El backlash anti-género como estrategia jurídica

En 1979, Audre Lorde pronunció en la Second Sex Conference de la Universidad de Nueva York —convocada para conmemorar el trigésimo aniversario de la publicación de El segundo sexo de Simone de Beauvoir— su célebre ensayo «The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House». En él afirmaba que las herramientas del amo nunca desmontarán su casa; que podrían permitir una victoria pasajera siguiendo sus propias reglas, pero nunca posibilitar un cambio genuino. Para quienes se dedican al estudio feminista del derecho, esta afirmación plantea un problema difícil de eludir. Cada vez que el movimiento feminista ha alcanzado transformaciones jurídicas significativas, el backlash anti-género amenaza con revertirlas. A pesar de los avances, el entramado jurídico pareciera convertirse una y otra vez en un obstáculo para el cambio social —como advertía Eduardo Novoa Monreal— precisamente porque quienes resisten ese cambio conocen también sus mecanismos. 

Contrariamente a quienes creen que la ultraderecha desprecia las normas jurídicas e institucionales, las ofensivas regresivas contemporáneas se materializan mayoritariamente mediante legislación, decisiones judiciales, reformas constitucionales y actos administrativos, muchas veces impulsadas por gobiernos conservadores o coaliciones de extrema derecha con mayoría parlamentaria. Desde el 2020, es preocupante observar la aceleración de estas políticas restrictivas de derechos a nivel global. Analizadas en conjunto, estas medidas revelan los contornos de una estrategia jurídica internacional ultraconservadora, coordinada y deliberada. Basta revisar quiénes conforman organizaciones internacionales como la Political Network for Values, la cual fue dirigida entre 2022 y 2024 por el actual presidente de Chile José Antonio Kast, para entender su real incidencia política.

En marzo de 2026, durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70), al discutirse un texto de acuerdo denominado “Women, the girl child and HIV and AIDS”, Estados Unidos se opuso a la utilización de las frases “salud y derechos sexuales y reproductivos”, acusando, en sus palabras, la utilización de las instituciones multilaterales por “fuerzas malignas que propagan peligrosas ideologías de género”. Asimismo, presentó en la sesión de cierre, sin negociación previa, una resolución titulada Protection of Women and Girls Through Appropriate Terminology, que buscaba redefinir el término género en todos los instrumentos de la ONU como referido exclusivamente a hombres y mujeres en sentido biológico. La moción de no acción presentada por Bélgica en nombre de la Unión Europea fue aprobada por 23 votos, con los  votos en contra de Estados Unidos, Pakistán y Chile —este último bajo el gobierno de Kast—. La delegación argentina, por su parte, declaró entender el término género conforme al Estatuto de Roma, en una posición deliberadamente ambigua. Por primera vez en los 70 años de la Comisión, sus Conclusiones Acordadas fueron adoptadas mediante votación en lugar de consenso.

 

Los derechos reproductivos y el aborto como campo de batalla constitucional

En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, la regresión más emblemática fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 24 de junio de 2022 en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que dejó sin efecto el precedente establecido en Roe v. Wade. Desde el punto de vista constitucional, la decisión eliminó la protección federal del derecho al aborto, devolviendo a los estados la competencia para regularlo. Tras el fallo, más de veinte estados han impuesto prohibiciones o restricciones significativas, configurando un escenario de alta fragmentación normativa y litigación continua, cuyo estado actualizado puede consultarse en el Guttmacher Institute. 

En Polonia, el Tribunal Constitucional eliminó en 2020 las causales vinculadas a malformaciones fetales, generando una prohibición casi total del aborto en un país que ya contaba con una de las legislaciones más restrictivas de Europa. En Honduras, en 2021 se aprobó una reforma al artículo 67 de su Constitución para prohibir el aborto de forma absoluta, profundizando una política restrictiva que desde 2009 incluye la prohibición de la anticoncepción de emergencia, según documenta el Center for Reproductive Rights. Perú, por su parte, aprobó en noviembre de 2023 la Ley N° 31935, que reconoce al “concebido” como sujeto de derechos plenos desde la concepción, modificando el Código Civil. A esta norma se sumó la Ley N° 32000 de abril de 2024, orientada a la protección del embarazo y del denominado «niño por nacer», afianzando un marco jurídico que busca equiparar los derechos del feto a los de la persona nacida.

 

La restricción de los derechos de las personas trans y de la diversidad sexual 

El backlash anti-género en materia de derechos de las personas trans y de la diversidad sexual adopta tanto formas de restricción utilizando el derecho administrativo como el derecho penal. En Estados Unidos, desde 2021 al menos veinticuatro estados han aprobado prohibiciones o restricciones a tratamientos médicos de afirmación de género para personas menores de edad, como terapias hormonales o bloqueadores de pubertad, en un contexto de intensa litigación constitucional que ha llegado a la Corte Suprema, tal como documenta la ACLU. Desde 2022, diversas legislaturas estatales han aprobado normas que restringen la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género, entre ellas la House Bill 1557 del Estado de Florida del mismo año, que prohíbe expresamente la instrucción o discusión sobre estas materias en determinados niveles educativos. A ello se añade la expansión de la denominada Global Gag Rule, que condiciona el financiamiento internacional a la no realización, asesoría ni promoción del aborto como método de planificación familiar, incluso cuando la organización utilice fondos propios, y que en su versión más reciente incorpora restricciones vinculadas a la identidad de género y a políticas de diversidad, equidad e inclusión.

