A raíz del Paro Nacional y las marchas y protestas que se han presentado en Colombia desde el pasado 28 de abril se ha empezado a plantear nuevamente la idea de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta no es nueva, ya que se propuso en el 2010 con posterioridad a la decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el referendo reeleccionista, se planteó también en los diálogos de la Habana con la Guerrilla de las FARC al finalizar la decimoctava ronda de negociaciones en diciembre de 2013, se sugirió por parte de varios congresistas cuando se produjo en el 2016 la Sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la Comisión de Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial en la Reforma de Equilibrio de Poderes, y se propuso recientemente por el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero con posterioridad a las marchas y protestas del 21 de noviembre de 2019. 

Aunque el escenario del Paro Nacional y las protestas sociales es distinto, la idea de convocar a una constituyente es la misma, y se refiere a que se debe efectuar un replanteamiento de nuestro pacto jurídico, para que se puedan resolver los problemas institucionales, políticos, económicos, sociales y de representación, ya que para muchos sectores consideran que no se han podido implementar los grandes cambios prometidos bajo la vigencia de la Constitución de 1991. 

Las marchas y protestas de este año han demostrado que subsisten muchos problemas derivados de la desigualdad, la pobreza la falta de representación, especialmente de los indígenas y minorías étnicas, así como una indignación generalizada por los innumerables asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores del medio ambiente, desmovilizados de la guerrilla e indígenas, que han aumentado de manera exponencial en este gobierno. 

Aunque el Paro Nacional fue convocado por el Comité Nacional del Paro para oponerse a la reforma tributaria y reforma a la salud propuesta por el Gobierno, las protestas han generado más de setenta muertos, lesionados y detenciones ilegales, en donde se ha evidenciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, e incluso personas vestidas de civil que han disparado indiscriminadamente a la población en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Pasto. 

Esta serie de sucesos han exacerbado aún más los ánimos, y se ha solicitado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar un informe sobre las violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas, que finalmente se realizará el próximo 8 de junio. Así mismo se ha propuesto una reforma estructural de la Policía Nacional, y que se cumpla las órdenes que se produjeron en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia para evitar el uso desproporcionado de la fuerza, la estigmatización de los manifestantes el uso armas letales y “menos letales” y poner en práctica un protocolo de actuación por parte de la policía en estos casos

Ante este escenario la propuesta de una constituyente resurge con fuerza, en lo que utilizando la metáfora de Elster se convierte en un atractivo canto de sirenas para salir de la crisis. En distintas ocasiones me he opuesto a la convocatoria a una constituyente, principalmente porque cuando se propone esta salida no se piensa para qué se quiere en definitiva cambiar la Constitución de 1991 y porque estimo que muchos de los cambios que se quieren implementar se encuentran ya previstos en la Constitución de 1991 y solo se tienen que implementar.

No obstante lo anterior considero, como lo ha sugerido Esteban Hoyos en una columna, que se debe pensar en realizar un gran diálogo nacional, en donde se empiece a discutir las fallas de nuestro sistema jurídico, político y social. Es necesario una discusión sobre temas como la protección de los derechos humanos, la eliminación de los altos índices de desigualdad y pobreza, la defensa y protección del medio ambiente sano, el acceso gratuito a la educación media superior y técnica, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la descentralización y autonomía territorial y la protección y tutela de los derechos de minorías étnicas, de la mujer y de los grupos LGTBQ+. 

Varios profesores de distintas universidades firmamos una carta (“Democracia local frente a la crisis”) para que se comiencen a realizar diálogos territoriales para resolver la crisis. Estos diálogos ya han comenzado a realizarse desde las comunidades indígenas, desde los grupos de jóvenes, los colectivos de mujeres y en lugares como el Cauca. Creo además que se pueden utilizar figuras como las que explica Roberto Gargarella para fortalecer la democracia en situaciones de crisis, como los mini publics, el crowdsourcing y el sorteo (sortition) que son fórmulas de democracia inclusiva como la implementación de mesas de trabajo temáticas para formular propuestas desde las bases que se han implementado en países como Islandia, Irlanda, Australia y Canadá. 

También se pueden utilizar figuras como los cabildos abiertos, los consejos de juventudes, los consejos territoriales de paz, los procesos comunales, las juntas democráticas, y otras formas de participación ciudadanas institucionales o no que se pueden visibilizar a través del uso de medios tecnológicos. 

Finalmente considero que un cambio a la Constitución a través de una constituyente resulta inconveniente si solo se utiliza como una propuesta desesperada para salir de los problemas estructurales que tenemos. Los cambios constitucionales no deben surgir cada vez que se tiene una crisis, en primer lugar, porque una nueva Constitución no resuelve de tajo los problemas institucionales, económicos y sociales de un país, y en segundo término, porque se puede convertir en un momento para que los oportunistas de turno aprovechen la euforia constituyente para proponer no medidas de cambio, sino más bien un quiebre a la idea de democracia constitucional bajo eslóganes populistas como la lucha contra la corrupción, la refundación del Estado o la limitación de poderes que consideran inconvenientes para sus intereses. 

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