¿Por qué está en crisis el derecho internacional?

El mundo de ayer es el título de una célebre obra de Stefan Zweig, en la que el gran escritor austriaco expuso las tormentosas circunstancias vitales que le tocó atravesar, desde la Gran Guerra hasta el ascenso del nazismo y el estallido de la segunda guerra mundial, cuyo desenlace no llegó a conocer: en 1942, en su exilio brasileño, se suicidó junto con su esposa, desesperado ante una expansión del fascismo que consideraba inapelable.

La premisa de El mundo de ayer se deja leer en el mismo título: Zweig narra su historia desde la conciencia de que el «mundo de la seguridad» —el de su infancia y su juventud en la Viena del cambio de siglo— había desaparecido para siempre, asediado por unos poderes políticos, económicos y tecnológicos feroces, que habían desestabilizado por completo un orden mundial basado en los valores humanistas de aquella vieja Europa que él veía encarnada en la figura de Erasmo: «hoy, cuando aquel mundo de seguridad hace tiempo que fue arrasado por la gran tormenta, sabemos de una vez por todas que era un castillo de naipes».

No comparto la querencia nostálgica de Zweig por esa civilización humanista que se habría venido al traste. El humanismo no fue un movimiento libre de mácula, sino que estaba lleno de ambigüedades que después acarrearon consecuencias desastrosas: una visión prometeica de lo humano que sentó las bases para la crisis ecológica, un estatalismo que dio pie al despojo de la organización comunal característica del Medievo, una hybris etnocéntrica que desembocaría en el colonialismo y el imperialismo, entre tantas otras cosas. Sin embargo, es cierto que hay mucho de digno y aprovechable en aquel humanismo, que efectivamente fue desmantelado tras el embate del fascismo, y que justifica la ansiedad de Zweig al hablar del desvanecimiento del «mundo de la seguridad».

Pienso mucho en Zweig en estos últimos meses, en los que estamos asistiendo a un desmontaje acelerado de los ya maltrechos mimbres de la civilización jurídica contemporánea. Se puede constatar en muchos órdenes, desde el nivel local hasta el internacional, pero me gustaría centrarme en este último. La promesa del humanismo podría describirse con el lema de «la cultura nos salvará»: la alfabetización universal, la ciencia como faro del progreso, la ilustración como soporte de la democracia, etc. En cambio, la promesa del mundo de la segunda posguerra mundial podría describirse bajo el rótulo de «el derecho nos salvará»: los derechos humanos, un orden internacional basado en el multilateralismo, un constitucionalismo rígido destinado a embridar los desafueros del poder político de turno…

Por desgracia, ni la cultura nos salvó —ésa fue la trágica constatación de la Escuela de Frankfurt, que vio cómo una de las naciones más cultas de Occidente, Alemania, fue al mismo tiempo la responsable de la mayor de sus atrocidades—, ni el derecho nos rescatará en el trance actual. En estos días en los que el sistema de Naciones Unidas parece derrumbarse a marchas forzadas, en los que la administración Trump se ha vuelto a embarcar en una deriva belicista de consecuencias impredecibles —el ataque a Venezuela e Irán, las amenazas sobre Groenlandia, las coacciones a la Unión Europea—, se escuchan muchas apelaciones al derecho internacional como dique de contención. Se reivindica su vigencia, se condenan sus vulneraciones, se argumenta contra Trump o contra Putin por su falta de respeto a la legalidad internacional, y asistimos a innumerables rasgaduras de vestiduras por el incumplimiento flagrante de los requisitos legales para emprender la guerra. Sin embargo, hay algo de canto de sirena en todas estas lamentaciones, una vaga sensación de que se trata de argumentos débiles, pequeños, impotentes.

Quizá pensábamos que invocar el derecho era tanto como dar un puñetazo encima de la mesa, pero ahora nos damos cuenta, seguramente con vértigo, de que invocar el derecho equivale a poco más que una gesticulación sobreactuada. Somos en parte responsables de esto. En las facultades se nos enseña que el derecho tiene «la última palabra», que el derecho cierra discusiones, que los derechos humanos configuran la esfera de «lo indecidible», que determinados principios jurídicos son «inderrotables», y tendemos a contentarnos con esta clase de afirmaciones. Entiéndaseme bien: no me parece mal que el derecho contenga cláusulas potencialmente intraspasables. Toda la gracia de los derechos humanos consiste en esto. Por ejemplo, configurar la prohibición de la tortura como un límite infranqueable fue una conquista que ojalá se hubiera logrado mantener. Pero lo cierto es que no se mantuvo: desde las torturas de Abu Graib en Estados Unidos hasta las torturas de los GAL en la España de Felipe González, pocos países han sido consecuentes con aquel noble ideal. 

