Independencia judicial: la batalla que viene en México

En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales y sus aliados legislativos —liderados por Morena, su partido— obtuvieron una victoria contundente en el congreso mexicano. El triunfo del primer gobierno de izquierda en la era democrática se construyó sobre la promesa de combatir la pobreza y erradicar la corrupción. Consignas  como “por el bien de todos, primero los pobres” y “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” resonaron profundamente en electorado mexicano.

Durante años, López Obrador denunció que una “mafia del poder” había frustrado sus anteriores intentos por llegar a la presidencia. Sin embargo, al menos desde el año 2000, factores como árbitros electorales independientes, una creciente separación de poderes y una judicatura cada vez más eficaz e independiente han garantizado condiciones democráticas en México. López Obrador se benefició de este marco institucional y logró una victoria abrumadora en 2018. Después de ser elegido, López Obrador reconoció la contribución de los árbitros electorales  —el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— para garantizar elecciones libres y limpias. Además, prometió que no tendría “ni palomas mensajeras ni halcones amenazantes” y que el poder judicial no sería “objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas”. 

Sin embargo, una vez en el cargo, el gobierno de López Obrador reveló una cara muy distinta. Esto se manifestó en propuestas que buscan debilitar tanto a los órganos con autonomía constitucional como al poder judicial. La reforma electoral aprobada en 2023, que tenía como objetivo diluir el poder de las instituciones electorales, puso en jaque la legitimidad de las elecciones de 2024. Las acciones para paralizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han afectado el ejercicio de estos derechos. Más recientemente, un intento de reducir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial Federal, así como una reforma que elimina sus fideicomisos, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de justicia. 

Los ataques contra la independencia judicial

López Obrador y sus aliados legislativos han presentado diversas iniciativas legislativas que afectan la independencia judicial. Algunas de ellas consistieron en planes de reestructuración que buscaban aumentar la cantidad de jueces constitucionales en la Suprema Corte para influir en su composición. Otra iniciativa buscaba extender, en contra del texto expreso de la Constitución, el mandato del Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien se ha comportado como un aliado de López Obrador. Esta propuesta fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte tras acciones de inconstitucionalidad que presentaron las minorías parlamentarias de la Cámara de Diputados y el Senado.

López Obrador también ha arremetido contra el poder judicial durante las “conferencias matutinas” que realiza diariamente. Las acusaciones abarcan desde corrupción y sesgo hasta exceso de personal. La más reciente consiste en una propuesta de recortar el presupuesto del poder judicial en un 30%, misma que se ha sustentado en descalificaciones personales contra sus miembros. 

Asimismo, siguiendo el liderazgo de López Obrador, Ignacio Mier, líder parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley para disolver casi todos los fideicomisos del poder judicial federal. Estos fideicomisos se establecieron, entre otras cosas, para garantizar ciertos derechos laborales y beneficios sociales para los trabajadores de la judicatura, además de financiar el crecimiento de la infraestructura judicial. Sin embargo, esta iniciativa se ha presentado públicamente como un medio para reducir los “privilegios” y los salarios excesivos de los jueces. A pesar de las protestas sociales y el paro de más de 55 mil trabajadores, la propuesta fue aprobada en el congreso federal y fue recientemente publicada. 

Los embates contra la transparencia

La iniciativa de López Obrador para disolver el INAI ha sido solo uno de los muchos embates en contra de este órgano autónomo, que es crucial para la transparencia y el acceso público a la información en México. El INAI podría sufrir, al igual que la judicatura, un recorte presupuestal significativo. Asimismo, dado que el Presidente y el Senado no han nombrado a tres nuevos comisionados, la funcionalidad del organismo se ha visto comprometida, pues la ley exige que sesione con al menos cinco de siete comisionados. 

Sin quorum para sesionar, durante meses el INAI no pudo resolver miles de recursos de revisión relacionados con solicitudes de información. En respuesta, el INAI presentó una controversia constitucional contra el Senado por sus omisiones, lo que llevó a la Suprema Corte a ordenar al Senado a que realizara las designaciones pendientes y a autorizar el funcionamiento provisional del INAI con cuatro de sus siete comisionados. El nombramiento definitivo de los nuevos comisionados, sin embargo, no se ha materializado.

