de este argumento revela una resistencia hacia aquellos que buscan dominar el campo del control del delito, menospreciando el papel de otras disciplinas y ciencias. Específicamente, se relaciona con la resistencia que la criminología como disciplina autónoma genera en los contextos latinoamericanos. Además, constituye una crítica dirigida a los criminólogos del norte global, particularmente a lo que podría denominarse criminología administrativista, y al papel que desempeña en una suerte de misión civilizadora que persigue los objetivos de instituciones multilaterales como el FMI y el BID. En este punto, el texto recuerda el trabajo de Ian Taylor y su critica a los guardianes platónicos. Aunque Taylor se centra en los actores que dominan el campo del control del delito en Reino Unido, sus criticas respecto a la defensa férrea y emocional de los ideales de un derecho penal garantista, moderno y liberal son aplicables también a los contextos latinoamericanos. Así, surgen resistencias considerables para reconocer que este modelo de derecho penal se ha erosionado y ya no se ajusta plenamente a los contextos modernos (Loader 2006). 

Aunque Iturralde no lo expresa explícitamente, parece que está en sintonía con estas críticas. Él parece estar reclamando un papel desde la criminología para influir en la formación del campo del control del delito. Una influencia que adquiere un carácter epistemológico distinto, que se aleja del derecho penal y del papel del abogado penalista disciplinado en el garantismo. No se puede pasar por alto el hecho de que el Iturralde es co-fundador y ex director del Grupo de Interés Público en Prisiones, que ha participado activamente en la configuración del campo del control del delito en Colombia mediante intervenciones ante la Corte Constitucional. La gran pregunta es si este tipo de intervenciones demuestra que hay un campo que puede ser potencialmente ocupado por criminólogos; o sí, más bien, sigue siendo un campo dominado por abogados penalistas que ejercen su poder retorico y argumentativo ante ciertas audiencias, como la Corte Constitucional. En el caso de Iturralde puede simplemente que tenga el “alma partida” y que sea, a la vez, un criminólogo reclamando espacio epistémico y un abogado penalista ejerciendo poder y definiendo los contornos del campo. Sus dos almas, no obstante, son también una muestra del papel incipiente de la criminología latinoamericana y de su codependencia de papel del abogado penalista. 

En conclusión, «Orden y libertad» es un texto que nos brinda la oportunidad de explorar, en nuestra lengua, la agenda de un académico experto en campo del control del delito que ha reflexionado sobre la realidad latinoamericana a la luz del impacto de las medidas económicas a nivel global. Además, establece diálogos con destacados autores del norte global que están marcando tendencia. La propuesta es salir de los límites convencionales del ámbito del control del delito y explorar nuevas interpretaciones que nos ayuden a comprender nuestros contextos de manera más profunda. Al final es ahí, en la profundidad, donde podemos evaluar el costo del castigo en Latinoamérica. 

BIBLIOGRAFÍA

Ariza Higuera, Libardo José, y Manuel A. Iturralde. 2022. «Del giro punitivo al giro decolonial: La distancia entre el derecho penal, la criminología y las prácticas del control del crimen en Colombia y América Latina». Pp. 19-48 en Perspectivas sociojurídicas sobre el control del crimen, editado por L. J. Ariza Higuera, M. A. Iturralde, y F. L. Tamayo Arboleda. Bogotá, D.C., Colombia: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho.

Conrado, Hübner Mendes, Roberto Gargarella, y Sebastián Guidi, eds. 2022. The Oxford handbook of Constitutional Law in Latin America. First edition. Oxford: Oxford University Press.

Gargarella, Roberto. 2005. Los fundamentos legales de la desigualdad: el constitucionalismo en América ; (1776-1860). 1. ed. Madrid: Siglo XXI de Espana Editores.

Iturralde, Manuel. 2010. Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción. 1a. ed. Bogotá, D.C., Colombia: Siglo del Hombre Editores : Universidad de los Andes, Facultad de Derecho : Pontificia Universidad Javeriana, Pensar.

Iturralde, Manuel A. 2022. Orden y libertad: economía política del castigo en Colombia y Latinoamérica. Bogotá, D.C: Siglo Editorial : Universidad de los Andes, Facultad de Derecho.

Loader, Ian. 2006. «Fall of the ‘Platonic Guardians’». The British Journal of Criminology 46(4):561-86. doi: 10.1093/bjc/azi091.

Wacquant, Loïc. 2014. «The Global Firestorm of Law and Order: On Punishment and Neoliberalism». Thesis Eleven 122(1):72-88. doi: 10.1177/0725513614536136.