Cuando el censor tiene chequera: el precio de informar en Ecuador

La década en la que Rafael Correa gobernó Ecuador (2007-2017)  es recordada por sus ataques a los medios de comunicación. Las imágenes de Correa rompiendo portadas de medios críticos durante sus enlaces semanales conocidos como “sabatinas” recorrieron el mundo. Según Correa, los periódicos no servían más que para madurar aguacates. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron la manera en que se utilizaba la legislación para silenciar voces críticas, principalmente el Código Penal y la Ley Orgánica de Comunicación. Los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH y de la ONU fueron sumamente críticos de la manera en que se utilizó el derecho para sancionar al diario El Universo con una condena penal millonaria por una columna de opinión.

La situación de la libertad de expresión en Ecuador ya no ocupa la atención de medios nacionales o internacionales, pero no ha mejorado, simplemente ha cambiado de forma. En ciertos casos, el ejercicio del periodismo tiene el precio más alto: la vida. Pero además es  indispensable visibilizar un fenómeno que también tiene un precio: la censura indirecta. 

No me refiero a la censura que se ejerce a través del derecho, como en la época del correísmo, sino con chequera en mano, como en el noboísmo. Difícilmente podemos hablar de libertad de prensa cuando el poder político y el poder económico están fusionados en las mismas manos, y esas manos disponen de una capacidad de gasto prácticamente ilimitada. Difícilmente puede llamarse democracia a un gobierno en el que si bien existen elecciones y jueces, el pluralismo informativo depende de la voluntad de quien tiene el dinero para comprarlo, condicionarlo o silenciarlo. No hay mucho que los jueces puedan hacer cuando la censura no proviene de la aplicación de la ley, sino de las presiones económicas del propio gobernante o de los cientos de empresas vinculadas a los negocios de su familia. El patrimonio privado de empresas alineadas al oficialismo se ha convertido en un mecanismo capaz de condicionar los contenidos editoriales y las decisiones sobre a quién entrevistar o no. 

Ya no se trata “sólo” del uso de la pauta oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación con base en su línea editorial. La pauta privada es el principal mecanismo de silenciamiento de los medios. La pauta privada se ha convertido en un mecanismo capaz de asfixiar financieramente a los medios críticos, o de allanar el camino hacia su compra, como ocurrió en febrero de este año, cuando la familia Pérez anunció la venta de sus acciones del diario El Universo a un grupo de inversionistas liderado por el empresario  José Luis Manzano que continúa ampliando su alcance en América Latina. El año anterior, ya se había consumado una operación que anticipaba este patrón cuando Galamedios, una empresa constituida apenas un mes antes por un asambleísta suplente del movimiento oficialista ADN, adquirió Radio Centro y el medio digital La Posta en transacciones que sumaron 2.6 millones de dólares. Hasta ese momento, La Posta era un medio digital muy influyente en el país y, tras su compra, asó de ser el portal que destapaba graves escándalos de corrupción a tener una presencia prácticamente irrelevante en el debate público. Como apunta Moncagatta, “el poder compró La Posta y lo calló”.

Ante la extinción o el silenciamiento de los medios en las últimas décadas, prácticamente todo el debate público en Ecuador se trasladó a las redes sociales. Inicialmente, las redes cumplieron su función de pluralizar voces. Pero lo cierto es que un patrimonio millonario, puesto al servicio del poder político, permite no sólo comprar plataformas digitales sino también financiar cuentas que se hacen pasar por medios y se dedican a desprestigiar y desinformar. 

El fenómeno de la censura indirecta no es nuevo. Ya en 2001 en el Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado señalando que la resolución que dejó sin efecto la nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad  de expresión, así como la de los periodistas que investigaban para  su programa de televisión.

El patrón de censura ejercida con patrimonio privado no es exclusivo del gobierno actual. Casos similares vienen ocurriendo desde hace varios años. Lo que sí resulta inédito es la velocidad con la que se ha acelerado el deterioro. Basta con reconstruir la secuencia de lo que va de 2026 para dimensionar la magnitud del fenómeno. 