En Hungría, la Asamblea Nacional —dominada entonces por el partido ultraderechista Fidesz, cuyo gobierno fue derrotado electoralmente en abril de 2026— aprobó en mayo de 2020 una ley que prohíbe el cambio de sexo registral a las personas trans. En diciembre de ese mismo año, el gobierno de Orbán impulsó una reforma constitucional que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo; en 2021 prohibió la «descripción o promoción» de la homosexualidad y la transexualidad en contenido dirigido a menores, incluyendo medios de comunicación, publicidad, escuelas y librerías; y en 2025 reformó la ley de protección de la infancia para restringir las marchas del orgullo gay en determinadas condiciones. En septiembre de 2022, el Ministerio del Interior húngaro aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal de forma previa a la interrupción del embarazo.

En Georgia, la ley sobre «valores familiares y protección de menores«, aprobada por el Parlamento en septiembre de 2024, establece la prohibición del reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo, excluye a las personas no heterosexuales de la adopción, restringe las intervenciones médicas relacionadas con la identidad de género y limita la expresión pública de identidades LGBTI. En Rusia, la Duma Estatal amplió en 2022 la legislación contra la denominada “propaganda LGBT” (original de 2013 y que solo se refería a menores de edad) a toda la población adulta, e incorporó también la prohibición de la «propaganda» sobre cambio de sexo (Katsuba, 2026). Además, el 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia declaró al “movimiento LGBT” como organización extremista. 

En América Latina, el caso argentino ilustra un mecanismo particular del backlash anti-género mediante el cual el poder ejecutivo lleva a cabo políticas regresivas dictando decretos que eluden el debate parlamentario. En 2025, el gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Identidad de Género —reconocida internacionalmente como una norma pionera en materia de autoidentificación de género— mediante dos decretos, uno prohibiendo el acceso de menores de 18 años a tratamientos de afirmación de género y otro priorizando el sexo registral sobre la identidad autopercibida para la ubicación de personas trans en las cárceles. 

En Argentina, apenas asumió el gobierno de Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue desarticulado mediante el Decreto 8/2023. Luego, lo degradó a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano, que fue trasladada al Ministerio de Justicia en 2024 y finalmente fue formalmente eliminada en julio de 2024. Por primera vez en décadas, Argentina carece de cualquier repartición del Ejecutivo nacional con competencias específicas en esta materia. Disolvió, además, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), organismo creado en 1995 que era el punto de referencia institucional para personas LGBTI+ en situaciones de discriminación.

La tendencia criminalizadora de la diversidad sexual se manifiesta con especial crudeza en otras regiones. El Parlamento de Uganda promulgó el 26 de mayo de 2023 la Anti-Homosexuality Act, que contempla penas de cadena perpetua. El Consejo de Representantes de Irak aprobó en abril de 2024 una reforma a la Ley de Combate a la Prostitución (1988). La ley reformada pasó a denominarse Law on Combating Prostitution and Homosexuality y contempla penas de 10 a 15 años de prisión por relaciones entre personas del mismo sexo. En la misma línea, la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso reformó en 2025 el Código de Personas y de la Familia (Code des personnes et de la famille), para incorporar sanciones de 2 a 5 años de prisión a «autores de prácticas homosexuales».

En materia de violencia de género, Rusia aprobó en febrero de 2017 la Ley Federal N° 8-FZ, que despenaliza parcialmente la violencia doméstica. Turquía, por su parte, formalizó en 2021 la retirada del Convenio de Estambul —el tratado del Consejo de Europa destinado a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres— mediante decisión presidencial de Recep Tayyip Erdoğan adoptada el 20 de marzo de ese año.

 

El derecho como terreno en disputa

Este panorama internacional de los últimos años permite concluir que el backlash anti-género contemporáneo ha internalizado la centralidad del derecho. Los actores ultraconservadores no ignoran o eluden el orden jurídico; procuran capturarlo, reformularlo y movilizarlo como vector de sus propios proyectos políticos. Para la teoría jurídica feminista esto debe alertar en el sentido de que si el derecho es simultáneamente el terreno de las conquistas y el instrumento de los retrocesos, la pregunta por su potencial emancipatorio no puede responderse de forma abstracta. Requiere, en cambio, un análisis permanente de las condiciones bajo las cuales el derecho opera y de las correlaciones de fuerza que determinan su dirección.

El backlash anti-género, históricamente estudiado, se manifiesta cíclicamente como una respuesta a las conquistas jurídicas del feminismo. Novoa Monreal decía que «ni el mundo permanece estático ni la vida detiene su curso tan sólo porque algunos hombres, ayudados por instituciones dispuestas para ello, quieran ahogar la dinámica de la historia». Esta frase, formulada en otro contexto, conserva hoy toda su vigencia porque los retrocesos documentados en estas líneas ilustran una de sus tensiones constitutivas. Precisamente por ello, el derecho no puede ser ni abandonado como si fuera un instrumento agotado ni naturalizado como si fuera una garantía permanente de progreso. El derecho es, para el feminismo, un terreno en permanente disputa.