El pasado 4 de julio se cumplieron 30 años de la aprobación en el Congreso de la República de la constitución colombiana de 1991.  La Constitución de 1991 fue la octava Constitución nacional y se promulga en un momento de cambio y transformación a nivel mundial y nacional. En el contexto mundial la Constitución de 1991 se relaciona con sucesos como la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética que marcaron un derrotero en el nuevo relacionamiento mundial. En este momento se impone el llamado “Consenso de Washington” y el modelo económico neoliberal con la liberalización de los mercados, la eliminación de las barreras comerciales, la posibilidad de la privatización de los servicios públicos, el establecimiento de una banca independiente, además de ciertos elementos que se conjugan, como la descentralización territorial del Estado y la idea de una integración económica regional, ideas que se corresponde con el nuevo orden económico global. 

Desde el punto de vista interno, la Constitución de 1991 surge como una propuesta constitucional que se buscaba hacia décadas para lograr un cambio institucional que desmontara el modelo político del Frente Nacional, en donde las alternativas políticas se reducían a los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. 

Obviamente desde la corta duración, la Constitución de 1991 no hubiera sido posible sin el impulso del movimiento estudiantil de la “séptima papeleta”, los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco (1986 – 1990) y César Gaviria (1990 – 1994), así como el acuerdo de paz que se produjo con las guerrillas del M-19, EPL y Quintín Lame. Este impulso se dio en un contexto interno complejo y sangriento de narcoterrorismo, masacres perpetradas por grupos paramilitares y una crisis institucional sin precedentes. 

La elaboración de la Constitución de 1991 tomó tan solo cinco meses, del 5 de febrero al 4 de julio de 1991, se organizó en 5 Comisiones y estuvo compuesta por 70 constituyentes. La Comisión Primera fue la encargada de los principios, derechos y reforma constitucional; la Segunda del ordenamiento territorial; la tercera del Gobierno y el Congreso; la cuarta de la administración de justicia y el Ministerio Público, y la quinta de los temas económicos, sociales y ecológicos. 

En la composición de la Asamblea Nacional Constituyentes se dio una participación plural en materia ideológica ya que se integró no solo por los miembros de los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador), sino también por los miembros del partido político que se creo tras la desmovilización de la guerrilla, la Alianza Democrática M-19, la Unión Patriótica, el Movimiento Unión Cristiana y los partidos políticos que representaban a los movimientos indígenas (ONIC – AICO). Aunque la participación política fue diversa y amplia, la inclusión de mujeres constituyentes se limitó a tan solo a cuatro: Aida Avella de la UP, María Mercedes Carranza y María Teresa Garcés de la Alianza Democrática M-19 y Helena Herrán de Montoya del partido liberal. 

La expedición y promulgación de la Constitución colombiana de 1991 supuso un hito histórico en el constitucionalismo latinoamericano. Si bien es cierto ya la Constitución brasilera de 1988 había producido un cambio de paradigma en la protección de los derechos fundamentales y el entendimiento del Estado Social de Derecho, la Constitución de 1991 amplió esta idea a una Constitución en donde el centro de gravedad se encontraba en la defensa de los derechos fundamentales bajo el principio de Estado Social de Derecho. 

Estos ejes fundamentales se completaron institucionalmente con la creación de una Corte Constitucional autónoma y la implementación de la acción de tutela que protege directa y de una manera rápida los derechos fundamentales. La Constitución colombiana de 1991 en sus 30 años de historia ha producido una transformación en el entendimiento del estado constitucional no solo de Colombia, sino también de la región. 

Sin embargo, haciendo una lectura crítica, podemos resaltar que algunas de las promesas constitucionales como la de la democracia participativa, la descentralización territorial del Estado, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la protección de los derechos de contenido económico, social, ecológico y cultural todavía necesitan ser desarrollados de una manera más robusta. 

Las protestas sociales que se dieron con anterioridad a la pandemia y el paro nacional que se ha desarrollado a lo largo de este año, ha demostrado que existe un desencanto de la ciudadanía con sus instituciones. Se ha pedido incluso por parte de algunos manifestantes la posibilidad de un cambio total de la Constitución ante la crisis de la violación de los derechos humanos, la limitación de posibilidades laborales y educativas, el acceso a la tierra de campesinos, indígenas y comunidades afros, así como la reivindicación de los derechos de minorías discriminadas como las mujeres y las comunidades LGTBI+.

Pienso que esta serie de sucesos nos tienen que llevar a las y los constitucionalistas a reflexionar de una manera crítica, haciendo un balance objetivo sobre los aportes de la Constitución de 1991, pero también de sus fallas. No se trata de crear bandos entre defensores y críticos de la Constitución de 1991, sino de revisar cuáles podrían ser los elementos constitucionales que se podrían llegar a revisar o las formas en que se podrían fortalecer los mecanismos para buscar la efectividad de las normas que prometían una transformación. La celebración de los 30 años de la Constitución es un buen momento para crear un diálogo, si se quiere intergeneracional y territorial, en donde se represente la diversidad ideológica y la pluralidad de visiones, que nos permitan entender qué hace falta para implementar la Constitución de 1991 y cuáles podrían ser las salidas ante el descontento. 

No cabe duda que la Constitución colombiana de 1991 sigue siendo la brújula para conseguir esos cambios. Pensar en un gran diálogo nacional que nos permita avanzar sobre lo conseguido se convierte en un imperativo en un momento de crisis. Un llamado a la creación de espacios abiertos para generar consensos y acuerdos, que nos permita conseguir salidas sin recurrir a la violencia y que posibilite pensar en que los cambios y transformaciones se establecen entre la interdependencia constante entre la realidad y la normatividad, ya que las normas sin eficacia resultan inocuas para la solución de los problemas que nos aquejan.


Cita recomendada: Gonzalo A. Ramírez Cleves ,30 años de la constitución colombiana de 1991. Un momento para el diálogo” IberICONnect, 14 de septiembre de 2021. Disponible en : https://www.ibericonnect.blog/2021/09/30-anos-de-la-constitucion-colombiana-de-1991-un-momento-para-el-dialogo/

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