Tuve el honor de ser convocada, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Márcia Barbosa y Souza y su familia contra Brasil, para prestar esclarecimientos, en calidad de testigo técnico, sobre las inmunidades parlamentarias formales en el ordenamiento constitucional brasileño y su compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). El referido caso fue sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte, en junio de 2019, en el cual se requiere la responsabilidad del Estado brasileño por los hechos relacionados al feminicidio de Márcia Barbosa de Souza.

Márcia fue asesinada por el exdiputado estatal Aércio Pereira de Lima y, por el sistema de inmunidades parlamentarias formales vigentes en Brasil en la época, fue imposible establecer la verdad de los hechos y la culpabilidad de los responsables por su muerte. En el caso, la inmunidad parlamentaria se convirtió en impunidad, en los términos del informe de la CIDH. La denegación del procesamiento del parlamentario por la Casa Legislativa a la que pertenecía, por dos veces, violó el derecho a un proceso justo, al principio de la igualdad y de la no discriminación y a la protección judicial del derecho a la vida de la víctima - concluye adecuadamente la Comisión. En su informe la CIDH recomendó, entre otras cuestiones, al Estado brasileño adaptar la estructura normativa brasileña para garantizar que la inmunidad parlamentaria se limite a los fines que busca cumplir, y no un obstáculo a la investigación de las violaciones de los derechos humanos.

No habiendo dado una respuesta satisfactoria de cumplimiento a la CIDH, el caso fue remitido a la Corte que realizó audiencia de instrucción del caso a principios de este año. Es el primer precedente de la Corte IDH que tratará del instituto de las inmunidades parlamentarias.

El tema de las inmunidades parlamentarias convive - en abstracto - en armonía con la protección de los derechos humanos desde las primeras previsiones constitucionales modernas. Su objetivo es proporcionar a los órganos legislativos mayor libertad para el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta la necesidad del equilibrio de poderes.

La tradición constitucional occidental albergó, en esta medida, el instituto de las inmunidades parlamentarias, de naturaleza material (Freedom of Speech) y formal (Freedom from Arrest), teniendo gradaciones del instituto en contextos más o menos democráticos. Esta es la razón por la cual su permanencia se une al propio concepto de Estado Democrático de Derecho. 

Se trata de las inmunidades de proteger la actuación parlamentaria y garantizar el libre funcionamiento del parlamento. Sin embargo, se verifica, el creciente cuestionamiento de la conveniencia del instituto, ya que tales prerrogativas pueden, por diversas razones, degenerarse en privilegios, siendo mal aplicadas e interpretadas -como ocurrió en el caso Marcia Barbosa-.

Aun cuando haya un cuestionamiento crítico importante sobre las inmunidades, nos parece bastante relevante la importancia de la permanencia del instituto de la inmunidad parlamentaria para la democracia constitucional, sobre todo en escenarios de degradación democrática en que los órganos de control no encuentren las condiciones de independencia y libertad para actuar. Este es el lamentablemente escenario que se extiende en nuestra región, y en especial, en Brasil desde donde escribo.

Sin embargo, su permanencia debe darse con criterios relacionados al propio ethos constitucional de su previsión. Fue exactamente esta la tesis que sostuve como expert witness ante la Corte, en consonancia con las conclusiones de la CIDH. Es necesario, pues, que se desarrolle un estándar para aplicación de la inmunidad parlamentaria que se derive de la protección exclusiva de la actividad relacionada con el Parlamento, de modo directo o indirecto.

Así, es fundamental establecer un procedimiento claro - en los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH definido como proceso transparente y orientado objetivamente a la obtención de su finalidad - para aplicación de las inmunidades formales a fin de establecer, con fundamentación y celeridad, las decisiones adoptadas en relación con las detenciones y el procesamiento de los parlamentarios, con respecto a:

  1. los indicios involucrados en la práctica delictiva en comento, sobre todo con relación con hechos graves inconexos con la actuación parlamentaria. En especial cuando se trate de delitos que impliquen graves violaciones de derechos humanos - como en el presente caso de feminicidio; 
  2. la eventual motivación política que pueda haber detrás de las circunstancias - lo que supone la conexión del instituto de las inmunidades parlamentarias con la actividad institucional propia, o incluso, indirectamente conectada; 
  3. el derecho el contradictorio y amplia defensa en todo el curso del procesamiento interno y
  4. el cumplimiento de la carga argumentativa de motivación de las decisiones tomadas. 

