El Supremo Tribunal Federal (STF) ha confirmado dos decisiones que pueden afectar de forma decisiva las próximas elecciones presidenciales en Brasil en 2022. El 8 de marzo de 2021, el ministro Edson Fachin ordenó la anulación de todas las decisiones relacionadas con cuatro casos penales concluidos contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue confirmada recientemente por el pleno del Tribunal por ocho votos contra tres. En consecuencia, se anularon todos los actos decisorios relacionados con estos procedimientos. Poco después, la Segunda sala del STF reconoció por mayoría la parcialidad del ex juez Sergio Moro en la conducción de uno de estos procesos (el famoso caso Triplex). Ambas decisiones son objeto de intenso debate en los medios de comunicación brasileños. Lula ha sido condenado penalmente en cuatro ocasiones, todas ellas confirmadas en segunda instancia. Con las recientes decisiones del STF, los cuatro casos deben ser reiniciados y juzgados de nuevo por jueces competentes. Además de las consecuencias jurídicas más inmediatas, es probable que estas decisiones tengan también importantes implicaciones políticas porque liberan al ex presidente Lula de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Las decisiones y su contexto 

Lula fue acusado de liderar una trama de corrupción en instituciones públicas brasileñas con dudosos fines políticos y financieros (acción penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR). Las cuatro condenas fueron el resultado de la Operação Lava-Jato, una operación conjunta en la que participaron miembros de la Policía Federal, procuradores y otros miembros de la justicia brasileña. La operación descubrió una gran trama de corrupción en importantes empresas públicas de Brasil –como Petrobras– en la que estaban implicados varios políticos y empresarios brasileños. Un personaje central de la operación fue el juez federal Sergio Moro que ocupaba el 13º Juzgado Federal de Curitiba en la ocasión (una sección de la Justicia Federal situada en el estado de Paraná, Brasil). Moro fue quien juzgó y condenó en primera instancia al ex presidente Lula en los cuatro casos que fueron recientemente anulados por la decisión del ministro Fachin.

En criterio de Fachin, Moro no tenía jurisdicción para decidir estos casos. El argumento de Fachin se basó en la decisión adoptada por el pleno del STF en septiembre de 2015 (INQ 4.130 QO), en la que, por diversas razones, el Tribunal decidió delimitar la competencia del 13º Juzgado Federal de Curitiba únicamente para los casos relacionados con las denuncias de fraude y malversación en Petrobras (p. 40). En opinión de Fachin, los casos decididos por Moro contra Lula no estaban directamente relacionados con el esquema de corrupción en Petrobras (p. 43-44), y por lo tanto no habría razón para no extender la decisión del STF a estos casos. De lo contrario, se podría configurar una violación del deber de respuesta análoga a casos análogos. Fachin señaló que las acusaciones presentadas contra Lula estaban relacionadas con otras empresas públicas además de Petrobras. También subrayó que, durante la Operación Lava-Jato, muchos casos fueron retirados del 13º Juzgado Federal de Curitiba por la misma razón, y que, por consistencia, se debió hacer lo mismo en relación con los casos de Lula. También indicó que esta decisión era coherente con el entendimiento mayoritario que se fue formando en el STF y que ahora se ha consolidado (p. 1).

Esta es la primera vez que un pedido de los abogados de defensa de Lula sobre la competencia del 13º Juzgado Federal de Curitiba es analizado por el STF. La decisión se tomó en un habeas corpus solicitado el 3 de noviembre de 2020. Recientemente, la decisión del ministro Fachin fue confirmada por el pleno del STF por ocho votos contra tres. También se determinó que los cuatro casos contra Lula fueran distribuidos a cuatro jueces federales para ser juzgados nuevamente desde el principio.

Lula libre y la parcialidad de Moro 

La decisión del ministro Fachin causó gran repercusión en el mundo político brasileño y cambió cualquier expectativa sobre las próximas elecciones presidenciales de 2022. Según la llamada "Ley de la Ficha Limpa", una condena penal confirmada en segunda instancia inhabilita a una persona para cualquier cargo público. Con la anulación de los cuatro casos, por el momento no hay obstáculos legales para la candidatura del ex presidente Lula en las próximas elecciones presidenciales. Algunos dicen que, aunque sea consistente desde el punto de vista jurídico, la decisión de Fachin llegó demasiado tarde. También se ha cuestionado su neutralidad. En los medios de comunicación brasileños se ha afirmado que la decisión fue un intento de salvar no sólo la Operación Lava-Jato, sino también al ex juez Moro, para que no se pusiera en peligro su reputación. Para los defensores de esta opinión, la decisión de Fachin fue una maniobra adoptada en un intento de evitar que el pleno del STF sometiera a juicio otro caso que involucra a Lula, en el que la parcialidad de Moro era la cuestión central.

