En pocas horas, entre la tarde del 1 y la madrugada del 2 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, en ejecución del artículo 184 de la Constitución, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombró nuevos magistrados. La Asamblea justificó la decisión en el supuesto abuso de poder de la Sala con ocasión a las sentencias adoptadas en el marco de la impugnación de decretos de emergencia dictados  durante la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con la Asamblea, en tanto la Constitución le confiere la potestad de destituir a los magistrados de la Corte Suprema -incluyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional- la destitución es una decisión constitucional. Pero lo cierto es que, tras esas formas constitucionales, subyace la esencia autoritaria de la destitución apoyada además en la retórica populista. 

Esta conclusión es desarrollada en dos entregas. Esta primera entrega resumirá los hechos principales del caso, explicando por qué esta destitución se enmarca en el declive político de El Salvador, agravado por la pandemia de la COVID-19. La segunda entrega explicará por qué esta decisión  es un ejemplo del “Derecho constitucional autoritario-populista”. 

1. El  declive político en El Salvador y el rol de la Sala de lo Constitucional durante la pandemia

Desde su elección en 2019, el Presidente Bukele ha ejercido el Gobierno de manera enérgica, insistiendo en la necesidad de maximizar la eficiencia de las tareas de las Administraciones Públicas. Esto generó diversos conflictos con la Asamblea Legislativa electa en 2018, en la cual el Presidente no tenía mayoría.

Este tipo de conflictos son comunes y, en cierto modo, sanos, en tanto ellos pueden fortalecer la implementación del principio de separación de poderes. Empero, en el caso de El Salvador, el conflicto estuvo marcado por una creciente polarización y uso de un lenguaje contrario al pluralismo político, en el cual la Asamblea era cuestionada con calificativos subjetivos. Esta tensión aumentó durante  2021, en la campaña electoral de la Asamblea, al punto que el Presidente Bukele solicitó  que la Organización de Estados Americanos  nombrara  una misión especial para asegurar la protección de la Carta Democrática Interamericana.

La Sala de lo Constitucional, a cargo del control concentrado de la constitucionalidad, también fue blanco de ataques, particularmente después del fallo de fecha 8 de junio del 2020, que anuló varias medidas ejecutivas y legislativas adoptadas como resultado del estado de emergencia declarado en medio de la pandemia de la COVID-19.

Desde una perspectiva comparada, la pandemia ha suscitado preocupaciones sobre la protección de la democracia constitucional frente a los poderes de emergencia  incluso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos . En tal sentido, la jurisdicción constitucional ha sido el garante final de los valores de la democracia constitucional, aplicando el test de proporcionalidad a las medidas de emergencia adoptadas para la protección de la salud pública).

Precisamente, la sentencia de 8 de junio de 2020, aplicando el test de proporcionalidad, revisó  varios  decretos de emergencia, respetando el margen de deferencia hacia los  Poderes Ejecutivo y Legislativo. Además,  la sentencia  se basó en un diálogo interamericano, citando decisiones de otros tribunales (como la Corte Constitucional en  Colombia) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde una perspectiva comparada, no se trató de un caso inusual de revisión judicial de los decretos de emergencia durante la pandemia. En realidad, la Sala de lo Constitucional actuó como muchos otros tribunales, al recordar que la protección de la salud, si bien justifica medidas excepcionales, debe respetar el principio de proporcionalidad y los valores de la democracia constitucional

2.La reacción de la nueva Asamblea Nacional: la destitución masiva de los magistrados en cumplimiento del “mandato del pueblo”

En las elecciones legislativas de febrero de 2021, el partido político del presidente Bukele obtuvo casi el 80% de los escaños del Legislativo. La campaña electoral se basó, principalmente, en promesas electorales de “limpiar la casa” es decir, la necesaria remoción de funcionarios nombrados por la Asamblea anterior. En su primer período de sesiones la  nueva Asamblea cumplió esta promesa electoral, e invocando el mandato popular, destituyó a los magistrados de la Sala.

En efecto, la Asamblea Legislativa cuestionó el fallo de la Sala de lo Constitucional, considerándolo como un exceso de poder que daba prioridad al interés privado sobre el bien común, lo que planteaba riesgos innecesarios para  la salud pública. En virtud de estas consideraciones generales, la  Asamblea votó a favor de destituir a los magistrados de la Sala.

La Sala trató de detener este procedimiento, con una sentencia de oficio promulgada en la noche del 1 de mayo que declaró la inconstitucionalidad del procedimiento de destitución. Pero ya era demasiado tarde: la Asamblea había aprobado la destitución y de inmediato, en la madrugada del 2 de mayo, nombró nuevos jueces. La expresión      «jueces de medianoche» tiene un nuevo significado bajo esta experiencia en El Salvador. 

La destitución masiva de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es un ejemplo de los riesgos que la pandemia de la COVID-19 está creando para el Derecho Constitucional. El principal argumento de la Asamblea fue que el derecho del pueblo a la salud debe protegerse sin ninguna restricción innecesaria. Cuando los Gobiernos prefieren la eficiencia sobre la democracia constitucional, se allana el camino hacia medidas autoritarias. Este es un riesgo especialmente presente en América Latina, pues la arraigada desigualdad -que la pandemia está exacerbando- puede debilitar la confianza hacia gobiernos democráticos, prefiriendo gobiernos con desviaciones autoritarias, en tanto éstos sean percibidos como gobiernos eficientes. 

Sin embargo, la Carta Democrática Interamericana recuerda que no puede haber conflicto entre el Estado de Derecho y el desarrollo (artículos 3, 4 y 11). Con lo cual, el reto de El Salvador, y de América Latina en general, es asegurar que la efectiva promoción del desarrollo inclusivo y la promoción del bien común, incluso en el contexto de la pandemia, se realice en respeto a los principios y valores de la democracia constitucional, en especial, por lo que respecta a la independencia de la jurisdicción constitucional como guardián de la Constitución. 

Esto hace que el caso en estudio sea especialmente delicado, en tanto demuestra cómo la protección del pueblo -y en especial, la protección de su derecho a la salud- puede ser erradamente invocada para justificar medidas autoritarias que reduzcan el alcance de la separación de poderes. Esto es un claro ejemplo del uso de la retórica populista para justificar medidas autoritarias a través de decisiones formalmente constitucionales. Como explicamos en la siguiente entrega, ello puede encuadrarse en lo que hemos denominado “Derecho constitucional autoritario-populista”. 

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