Fue, por tanto, indebido el modo desproporcional con que se aplicaron las inmunidades formales en el caso, configurando obstáculo y retraso injustificado en las investigaciones de la muerte de Márcia Barbosa; lo que genera - y así se espera que se reconozca por la Corte IDH - la responsabilidad internacional del Estado brasileño. Con el fin de establecer diálogos entre los sistemas de derechos humanos, es importante subrayar que el Tribunal Europeo ya ha considerado incompatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos las inmunidades amplias sin motivación, en la misma línea que aquí se argumenta.

Pese  los cambios constitucionales en la constitución brasileña han buscado dar una respuesta al Sistema Interamericano y reducir la sensación de impunidad encubierta por las inmunidades formales, no es lo que se verificó en realidad. En cuanto a la inmunidad formal, la enmienda constitucional supuso la sustitución de la licencia previa por la posibilidad de suspensión del procedimiento por la Casa Legislativa; el efecto práctico es, todavía, el mismo.

Independiente de tal enmienda a la constitución es fundamental, sobre todo cuando estamos ante graves violaciones de derechos humanos, aumentar el rigor en la aplicación del instituto de las inmunidades formales con relación a la actividad parlamentaria: con relación a las funciones institucionales típicas, o, de modo indirecto, en casos de imputación de delitos falsos por motivaciones políticas derivadas de su actividad parlamentaria. 

El instituto de la inmunidad parlamentaria procesal fue concebido idealmente para atender a la independencia del Poder Legislativo, buscando garantizar el libre ejercicio de la actividad legislativa. Este es un importante instrumento de fortalecimiento del parlamento contra abusos, sin embargo, su tergiversación acaba por acarrear un efecto contrario, debilitando el legislativo e incluso deslegitimando a la institución frente a la opinión pública. 

Desde el punto de vista de las críticas contemporáneas al sistema constitucional de las inmunidades parlamentarias formales, lo ideal sería apuntar hacia su supresión progresiva. Sin embargo, esto solo puede ser sostenido dentro de escenarios de consolidación del rule of law, con la actuación firme e independiente garantizada al Poder Judicial, y aún, con la posibilidad del control popular por medio de acceso a la información y libre funcionamiento de los medios de comunicación. Ante el escenario de retrocesos democráticos y avances populistas en nuestra región, no nos parece que este horizonte se ubique como recomendable. 

Por todo, es fundamental consolidar una hermenéutica constitucional y convencional que limite el alcance de la inmunidad parlamentaria formal para que la prerrogativa no se convierta en privilegio, sobre todo en casos graves de violaciones de derechos humanos que nada tienen que ver con el mandato parlamentario, como el feminicidio de Marcia Barbosa. 

Tive a honra de ser convocada, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), no caso Márcia Barbosa e Souza e sua família versus Brasil, para prestar depoimento, na qualidade de testemunha técnica, sobre as imunidades parlamentares formais no ordenamento constitucional brasileiro. O referido caso foi submetido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) à Corte, em junho de 2019, no qual se requer a responsabilidade do Estado brasileiro pelos fatos relacionados ao feminicídio de Márcia Barbosa de Souza.

Márcia foi assassinada pelo ex-deputado estadual Aércio Pereira de Lima e, pelo sistema de imunidades parlamentares formais vigentes no Brasil à época, foi impossível estabelecer a verdade dos fatos e a responsabilização dos responsáveis por sua morte. No caso, a imunidade parlamentar converteu-se em impunidade, nos termos do relatório da CIDH. A denegação do processamento do parlamentar pela Casa Legislativa a que pertencia, por duas vezes, violou o direito a um processo justo, ao princípio da igualdade e da não discriminação e à proteção judicial do direito à vida da vítima – conclui adequadamente a Comissão. 

Em seu relatório a CIDH recomendou, dentre outras questões, ao Estado brasileiro adaptar a estrutura normativa brasileira para garantir que a imunidade parlamentar seja limitada aos fins que busca cumprir, e não um obstáculo à investigação das violações dos direitos humanos. 

Não tendo dado uma resposta satisfatória de cumprimento à CIDH, o caso que foi remetido à Corte que realizou audiência de instrução do caso no início deste ano. É o primeiro precedente da Corte IDH que tratará do instituto das imunidades parlamentares. 

O tema das imunidades parlamentares convive – em abstrato – em harmonia com a proteção dos direitos humanos desde as primeiras previsões constitucionais modernas. Seu intuito de proporcionar aos órgãos legislativos maior liberdade para o exercício das suas funções, tendo em conta a necessidade do equilíbrio de poderes.

A tradição constitucional ocidental albergou, nesta medida, o instituto das imunidades parlamentares, de natureza material (freedom of speech) e formal (freedom from arrest), tendo gradações do instituto em contextos mais ou menos democráticos. Eis a razão pela qual sua permanência liga-se ao próprio conceito de Estado Democrático de Direito. 