Un día después de la decisión de Fachin, la Segunda sala del STF decidió proceder y evaluar la parcialidad del ex juez Moro en uno de los casos contra el ex presidente Lula. Por mayoría, la sala reconoció la sospecha del juez en la conducción del caso, afirmando incluso que actuó con una flagrante motivación política. Por ello, se decidió anular todo el proceso. El caso estaba empatado, con dos votos en contra de la sospecha y dos a favor, hasta que la ministra Carmen Lúcia decidió reajustar su voto para seguir el voto discrepante y reconocer la sospecha. Según la ministra, en el momento en que concluyó su primer voto, no había pruebas suficientes para reconocer la sospecha. Pero este hecho cambió con el avance del caso cuando se introdujeron nuevas pruebas que demostraron, en su opinión, la existencia de una colaboración ilícita entre el ex juez y los procuradores implicados en el caso. Aunque la ministra afirmó que su cambio de voto no fue motivado por los últimos acontecimientos, es difícil dudar de que no hayan influido en ella. No hace mucho, salieron a la luz en los medios de comunicación una serie de conversaciones privadas entre el exjuez Moro y los procuradores del caso, en las que se indicaba que se habían producido varias irregularidades durante el proceso, empezando ya en la fase de instrucción. 

Los próximos episodios 

La decisión de la Segunda sala del STF confirmando la parcialidad del ex juez Moro fue llevada al pleno del Tribunal, pero aún no se ha concluido. Hasta ahora, la mayoría de los ministros han votado a favor de confirmar la decisión. Si eso se confirma –lo que es probable–, seguirá la anulación inmediata del proceso, incluidas las pruebas recaudadas. En la práctica, esto significa que ninguna prueba o testimonio presentado se puede utilizar en el nuevo proceso. Aunque los cuatro casos vuelvan a ser juzgados, es poco probable que sean juzgados y confirmados en segunda instancia hasta las próximas elecciones presidenciales. Debido a los tecnicismos de la legislación penal brasileña, hay incluso la posibilidad de que prescriban.

La lucha judicial de los últimos meses puede tener una influencia decisiva en las próximas elecciones presidenciales en Brasil. Llega en un momento en el que Brasil es el centro de atención de la pandemia en el mundo, y en el que el actual gobierno federal está acorralado, con baja popularidad y con muchas dificultades para hacer frente a la situación. La campaña presidencial de 2022 ya ha comenzado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou recentemente duas decisões que podem afetar decisivamente o curso das próximas eleições presidenciais no Brasil em 2022. Em 8 de Março de 2021, o ministro Edson Fachin determinou a anulação de todas as decisões relacionadas a quatro processos penais concluídos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi recentemente confirmada pelo pleno do STF por 8 votos a 3. Como resultado, todos os atos decisórios relacionados a esses processos foram anulados. Pouco depois, a Segunda Turma do STF reconheceu, por maioria de votos, a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução de um desses processos (o famoso caso Triplex). As duas decisões estão sendo objeto de intenso debate na mídia brasileira. Lula foi condenado criminalmente em quatro ocasiões, posteriormente confirmadas em segunda instância. Com as recentes decisões do STF, todos os quatro processos devem ser reiniciados e julgados novamente por juízes competentes. Além das consequências jurídicas mais imediatas, é provável que essas decisões tenham também importantes implicações políticas, já que elas livram o ex-presidente Lula da inelegibilidade para disputar cargo público.

As decisões e seu contexto 

Lula foi acusado de liderar um esquema de corrupção em instituições públicas brasileiras, com questionáveis fins políticos e financeiros (v.g. ação penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR). As quatros condenações resultaram da Operação Lava-Jato, uma operação conjunta envolvendo membros da Polícia Federal, procuradores e outros membros do sistema judicial brasileiro originalmente situados na cidade de Curitiba. A operação desvelou um grande esquema de corrupção em importantes empresas públicas no Brasil –como a Petrobrás–, envolvendo vários políticos e empresários brasileiros. Um personagem central da operação foi o então juiz federal Sergio Moro, que ocupava a 13ª Vara Federal de Curitiba na ocasião (uma seção da Justiça Federal localizada no Estado do Paraná, Brasil). Moro julgou e condenou o ex-presidente Lula em primeira instância em todos os quatro processos que foram recentemente anulados pela decisão do ministro Fachin.