En enero, la periodista Gisella Bayona salió de TC Televisión, medio privado pero controlado mayoritariamente por el Estado. Según Bayona, su salida se debió a que sus editoriales en redes sociales, críticas al gobierno, generaron incomodidad dentro de TC. En marzo, el caricaturista Xavier Bonilla, conocido como Bonil, dejó el diario El Universo después de que seis de sus caricaturas no fueran publicadas, sin que le hayan dado una explicación.  En junio, el reportero de Ecuavisa Hernán Higuera afirmó en sus redes: “He decidido dejar la investigación del #CasoProgen tras hechos que afectaron a mi familia.” El caso Progen se refiere a la investigación por un presunto delito de peculado en contratos de emergencia firmados durante la crisis energética de 2024. En agosto, el agudo cronista Roberto Aguilar fue separado del diario Expreso. Cabe recordar que a inicios de año, la empresa editora de los diarios Expreso y Extra (Granasa), fue intervenida por la Superintendencia de Compañías luego de un pedido gubernamental explícito de que se desvinculara a los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar, según el abogado representante del medio. En ese entonces, el medio respondió con portadas en blanco. Pero meses más tarde, Aguilar fue desvinculado y relató que los anunciantes privados del diario fueron presionados y amenazados para retirar la pauta. En otro caso, a fin de agosto, el presidente Noboa se refirió en una entrevista a periodistas que cuestionan a su gobierno y dijo tener lista una investigación en su contra.  Horas después, cuentas de redes sociales que se dedican a publicar propaganda favorable al gobierno iniciaron una campaña de desprestigio contra la periodista Gisella Bayona, manipulando capturas de pantalla de la Fiscalía para relacionar al esposo de Bayona con presuntos delitos. La desinformación fue inmediatamente amplificada por otras cuentas. Ante el hostigamiento, Bayona anunció su retiro definitivo del periodismo. En septiembre, el periodista Fabricio Vela anunció su salida del canal RTU, debido al intento del medio de frenar la emisión de una entrevista ya producida debido a la amenaza de suspensión de pauta. 

Estos hechos exigen actualizar la doctrina clásica de censura indirecta al menos en dos sentidos. Primero, en cuanto al sujeto que ejerce la presión. La doctrina interamericana desarrollada desde Ivcher Bronstein fue construida sobre el abuso de controles que el Estado administra directamente, como las frecuencias o la pauta oficial. Se reprocha al Estado por usar recursos públicos para premiar o castigar según la línea editorial. Pero las nuevas formas de censura indirecta en Ecuador no pasan necesariamente por el uso de fondos públicos o el abuso de controles estatales, sino por el uso del patrimonio de empresas privadas. Esto es especialmente complejo en un mercado donde numerosas empresas mantienen vínculos comerciales, directos o indirectos, con los negocios de la familia del primer mandatario, lo que multiplica los canales de presión disponibles. ¿Hasta dónde es posible imputar al Estado una presión ejercida, en apariencia, por particulares que libremente deciden dónde invertir su publicidad?

Segundo, en cuanto al mecanismo empleado. El catálogo clásico de censura indirecta fue pensado para medios tradicionales que se relacionan con el Estado a través de  frecuencias o licencias, que pagan impuestos, etc. Ese catálogo no anticipó la manipulación informativa en redes a través de cuentas que se hacen pasar por medios de comunicación o portales de investigación independientes para instalar narrativas de desprestigio con apariencia de neutralidad periodística. El financiamiento de estas plataformas es más difícil de rastrear y, nuevamente, resulta más complejo regular la manera en que los particulares deciden expresarse o informarse a través de redes sociales. 

Dado que el silenciamiento que se ejerce a través de la pauta privada o de plataformas de desinformación no proviene necesariamente del gobierno o de empresas directamente vinculadas al primer mandatario, resulta complejo atribuir responsabilidad estatal bajo las categorías tradicionales. La manera en que patrimonios privados prácticamente ilimitados se fusionan con el poder político está poniendo en tensión algunos de los conceptos clásicos con los que solíamos atribuir responsabilidad por la violación de los derechos.

Pero una democracia exige que los ciudadanos podamos acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones para formar nuestras propias opiniones y decisiones políticas. Los medios deberían ser el vehículo a través del cual pueden transitar diferentes ideas, incluso aquellas que resultan incómodas para el gobierno. No obstante, en el Ecuador actual no existen las condiciones para el ejercicio del periodismo ni para un debate público robusto. Impera el miedo, y no la libertad; esa misma libertad que las empresas requieren como condición para la inversión y el desarrollo. 

Durante el correísmo, el uso del poder estatal contra medios y periodistas críticos afectó el ecosistema democrático en su conjunto; lo propio ocurre con el uso del poder económico durante el noboísmo. El correísmo debió gobernar en tensión permanente con las cámaras empresariales y la prensa privada, que actuaron como un verdadero contrapoder frente al ejecutivo. El gobierno actual, en cambio, no encuentra en el empresariado un contrapeso, sino un aliado silencioso. Cabe entonces preguntarse si ese empresariado es consciente del efecto que, a largo plazo, esta dinámica puede tener sobre la misma democracia que garantiza su derecho de propiedad, su libertad de empresa y su libertad de asociación.