Y no se ha mantenido, precisamente, porque nos hemos contentado con apelar al derecho de modo puramente formal, bajo la presunción de que su validez puede sostenerse por sí sola. Los juristas tienden a pensar en términos «técnicos», a reconducir las discusiones a razones exclusivamente normativas, a diluir los debates en meras invocaciones a la autoridad del derecho. Ni siquiera las teorías argumentativas están libres de esta propensión: es verdad que, frente al positivismo formalista de estricta observancia, las corrientes «argumentativistas» reivindican la importancia del razonamiento moral como soporte de las normas. Sin embargo, tienden a despolitizar la discusión, porque suelen quedarse en el llamamiento a un ejercicio del derecho más virtuoso desde el punto de vista argumentativo —un papel que, normalmente, se hace recaer en la judicatura—, cuando la clave está en la existencia de una cultura democrática robusta que, a través de una ciudadanía organizada, participe en el debate público y sirva de sustento al texto jurídico.

¿Cómo se refleja todo esto en lo que respecta al derecho internacional? En realidad, la erosión del derecho internacional como instancia reguladora de las relaciones entre Estados no es un fenómeno reciente. Desde la misma génesis del sistema de Naciones Unidas, ha estado marcado por graves carencias de diseño —el Consejo de Seguridad está controlado por algunas grandes potencias con poder de veto— y por una inconsecuencia manifiesta: la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, entre otras, se hicieron contra la legalidad internacional y contribuyeron a poner su eficacia en tela de juicio. Sin embargo, el deterioro que está verificándose en los últimos años es particularmente severo. Hay varias razones que explican este declive, pero una de ellas tiene que ver con el hecho de que no existe una cultura política, jurídica y social suficientemente sólida capaz de insuflarle vida.

Hubo un tiempo, en efecto, en que el internacionalismo, el pacifismo, el antimilitarismo y el anticolonialismo eran movimientos con una gran presencia pública. No es que hayan desaparecido, pero no gozan de la salud que tuvieron. Asistimos a un repliegue soberanista, a un reverdecimiento del imperialismo y a un rearme que corre en paralelo con una cultura social que, de la mano del fascismo, vuelve a exaltar los valores de la violencia y la ley del más fuerte. Hace poco comenté con mis estudiantes un texto de Carl Schmitt de 1962, en el que el gran jurista nazi arremetía duramente contra el anticolonialismo. Se trata de la versión escrita de una conferencia que pronunció en Madrid, invitado y agasajado por Manuel Fraga —a la sazón ministro bajo la dictadura de Franco, después fundador del Partido Popular y finalmente presidente de la Xunta de Galicia en época democrática—, en la que Schmitt abogaba por un orden mundial construido sobre la base de los «Grandes Espacios», es decir, macro-imperios que estarían llamados a ejercer el dominio en sus respectivas áreas de influencia. No es casual que, precisamente, Schmitt atacara a los movimientos anticoloniales como antesala de la demolición de un orden internacional basado en el derecho.

Me parece una lección importante de atesorar. Ningún derecho se sostiene solo, porque el derecho no es el texto: es la cultura jurídica y social que lo acompaña. Si defendemos el endurecimiento de las políticas fronterizas, si vemos al extranjero como enemigo, si arqueamos las cejas cuando se habla de antimilitarismo, si blanqueamos e incluso defendemos los imperios históricos o actuales, difícilmente tendremos un derecho internacional fuerte. Porque el derecho, entendido en abstracto, es frágil y precario, una débil superestructura que depende de la correlación de fuerzas subyacente. Por eso, cuando contemplamos con angustia la escalada bélica en Oriente Próximo, no basta con alzar la voz en nombre del derecho internacional: hace falta movilizarse con rotundidad contra el genocidio, el racismo, el imperialismo y el belicismo, y hace falta que esas movilizaciones cristalicen en organizaciones sociales de largo aliento, no meramente episódicas.

En definitiva, la fuerza del derecho no depende de arreglos institucionales mejor o peor engrasados, ni de la «voluntad» de los Estados, ni de la dureza de sus sanciones, sino de un clima sociocultural que envuelve a todo lo demás. En este sentido, «politizar» el derecho es una tarea crucial. Pero no para ponerlo en manos de partidos o de grupos de presión, sino para dotarlo de una vida que es imprescindible para su existencia: si queremos un mundo basado en los valores de la paz y los derechos, de la amistad y el diálogo entre culturas, entonces es imprescindible reconstruir un frente social orientado hacia el pacifismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo. «No a la guerra», «OTAN No, bases fuera», vuelven a ser emblemas necesarios: hay ideas y reivindicaciones que, por anticuadas que puedan parecer, nunca pasan de moda.