En defensa de lo «woke»: los derechos como resistencia a la opresión

En 1791, Olympe de Gouges redactó un catálogo de derechos alternativo a la famosa «Declaración de derechos del hombre y del ciudadano» de 1789. La llamó «Declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana» porque, a su entender, aquel primer listado contenía únicamente lo que su nombre indica: los derechos del hombre, pero no de la mujer. En líneas generales, la declaración de Gouges se limitaba a reformular en femenino los diecisiete artículos del documento de 1789, solo que introduciendo alguna pequeña variación. Una de ellas es la del artículo 2: donde el texto original decía «…tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión», Olympe de Gouges afirmaba: «tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión».

Pese a lo trivial que pueda parecer, ese «sobre todo» era fundamental, porque subraya un elemento clave a la hora de comprender la relación entre el derecho y el cambio social. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para ratificar las jerarquías existentes o para subvertir las situaciones de injusticia? La respuesta del marxismo clásico era clara: el derecho es un instrumento de opresión. La respuesta de los movimientos emancipadores contemporáneos es más compleja: normalmente, el derecho sirve como plataforma para legitimar el statu quo, pero a veces puede emplearse como herramienta de cambio social. Simplemente, conviene no entusiasmarse en exceso y ser conscientes de que, una vez pulsada la tecla jurídica, la opresión no se desvanecerá por sí sola, sino que habrá que acompañar las transformaciones legales mediante prácticas que contribuyan a eliminar los privilegios sobre los que se asienta la dominación. 

De Gouges no tenía dudas: el derecho más importante es el de la resistencia a la opresión. Porque es la resistencia la que impulsa a todos los demás, y es ella la que anida en su mismísimo concepto: los derechos son, ante todo, instrumentos contra la opresión. Puede parecer una consideración banal, pero es la piedra de toque para entenderlos adecuadamente. Entre otras cosas, es la razón por la que el derecho a la propiedad siempre ha sido disputado. Locke lo entendía como un bien esencial, pero el constitucionalismo del siglo XX tendió a colocarlo en un segundo plano: en la Constitución española, por ejemplo, la educación goza de mayores garantías que la propiedad. De hecho, si el derecho a la propiedad ocupa el último lugar en la declaración de 1789 —artículo 17—, es porque era un asunto controvertido y solo logró acceder al listado tras un acalorado debate. Pero era y sigue siendo discutible que pueda entenderse como herramienta contra la opresión. Podría verse como un derecho patrimonial —así lo hace Ferrajoli—, pero no como un derecho fundamental. Y es que la propiedad sirve, esencialmente, para blindar el privilegio de aquellos pocos que ya disponen de capital, no para liberar a quienes solo tienen su tiempo o su fuerza de trabajo.

Esa aproximación negativa a los derechos, es decir, la idea de comprenderlos como válvula de resistencia contra el poder, es fundamental para diluir muchas falsas discusiones. «¿Por qué tienen derechos especiales las personas reclusas y no los tiene la policía?», me preguntaron una vez que impartí una formación a funcionarios de prisiones. Muy sencillo: porque la policía es la depositaria del poder público de coerción, mientras que los reclusos se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a potenciales abusos de dicho poder. «¿Por qué existe el día de la mujer, pero no el del hombre?», se sigue escuchando cada 8 de marzo. También es sencillo: porque, en una cultura patriarcal como la nuestra, las mujeres se encuentran en una posición de subordinación que requiere reivindicarlas frente a la multitud de dispositivos políticos y sociales que tienden a oprimirlas por el mero hecho de ser mujeres; dispositivos que, por muchos avances que se hayan dado, siguen enquistados en nuestras prácticas y nuestros imaginarios.