Na avaliação de Fachin, Moro não tinha competência para decidir esses casos. O argumento de Fachin se baseou na decisão tomada pelo pleno do STF em Setembro de 2015 (INQ 4.130 QO), na qual, por várias razões, o Tribunal decidiu delimitar a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba somente para os casos relacionados a alegações de fraude e desvio de dinheiro na Petrobrás (p. 40). Na opinião de Fachin, os casos decididos por Moro contra Lula não tinham relação direta com o esquema de corrupção na Petrobrás (p. 43-44), e portanto não haveria razão para não estender a decisão do STF a esses casos. Do contrário, poderia configurar-se uma violação do dever de responder de modo análogo a casos análogos. Fachin observa que as acusações feitas contra Lula estavam relacionadas a várias empresas públicas além da Petrobrás. Ele também enfatiza que, durante a Operação Lava-Jato, muitos processos foram removidos da 13ª Vara Federal de Curitiba pela mesma razão, e que, por uma questão de consistência, o mesmo deveria ter sido feito em relação aos casos de Lula. Ele também observa que essa decisão está em consonância com o entendimento majoritário que gradualmente se formou no STF e que agora está consolidado (p. 1).

Essa é a primeira vez que um pedido dos advogados de defesa de Lula sobre a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba foi analisado pelo STF. A decisão foi tomada em sede de um habeas corpus requerido em 3 Novembro de 2020. Recentemente, a decisão do ministro Fachin foi confirmada pelo pleno do STF por 8 votos a 3, ocasião em que foi também determinado que os quatro processos contra Lula sejam distribuídos a quatro juízes federais para que sejam julgados novamente desde o começo.

Lula livre e a parcialidade de Moro 

A decisão do ministro Fachin causou grande repercussão no mundo político brasileiro e mudou qualquer expectativa em relação às próximas eleições presidenciais em 2022. De acordo com a chamada “Lei da Ficha Limpa”, condenação criminal confirmada em segunda instância torna uma pessoa inelegível para qualquer cargo público. Com a anulação dos quatro processos, no momento não há quaisquer obstáculos jurídicos para a candidatura do ex-presidente Lula nas próximas eleições presidenciais. Há quem afirme que, apesar de consistente do ponto de vista jurídico, a decisão de Fachin veio muito tarde. Sua neutralidade também tem sido questionada. Na mídia brasileira, tem-se afirmado que a decisão foi uma tentativa de salvar não apenas a Operação Lava-Jato, mas também o ex-juiz Moro de ter sua reputação posta em cheque. Para os defensores dessa opinião, a decisão de Fachin foi uma manobra adotada na tentativa de prevenir o pleno do STF de colocar em julgamento outro caso envolvendo Lula, no qual a parcialidade de Moro é a questão central. 

Um dia após a decisão de Fachin, a Segunda Turma do STF decidiu proceder e avaliar a parcialidade do ex-juiz Moro em um dos casos contra o ex-presidente Lula. Por maioria, a Turma reconheceu a suspeição do juiz na condução do caso, afirmando inclusive que ele atuou com flagrante motivação política. Em razão disso, decidiu-se anular todo o processo. O caso estava empatado, com dois votos contra a suspeição e dois a favor, até que a ministra Carmen Lúcia decidiu reajustar seu voto para acompanhar o voto contrário e reconhecer a suspeição. De acordo com a ministra, no momento em que havia concluído seu primeiro voto, não havia provas suficientes para reconhecer a suspeição, fato que mudou com o andamento do processo, quando novos elementos de prova foram introduzidos e demonstraram, a seu ver, a existência de colaboração ilícita entre o ex-juiz e os procuradores envolvidos no caso. Ainda que a ministra afirme que sua mudança de voto não tenha sido motivada pelos recentes acontecimentos, é difícil de duvidar que eles não a tenham influenciado. Há não muito tempo, uma série de conversas privadas entre o então juiz Moro e os procuradores do caso vieram a tona na mídia (escândalo conhecido como “Vaza-Jato”), indicando que várias irregularidades ocorreram desde a fase investigatória e durante o processo. 

Os próximos episódios 

O julgamento da Segunda Turma confirmando a parcialidade do ex-juiz Moro foi levado ao pleno do Tribunal, mas ainda não foi concluído. Até o momento, a maioria dos ministros votou por manter a decisão da Turma. Se a decisão se confirmar – o que é provável –, ela levará à anulação imediata do processo, inclusive dos meios de prova produzidos. Na prática, isso significa que nenhuma prova ou depoimento apresentados poderão ser aproveitados no novo processo. Ainda que os quatros casos sejam julgados novamente, é improvável que sejam julgados e confirmados em segunda instância até as próximas eleições presidenciais. Em razão de tecnicalidades da legislação penal brasileira, existe inclusive a possibilidade de que eles prescrevam.

O embate judicial dos últimos meses deve ter influência decisiva nas próximas eleições presidenciais no Brasil. Ele ocorre num momento em que o Brasil é foco de atenção da pandemia no mundo, e em que o atual governo federal está acuado, com a popularidade baixa e tem muitas dificuldades para lidar com a situação. A campanha presidencial de 2022 já começou no Brasil.

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