El intento por desmantelar el sistema electoral

López Obrador ha impulsado, además, diversas iniciativas que afectan al sistema electoral. En abril de 2022, propuso una reforma constitucional que supuestamente permitiría establecer una “democracia pura” y “prevenir más fraudes”. Esta propuesta, denominada “Plan A”, pretendía mermar las facultades del INE, acabar con el federalismo electoral mediante una centralización sin precedentes, destituir a los actuales consejeros electorales del INE y a los magistrados electorales del TEPJF, así como reducir la financiación pública de los partidos políticos. La propuesta, después de multitudinarias protestas, no alcanzó los votos necesarios para modificar la Constitución mexicana.

Sin embargo, ante el rechazo de la reforma constitucional, López Obrador apostó por cambios a leyes secundarias. Así, propuso un paquete de cambios legislativos (su “Plan B”) que suponían, entre otras cosas, desmantelar la burocracia profesional del INE, limitar los poderes de revisión constitucional del Poder Judicial, incrementar la participación del Poder Ejecutivo en la organización de las elecciones y limitar el principio de paridad de género y las acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados. Los cambios fueron aprobados de inmediato —en la Cámara de Diputados, por ejemplo, destinaron poco más de cuatro horas para analizar y discutir una reforma que suponía cambios en más de 500 artículos legales—.

El Plan B provocó una respuesta rápida y concertada de la comunidad legal. La Suprema Corte recibió numerosos recursos judiciales. Las deliberaciones de la Corte se enriquecieron aún más con la consideración de numerosos amici curiae (amigos de la corte). Estos documentos, presentados por una amplia gama actores, provenían de grupos de la sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones de abogados, profesionales del derecho y partidos políticos. Sus ideas colectivas proporcionaron una perspectiva integral sobre el tema en cuestión, destacando su importancia e implicaciones. La Suprema Corte, finalmente, invalidó en su totalidad la reforma electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo.

La batalla continúa

Aunque se han librado muchas batallas, la guerra por la independencia judicial en México está lejos de terminar. A pesar de sufrir algunas derrotas, el Presidente López Obrador continúa su asalto a los pilares de la democracia mexicana y el estado de derecho. En la Cámara de Diputados se mantiene viva la propuesta de atestar un recorte presupuestal que podría asfixiar al Poder Judicial Federal. Al mismo tiempo, hace unos cuantos días se publicó la reforma que extingue los fideicomisos de la judicatura. Y aunque ambas decisiones seguramente serán controvertidas y podrían ser anuladas en sede judicial, lo cierto es que ello abriría la puerta a que López Obrador y sus aliados continúen descalificando al poder judicial.

A medida que se acerca la elección de 2024, la más grande en la historia de la democracia mexicana, el papel del poder judicial se vuelve aún más crítico. Para obtener apoyo para su partido, el Presidente ha presentado una de sus propuestas más destacadas: una reforma constitucional que permitiría la elección popular de ministros de la Suprema Corte, así como de los consejeros y magistrados electorales. Apodado como el “Plan C”, esta iniciativa no es simplemente una maniobra política más. Si se realiza, alteraría fundamentalmente el sistema constitucional mexicano, socavando los controles y equilibrios que han intentado mantener el poder a raya durante la era democrática de México. El llamado a la acción del Presidente es claro: asegurar suficientes votos para obtener mayorías abrumadoras en el Congreso, enmendar la Constitución y completar su visión de transformar la nación.

A medida que México se encuentra en este momento crítico, un hecho permanece inequívocamente claro: un poder judicial independiente no es simplemente un lujo, sino una piedra angular fundamental de una democracia robusta. La resistencia enérgica de las minorías parlamentarias, los órganos autónomos, los empleados gubernamentales, los profesionales del derecho, la sociedad civil, la academia y las asociaciones de abogados contra los esfuerzos por socavar esta institución habla mucho sobre la tenacidad y determinación de un sector de la sociedad mexicana. Sólo el tiempo dirá cuál es el desenlace de las batallas judiciales que vienen.

*(Una versión previa en inglés de este artículo se publicó en el blog del Laboratorio de Impacto en el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford).

Cita recomendada: Javier Martín-Reyes y Adriana García, «Independencia judicial: la batalla que viene en México», IberICONnect, 1 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2023/11/independencia-judicial-la-batalla-que-viene-en-mexico/