Es una idea simple, pero de consecuencias revolucionarias, porque golpea en la línea de flotación del privilegio, ya sea de clase, de raza, de género o de cualquier otra índole. Por eso a Olympe de Gouges le cortaron la cabeza, y por eso los derechos seguirán siendo algo incómodo para quien ostenta posiciones de jerarquía. Los derechos no pueden ni deben ser inocuos: no son materia normativa inerte arrojada a los manuales de derecho constitucional, sino un bastión para ejercer la resistencia contra toda clase de poderes. Decía Hannah Arendt que el «derecho a tener derechos» es la condición sobre la que se alzan todos los demás. Por eso la nacionalidad y la ciudadanía son tan importantes: sin ellas, las personas carecen del estatus jurídico necesario para hacer valer otras pretensiones. Y, sin embargo, el derecho de resistencia es aún más radical: es el motor político y sentimental —la indignación, la esperanza— que empuja a reaccionar contra la injusticia, tanto si existen derechos atinentes al caso como si éstos deben aún ser conquistados.

La historia está llena de episodios semejantes al de Gouges: Toussaint l’Ouverture, líder de los «jacobinos negros», murió de neumonía en prisión tras encabezar la rebelión de los esclavos de las colonias francesas de Ultramar; Martin Luther King o Malcolm X fueron asesinados por su lucha contra las leyes de segregación racial en Estados Unidos; Angela Davis pasó dos años encarcelada por su activismo feminista y antirracista; y cientos de defensores ambientales y líderes indígenas siguen siendo asesinados hoy en día por levantar la voz contra los poderes que atentan contra sus territorios. La enésima algarada de esos poderes que, tanto entonces como ahora, aspiran a mantener el statu quo, es la de quienes enarbolan el «antiwokismo». Lo «woke», ese fantasma que, supuestamente, recorre las universidades occidentales, se ha convertido en la diana predilecta de la ultraderecha. Al parecer, dice la vulgata antiwoke, nos habríamos «ido al otro lado» a la hora de señalar injusticias. Según este diagnóstico —tristemente interiorizado por no pocos sectores de izquierda—, la cultura woke consistiría en una actitud paranoide que ve opresiones por todas partes, incluso donde no las hay, y que estaría obsesionada por «censurar» a quienes incurren en ellas. En definitiva, según este mismo relato, las opresiones estructurales identificadas por «lo woke» —patriarcado, colonialismo, capitalismo, etc.— no serían sino delirios de imaginaciones enfermizas, poseídas por la larga resaca de un posmodernismo encastillado en el victimismo.

La acusación de victimismo es curiosa, porque recuerda a la furia protofascista de un filósofo tan políticamente desnortado como Nietzsche. Del mismo modo que la ultraderecha actual acusa de victimismo a las mujeres o a los pueblos indígenas, Nietzsche impugnaba el resentimiento como pasión de los débiles, e identificaba a los judíos como ejemplo paradigmático de esa forma de vivir. Es una coincidencia reveladora porque, de hecho, hay mucho de protofascista —cuando no de fascismo a secas— en esa cruzada antiwoke que algunos presuntos enfants terribles se han marcado como horizonte político o intelectual. La denuncia de lo woke, en efecto, suele correr en paralelo a una apología de los valores tradicionales, una nostalgia mal disimulada hacia concepciones clásicas de la masculinidad, una revitalización de la autoridad y el patriotismo, un rechazo hacia la ampliación de los derechos —incluso una defensa de su recorte, como cuando se propone abolir medidas de acción afirmativa—, y un largo etcétera de pulsiones que seguro que todos reconocemos en alguno de nuestros colegas.

Por eso, lejos de «entender» ese discurso y buscar fórmulas de compromiso, creo que una cultura de los derechos consecuente debería abrazar con rotundidad eso que se desprecia como woke. Sus críticos suelen rechazarlo porque lo woke implicaría estar permanentemente alerta ante las opresiones de la vida cotidiana, ejercer la crítica ante toda forma de violencia, incluso si se produce de forma silenciosa, mantener una suspicacia latente frente a los poderosos y asumir el punto de vista de los colectivos vulnerables. En una palabra, lo woke es exigente. Y, sin embargo, ¿qué mejor equipaje que ése para fomentar una cultura de los derechos humanos? ¿No son esas actitudes las que debería cultivar toda persona comprometida con la erradicación de la violencia? ¿No es lo woke, entonces, una brújula que nos ayuda a reconocer con más finura las múltiples formas de opresión?

