Ideas que justifican el terrorismo de Estado: un mal público en Argentina

En un escrito de hace un par de años intenté identificar qué debemos hacer para cumplir las obligaciones que se desprenden de haber recibido las ideas que representan el consenso del Nunca Más como un bien público heredado. Una característica relevante de este tipo de bienes es que su disfrute por parte de algunas personas no excluye que otras puedan disfrutar de ese mismo bien. Que yo viva en democracia no implica que mi vecino no viva en democracia; que viva en un entorno donde ningún contexto puede justificar el terrorismo de Estado no impide que mis vecinos también puedan vivir en ese entorno. En aquel escrito propuse un remedio a dos modos en que ese bien público puede ser menoscabado. Ese remedio estaba pensado para cumplir con nuestra obligación hacia las generaciones pasadas, que nos legaron ese bien, y hacia las generaciones futuras, a las que debemos transmitir.

Hoy quisiera proponer un modo de robustecer las ideas que se desprenden del consenso del Nunca Más. El asunto es que injusticias como las perpetradas por la última dictadura militar argentina solo son posibles cuando existe una red moral, ideológica y jurídica que las ampara. Es parte del conocimiento común que, cuando la dictadura realiza el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, gran parte de la población no se opuso e, incluso, vio con buenos ojos lo que estaba sucediendo.

En los últimos años, ideas propias de aquella red moral, ideológica y jurídica se han reflejado, al menos, en tres vídeos publicados por la cuenta oficial de Casa Rosada del gobierno argentino con motivo del 24 de marzo. Como toda narrativa histórica, estos vídeos seleccionan ciertos hechos que, según sus autores, son normativamente relevantes para evaluar (moralmente, diría yo) la última dictadura militar. Los vídeos recogen diversos testimonios: por ejemplo, el de hijos de militares secuestrados o asesinados por grupos guerrilleros antes del inicio de la dictadura; el de exguerrilleros; el de una hija de desaparecidos cuyo derecho a la identidad se puso en tensión por ciertas políticas de reparación, y el de un ensayista justificacionista nacido en democracia que reseña hechos referidos al contexto de la dictadura y a su omisión en el discurso público construido a partir de las políticas de reparación posteriores

Los hechos relatados en los tres videos pueden ser verdaderos. Aún más, existen temas respecto de los cuales, como sociedad, probablemente todavía no hayamos encontrado una respuesta adecuada. Tal vez los derechos individuales de las nietas y los nietos apropiados deban tener más peso del que, hasta ahora, como comunidad, les hemos otorgado cuando esos derechos –el derecho a la identidad, por ejemplo– entran en tensión con nuestro derecho colectivo a conocer la verdad de lo que pasó o con el derecho de los familiares que aún buscan a los desaparecidos. Tal vez debamos también evaluar si hemos dado una respuesta adecuada a los familiares de quienes sufrieron violencia y crímenes por parte de organizaciones no estatales. Todo eso puede ser verdad.

Sin embargo, ninguno de estos hechos es relevante para evaluar el golpe de estado ni el accionar de la dictadura. No son relevantes, precisamente porque, si el consenso del Nunca Más es aceptado como valioso, ningún contexto puede justificar el terrorismo de Estado. La idea central detrás del pacto de Nunca Más es que ningún contexto puede justificar que alguien se crea por encima de la ley y decida sobre la vida y la muerte de una persona para cumplir con su objetivo, por noble que ese objetivo le parezca.

No obstante, aunque estos hechos no sean relevantes para evaluar a la dictadura, hoy nos encontramos en una comunidad donde esos relatos cobran fuerza o, al menos, visibilidad. He escuchado y leído que “son solo provocaciones”, que “no hay que responderles”, que “con ciertas personas no se discute”. Estoy en desacuerdo con esto. La principal razón por la que estoy en desacuerdo es que esa idea de que ciertos hechos pueden justificar dictaduras y terrorismo de Estado se presenta en nuestra comunidad como un mal público. 

De manera análoga a los bienes públicos, los males públicos se caracterizan porque los daños que sufren los miembros de la comunidad en la que ese mal existe no están bajo el control voluntario de las personas afectadas. No está bajo mi control que, en mi sociedad, una parte de la población y, hoy, incluso el gobierno nacional, sostengan argumentos que, desde mi punto de vista, intentan justificar el terrorismo de Estado.

Existen al menos dos modos de cumplir con nuestra obligación de erradicar este mal público. El primero, como sugieren muchos, es dejar de hablar de él. Este método solo podría tener éxito si, al afirmar que “no hay que responder”, quisiéramos decir que debemos excluir de la comunidad a quienes contribuyen a mantener ese mal. Es decir, afirmar que quienes sostienen esas ideas no forman parte de nuestra comunidad. Este modo de erradicar el mal público es problemático porque, en general, pertenecer o no a una comunidad no es algo que se elija ni algo sobre lo que se deba tener control ideológico. No debemos excluir de nuestra comunidad a las personas solo por cómo piensan. 

Esto nos lleva al segundo modo de enfrentarnos al mal público. Este modo implica aceptar que esas ideas justificatorias y las personas que las sostienen son parte de nuestra comunidad. Si esto es aceptado, no hay otro modo de erradicar esas ideas que escuchar, dialogar y tratar de mostrar cuán irrelevantes son, en nuestro caso, para evaluar la dictadura y el terrorismo de Estado. Esta perspectiva quizá no era importante, e incluso podría haber sido incorrecta, si estuviéramos en los años 90 o 2000. De hecho, muchas de estas discusiones se daban por zanjadas en aquella época, ya que las personas de esas las generaciones conocían e incluso habían vivido el periodo histórico previo a la dictadura y habían acordado que ningún contexto puede justificar el terrorismo de Estado.

Sin embargo, hoy en día, entre el 55 y el 60 % de la población argentina nació cuando la última dictadura militar ya había terminado y alrededor del 25 % son hijos de quienes ya nacieron en democracia. Estas personas están, al menos temporalmente y quizá también emocionalmente, mucho más lejos de aquel horror, tal vez gracias al éxito del Nunca Más. A diferencia de las generaciones pasadas, las nuevas generaciones nunca han tenido la oportunidad de evaluar el contexto que precedió a la dictadura como lo hicieron quienes la atravesaron o quienes crecieron con el horror todavía reciente o incluso presente.

Mantener vivo el legado del Nunca Más significa continuar la tarea de las generaciones pasadas, que se tomaron en serio la obligación de escuchar, pensar y debatir estos problemas e intentar responder adecuadamente a ellos. El mal público consistente en los legados de la red moral, ideológica e incluso jurídica que hizo posible la dictadura no fue erradicado por completo por las discusiones de aquellas generaciones. Sigue presente en nuestra sociedad y, para contribuir a su eliminación, debemos –como hicieron aquellas generaciones– escuchar, debatir y explicar que no hay contexto que justifique el terrorismo de Estado. De lo contrario, como el mal público seguirá presente, quizá oculto, pero latente, la posibilidad de seguir viviendo en democracia será cada vez más precaria.