Tratam-se as imunidades de guarida à atuação parlamentar e garantir o livre funcionamento do parlamento. No entanto, verifica-se, o crescente questionamento da conveniência do instituto, já que tais prerrogativas podem, por diversas vezes, degenerar-se em privilégios, se mal aplicadas e interpretadas – como ocorreu no caso Marcia Barbosa.

Ainda que haja relevante questionamento crítico sobre as imunidades, parece-nos bastante relevante a importância da permanência do instituto da imunidade parlamentar para a democracia constitucional, sobretudo em cenários de degradação democrática em que os órgãos de controle não encontrem as condições de independência e liberdade para atuar. Este infelizmente é o cenário que se alastra na nossa região, e em especial no Brasil desde onde escrevo.

Todavia, sua permanência deve dar-se com critérios relacionados ao próprio ethos constitucional de sua previsão. Foi exatamente esta a tese que sustentei como expert witness perante a Corte, em consonância com o relatório da CIDH. Eis, portanto, o double standard para aplicação da imunidade parlamentar que deriva da proteção exclusiva à atividade relacionada com o Parlamento, de modo direto ou indireto. 

Assim, é fundamental estabelecer um procedimento claro – nos termos da jurisprudência da Corte IDH definido como processo transparente e voltado objetivamente à obtenção de sua finalidade – para aplicação das imunidades formais a fim de estabelecer, com fundamentação e celeridade, as decisões tomadas em relação às prisões e processamento dos parlamentares, com respeito: 

  1. aos indícios envolvidos na prática delitiva em comento, sobretudo com relação fatos graves desconexos com à atuação parlamentar. Em especial quando se tratar de delitos envolvendo graves violações de direitos humanos – como no presente caso de feminicídio; 
  2. à eventual motivação política que possa haver por detrás das circunstâncias – o que apela à conexão do instituto das imunidades parlamentares com a atividade institucional própria, ou ainda, indiretamente conectada; 
  3. o direito o contraditório e ampla defesa em todo o curso do processamento interno e
  4. o cumprimento do ônus argumentativo de fundamentação das decisões tomadas. 

Isso considerado conclui-se que foi indevido o modo abrangente com os quais as imunidades formais foram aplicadas no caso, configurando-se obstáculo e atraso injustificado nas investigações da morte de Márcia Barbosa; o que gera – e assim espera-se reconheça a Corte IDH - a responsabilidade internacional do Estado brasileiro. A fim de estabelecer diálogos entre os sistemas de direitos humanos, impende salientar que o Tribunal Europeu já julgou incompatíveis com a Convenção Europeia de Direitos Humanos as imunidades amplas sem fundamentação, na mesma linha do que aqui se argumenta.

Em que pese mudanças constitucionais na constituição brasileira terem buscado dar uma resposta ao sistema interamericano e reduzir a sensação de impunidade acobertada pelas imunidades formais, não é o que se verificou. Quanto à imunidade formal em relação ao processamento, a extinção da licença prévia foi substituída pela possibilidade de suspensão do processo; o efeito prático que restou é, infelizmente, o mesmo. 

Independente da emenda à constituição havida, sobretudo quando estamos diante de graves violações de direitos humanos, é fundamental rigor à aplicação do instituto das imunidades parlamentares formais em relação à atividade legiferante: de modo direito no desempenho de funções típicas institucionais, ou, de modo indireto, no caso de crime imputado à parlamentar por motivações políticas decorrentes de sua atividade parlamentar. 

O instituto da imunidade parlamentar processual foi concebido idealmente para atender à independência do Poder Legislativo, visando garantir o livre exercício da atividade parlamentar. É importante instrumento de fortalecimento do parlamento contra abusos, todavia, seu desvirtuamento acaba por acarretar efeito contrário, enfraquecendo o legislativo e, inclusive, deslegitimando a instituição frente à opinião pública. 

Do ponto de vista das críticas contemporâneas ao sistema constitucional das imunidades parlamentares formais, o ideal seria apontar para sua supressão progressiva. Todavia, isto apenas pode ser sustentado dentro de cenários de consolidação da rule of law, com a atuação firme e independente garantida ao Judiciário, e ainda, com a possibilidade do controle popular por meio de acesso à informação e livre funcionamento dos meios de comunicação. Ante o cenário de retrocesso democrático e avanços populistas na nossa região, não nos parece que este horizonte se coloque como recomendável.  

Destarte, é fundamental hermenêutica constitucional e convencional que limite o alcance da imunidade parlamentar formal para que a prerrogativa não se converta em privilégio, sobretudo em casos graves de violações de direitos humanos como o feminicídio aqui em pauta. Em especial, tratando-se de graves e estruturais violações de direitos, que nada tem relação com o mandato parlamentar, o óbice das imunidades formais deve ser removido.

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