De hecho, es gracias a esta forma de observar el mundo como los movimientos sociales han tejido un repertorio conceptual cada vez más rico para cartografiar la violencia. Luz de gas, ghosting, manspreading, mansplaining, violencia obstétrica, son algunos de los neologismos acuñados por el feminismo para etiquetar las diversas manifestaciones del machismo. Islamofobia, racialización, whitesplaining, epistemicidio, apropiación cultural, son conceptos elaborados por el activismo antirracista para identificar las evoluciones del racismo contemporáneo. Greenwashing, extractivismo, zona de sacrificio, migraciones climáticas, son parte del léxico ecologista del siglo XXI y ayudan a diagnosticar mejor las opresiones derivadas de la crisis ecosocial. Bullying, adultocentrismo, neurodivergencias, son términos que hoy pululan en las escuelas —gracias a la psicología, pero también al movimiento en favor de los derechos de la infancia— y que contribuyen a captar numerosas formas de violencia que perpetramos contra niñes y adolescentes.

Ese inmenso trabajo conceptual, desarrollado a caballo entre el activismo y la academia, es un patrimonio «hermenéutico» fundamental, porque nos permite reconocer e interpretar muchas manifestaciones de la opresión que de otro modo pasarían desapercibidas. En suma, todos esos colectivos están contribuyendo a colmar eso que la filósofa Miranda Fricker denominaba «lagunas epistémicas», es decir, situaciones en las que carecemos de los conceptos adecuados para comprender con nitidez un daño del que estamos siendo víctimas. Así pues, esa cultura woke que algunos se empeñan en caricaturizar está prestando un servicio valiosísimo. Gracias a su creatividad conceptual, hoy somos capaces de nombrar muchas violencias que antes ni siquiera figuraban en nuestra agenda.

Los juristas deberían tomar buena nota de todo esto, porque el derecho es uno de los instrumentos principales mediante los que categorizamos la realidad. Es, además, la plataforma desde la que definimos qué cuenta y qué no cuenta como daño socialmente relevante. En ese sentido, el derecho cumple una función epistémica central: condiciona con fuerza nuestra comprensión de la violencia y nuestra sensibilidad ante la opresión. Recuerdo la sensación de horror que me produjo leer una introducción a una edición del código penal español, en la que un famoso jurista disertaba acerca de qué debía entenderse como violación y qué no. La conclusión de su razonamiento, que me niego a reproducir, contribuía a rebajar escandalosamente el umbral de lo que cabe considerar como tal. Hoy, por fortuna, tenemos un concepto woke muy útil para caracterizar ese tipo de planteamientos: cultura de la violación. 

Rechazar lo woke bajo el pretexto de que incurre en una mirada histérica de la realidad, hacer mofa de quienes tratamos de tematizar formas de violencia que siguen ocultas o carecen de la atención necesaria, es sencillamente ruin. Esto no quiere decir, por supuesto, que el derecho deba recoger todos los términos mencionados antes para configurarlos como tipos penales o ilícitos de otra naturaleza. Pero sí sería saludable que los juristas prestáramos atención a la efervescencia conceptual del activismo y los movimientos sociales, para ser más finos y sensibles en nuestra forma de mirar la realidad. Marcará toda la diferencia entre quienes conciben el derecho como un simple artefacto destinado a mantener el business as usual y quienes piensan en el derecho como lo hacía Olympe de Gouges: como una herramienta cuyo fin prioritario es sacudirnos el yugo de la opresión.